Una expropiación de 1989 se lleva 3,5 millones por interés de demora

El importe referido se tenía que haber saldado el pasado año pero la falta de crédito suficiente en el presupuesto ha motivado que se recurra ahora a usar parte de los remanentes municipales.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, explicó que estos intereses se fueron generando a medida que pasaba el tiempo y las corporaciones anteriores no pagaban a los propietarios de los terrenos. «Era la política del patadón hacia adelante porque no hay responsabilidad personal en la gestión pública», lamentó el edil.

Hay que recordar que la expropiación de esta parcela sufrió un largo proceso en los tribunales casi desde el primer momento. Los dueños, la mercantil Vicente Ortuño y Compañía, exigían 57,51 millones de euros por el suelo que permitiría hacer crecer el paseo de Las Canteras a la altura del auditorio Alfredo Kraus.

Sin embargo, el Ayuntamiento expropió la finca por 1,5 millones de euros. Pero las demoras en el pago propiciaron que el precio del suelo fuera creciendo sin parar ya que los propietarios exigían retasaciones como consecuencia de que no se saldaba el justiprecio en los dos años que concede la ley para ello. Así, cuando el Consistorio había consignado 1,73 millones de euros, el jurado provincial de expropiación ya había fijado el precio de la finca en 3,57 millones de euros; y cuando dos años después se saldó la diferencia -1,84 millones de euros-, ya estaba en marcha la segunda retasación, que el jurado de expropiación fijó en 5,9 millones de euros.

Pero entonces la propiedad inició una reclamación judicial en la que exigió el pago de 57,51 millones de euros hasta que el Tribunal Supremo, en 2014, zanjó la cuestión marcando un precio final de 16,58 millones de euros.

Esto hizo que las dos partes llegaran a un acuerdo sobre el plan de pago. La cantidad que se le ingresó a la propiedad fue de 9,24 millones de euros y lo que quedaba, por tanto, eran 7,4 millones de euros.

En la modificación de crédito que se aplica ahora, y que se activa a costa de los remanentes, se pagan 2,45 millones de euros a la empresa Vicente Ortuño y Compañía. Según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con esta factura se extingue la deuda que la ciudad mantenía por el solar de la calle Covadonga.

Pero además se aprueba el abono de los citados 3,53 millones de euros en concepto de intereses de demora, con lo que el precio final de la operación se queda en 20,11 millones de euros. Esto representa un encarecimiento del 1.241% respecto a la expropiación inicial. «Si no pagamos, se generarían nuevos intereses», reconoce Doreste.

El pago de los intereses de demora por la expropiación del solar de la calle Covadonga se incluye en un expediente de modificación de crédito que tiene un importe de 12,8 millones de euros en el que también se incluyen dos millones de euros por el pago fraccionado por el solar de Inalcansa en El Rincón -donde estaban las naves industriales-, veintisiete informes urbanísticos y otros procedimientos expropiatorios que se llevan hasta 1,85 millones de euros.

El PP denunció el «nuevo episodio de fraude social protagonizado por el tripartito de PSOE, Podemos y Nueva Canarias, que no ha pagado a las organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad las cantidades correspondientes al año 2017».

El portavoz popular, Ángel Sabroso, explicó que «al fraude del IBI Social, del Bono Social Deportivo, del Bono Social del Agua, del Plan de Rescate Social; al fraude de la Oficina Antidesahucios o del recorte de horarios de servicio en los centros de atención social», entre otros, se une ahora «el impresentable retraso en las subvenciones comprometidas, que supera el año».

El líder de los populares capitalinos explicó, a cuenta de los datos publicados por CANARIAS7, que «más de media docena de ONG no han cobrado aún la subvención del Ayuntamiento correspondiente al año 2017, lo que pone en riesgo su labor».

Sabroso indicó que se trata de organizaciones de la entidad de la Fundación Alejandro Da Silva, Adepsi, Gamá o Fundación Farrah, que llevan años de «contrastado prestigio» en la labor social que desarrollan en Canarias en general «y en nuestra ciudad en particular».

Asimismo, denunció que «estas subvenciones aún no pagadas, ni tan siquiera tramitadas por el gobierno local», se corresponden a la anualidad 2017, destinadas para sufragar el trabajo del año pasado, «y que un gobierno medianamente serio habría abonado en el primer semestre de ese año».