Imagen de archivo de una protesta de los afectados celebrada el pasado febrero. / Efe

Seis meses del fin de la erupción: «Todo por los afectados sin los afectados»

El portavoz de los damnificados lamenta haber sido excluidos de la comisión mixta encargada de planear la recuperación de la isla

Carmen Delia Aranda
CARMEN DELIA ARANDA Las Palmas de Gran Canaria

«Desde que los medios se fueron de la isla, todo va con lentitud. No hay presión. No somos noticia», dice el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja, Juan Fernando Pérez.

«Ha sido la mayor catástrofe natural de Europa de los últimos cien años y ahora se cree que todo ese daño ya se curó, pero nosotros estamos enfermos, cansados y agotados», confiesa el portavoz de un colectivo que reúne a 600 damnificados.

Pérez sostiene que el «perverso homenaje a los afectados por la erupción sin afectados» sirvió para dar carpetazo al asunto. En ese acto, celebrado en marzo, pidió leer una carta al rey, respetuosa y reivindicativa, que transmitía el dolor y las carencias que sufren los afectados. No le dejaron.

También les niegan la voz en la comisión mixta para la reconstrucción de La Palma, formada por distintas administraciones, pero sin presencia de los afectados. «Nos condena al olvido», lamenta.

Sin instrumentos normativos

En su opinión, el principal escollo para resolver los problemas derivados de la erupción ha sido la inexistencia de leyes capaces de abordar la emergencia. Hubo que dictar decretos-ley deprisa y corriendo. « A partir de ahí empieza el caos que se ha dado en la erupción y después», dice Pérez.

Y las lagunas de las normas siguen ahogando a los afectados, sobre todos a las más de mil personas que vivían en las 574 viviendas habituales destruidas.

La mayoría está en casa de parientes y amigos. Unos 300 viven en un hotel. « La tristeza los está matando. Están acostumbrados a tener su casa y su terreno. Somos minifundistas hasta para pensar», relata Pérez.

También hay quienes tienen sus casas aisladas por las coladas. Ni el consorcio de seguros ni la administración les compensan. «Hay 15 personas en este limbo jurídico», dice Pérez que confiesa que, pese al esfuerzo de las instituciones, el goteo de ayudas recibidas apenas ha paliado los daños.