Una ayuda social frenó el desahucio de María del Pino

18/01/2019

La vulnerabilidad social de la joven afectada por el lanzamiento de Casablanca I resultó clave para que se paralizara su proceso.

La orden de la letrada de la Administración de Justicia que concedió una «nueva prórroga» a María del Pino Santana -la joven de Casablanca I que se enfrentaba a un desahucio por impago del alquiler en el piso en el que vivía- ordenó frenar el alzamiento en virtud del «espíritu de la reforma legal que se derivó de la aprobación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Así consta en la actuación procesal a la que ha tenido acceso este periódico y que tiene fecha de 14 de enero, es decir, del lunes pasado, que es cuando se había previsto que se materializara el desahucio de María del Pino y cuando la joven abandonó la vivienda para mudarse al hotel que le ofreció el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de que se quedara en la calle junto a su hijo de cinco años.

La diligencia judicial confirma lo que hasta ahora habían sido sospechas fundadas en virtud del recurso que presentó el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria para que se tuviera en cuenta, en este caso, los cambios introducidos por la nueva normativa.

La modificación afecta al procedimiento de desahucio contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y supone, en la práctica, la paralización de los desahucios exprés para situaciones de vulnerabilidad. Así, la alteración del artículo 144 establece que «en el requerimiento de pago al demandado, se informará al mismo de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. En caso de que la Administración competente apreciase indicios de la existencia de dicha situación, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los Servicios Sociales a los que puede acudir el ciudadano».

En el caso de María del Pino, se acreditó la solicitud de prestación de especial necesidad, pero no existe «justificación documental de la tramitación del citado expediente» por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La abogada Isabel Saavedra destacó la importancia que representa el caso de María del Pino Santana. «Antes del informe de Servicios Sociales no se podrá desahuciar», explicó en relación a aquellos casos de especial vulnerabilidad en los que se alegue esta circunstancia.

Mientras tanto, la joven sigue en el hotel recibiendo alimentos del Sindicato de Inquilin@s porque aún no se le ha informado de la ayuda alimenticia.

La situación en la que se encuentra María del Pino Santana -en la habitación de un hotel que le buscó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria- se prolongará un par de semanas como mínimo, antes de ser derivada a un recurso social habitacional. La joven, víctima de violencia de género, estuvo viviendo en el piso de Casablanca I sin agua. También lamentó que la ayuda de emergencia que le dio el Consistorio se la quedó el banco.