«Un perjuicio» para el Ayuntamiento y «los ciudadanos»

02/12/2018

En el auto de procedimiento abreviado tras cinco años de diligencias, el juez Luis Galván hace suya las tesis de los denunciantes y de la Fiscalía sobre un presunto delito societario en Emalsa.

A lo largo de 26 páginas, el auto del juez se centra en las operaciones entre Emalsa y la empresa Sercanarias, así como entre la compañía mixta de aguas y Satocan a cuenta del alquiler de instalaciones de esta compañía como sede de la empresa con participación municipal. Como se recordará, las diligencias se incoaron en 2013 y ahora el juez da un plazo de diez días a las partes para que fijen sus posiciones ante la apertura de juicio oral. En la causa están investigadas -imputadas, según la denominación anterior- quince personas, que formaban parte del consejo y la dirección de Emalsa, Sercanarias y Satocan cuando los hechos denunciados -entre 2007 y 2011-.

El magistrado Luis Galván llega a la conclusión de que esos hechos «pudieran ser constitutivos de un presunto delito societario». Asimismo, afirma que «el análisis crítico que se ha realizado sobre el informe de auditoría pone de manifiesto que las relaciones contractuales entre Emalsa y Sercanarias habrían implicado un perjuicio no solo para el socio público de la misma [el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria], sino también para los ciudadanos, teniendo en cuenta que Emalsa se financia a través del precio del agua». En el auto no se cuantifica ese perjuicio.

Acto seguido, el juez atribuye ese presunto delito societario a «por un lado, los encargados de la gestión y contratación de Emalsa en las diversas operaciones que han sido analizadas pero también, por otro lado, los firmantes de los diversos contratos por parte de la entidad Sercanarias y Satocan, como cooperadores necesarios, al haber contribuido de manera decisiva, y sin posibilidad de desconocimiento dadas las relaciones entre los gestores de ambas empresas, a la realización de operaciones que podrían haber sido objetivamente perjudiciales para Emalsa y beneficiosas para sus socios privados quienes, a su vez, son los únicos propietarios de Sercanarias».

Respecto al alquiler de la sede a Satocan, el juez llama la atención sobre el precio que se fijó, que duplicaba el de mercado (28,41 euros por metro cuadrado frente a los 10 o 14 euros de «oficinas de similares características». Se pregunta el juez también si era preciso alquilar tres plantas y, además, le parece llamativo que Emalsa asumiera una «costosísima» remodelación de las mismas. Por eso concluye que el alquiler entre Emalsa y Satocan «no parece que obedezca a criterios empresariales mínimamente razonables».

El juez se detiene también en los pagos que en julio y septiembre de 2008, coincidiendo con la negociación del alquiler, hizo Satocan -presidida por Juan Miguel Sanjuán- a la empresa de Rafael González Bravo de Laguna Construcciones, Cimientos y Buhardillas (355.300 euros y 440.000 euros) por «gestiones comerciales realizadas». Ninguna de las dos entidades, asevera el juez en el auto, «ha podido justificar qué operaciones en concreto realizó» Construcciones, Cimientos y Buhardillas para Satocan.

Acto seguido, el juez disecciona el «anticipo» de Emalsa a Sercanarias por importe de 1,3 millones de euros el 21 de abril de 2010, «a cuenta de seis facturas del contrato de mantenimiento de alcantarillado y se encuentra cancelado contra sus facturas y servicios respectivos, correspondiendo a una operación puntual». Ahora bien, agrega el juez a partir de la auditoría analizada, «no consta solicitud formal del mismo [del anticipo], ni tampoco que se hayan seguido los procedimientos establecidos para la autorización y concesión de anticipios, ni reflejo en las actas del Comité de Gerencia -que no existen- ni en las del Consejo de Administración».

Asimismo, en el el auto se analizan nueve contratos entre Emalsa y Sercanarias: el transporte de lodos; trabajos y obras diversas de fontanería y reparación de averías; control, limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado; trabajos de corte y restitución del agua; cambio de contadores; cambio masivo de contadores; mantenimiento mecánico correctivo y preventivo de depuración; servicios de jardinería, desbroce y limpieza de espacios libres y las obras del colector ovoide. En todos ellos, además de cuestionar los procedimientos seguidos, entiende que puede haber un «perjuicio para Emalsa en favor de sus socios privados».

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