El contrato de alquiler de Emalsa fue validado por todo el consejo
Canarias7
Martes, 11 de marzo 2014, 09:39
El contrato de alquiler de la actual sede de Emalsa, ubicada en un inmueble propiedad de Satocan en el centro comercial Las Ramblas, fue validado por todo el consejo de administración, y nunca fue impugnado. El consejero delegado de Satocan, José Julio Artiles, defendió ayer ante el juez la plena validez del acuerdo. La compañía Emalsa negoció el alquiler de su actual sede en 2008 porque el Ayuntamiento de la capital grancanaria estaba «interesado en la mudanza». Según la versión ofrecida ayer ante el juez que tramita la denuncia de la Fiscalía por el consejero delegado de Satocan, José Julio Artiles, fue el Ayuntamiento el que promovió el acuerdo, por el «interés en destinar su sede de entonces (en la plaza del Obelisco) a otros usos», y nunca lo recurrió. La declaración de Artiles sirvió para revisar las gestiones que permitieron a Emalsa el traslado de su sede desde el edificio municipal que ocupaba de forma gratuita en el Paseo de Tomás Morales hasta las oficinas actuales, que ocupan unos 3.500 metros cuadrados en el complejo Las Ramblas Centro, por las que pagó durante tres meses unos 90.000 euros mensuales, una cifra posteriormente rebajada hasta los 78.000 euros actuales. El contrato «nunca fue impugnado», y fue ratificado por unanimidad en el consejo de administración de Emalsa, incluso con el voto favorable de los representantes sindicales de la empresa. Artiles aludió a un informe municipal de desafección según el cual, el Ayuntamiento obtenía una rentabilidad de 33.000 euros mensuales si dedicaba el edificio del Obelisco a otros usos, porque entonces pagaba unos 260.000 euros mensuales en alquileres a terceros. «Nunca fue la intención del Ayuntamiento cancelar el contrato», sostuvo el declarante, quien precisó que Satocan ha ofertado la venta del inmueble con una cuota de 58.000 euros mensuales, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.
Los pagos a Rafael González, por gestiones comerciales
El consejero delegado de Satocan desvinculó a Rafael González Bravo de Laguna de las negociaciones del contrato de alquiler a Emalsa, y aportó elementos que justifican el pago de 795.000 euros en dos recibos (fechados en julio y septiembre de 2008) a la empresa Construcciones y Buhardillas, de la que el que fuera consejero de Emalsa era administrador único. Según el testimonio de Artiles, la relación de González con Satocan responde a un contrato firmado en enero de 2008 para agilizar un proyecto en Agadir, que luego se extendió a Guinea Ecuatorial. La prestación se paga «contra factura, y en la misma factura se pone gestiones comerciales», pagos que «se hacen constar» en las declaraciones fiscales de Satocan y se deducen como «gastos». Artiles explicó en su declaración que esos recibos «nada tenían que ver con el objeto del arrendamiento» de la sede de Emalsa, y que en esas fechas «se hicieron muchos pagos», con detalles de cantidades similares libradas también en julio de 2008 referidas a distintos proveedores. Según este testimonio, «depende del proyecto la cantidad que Satocan paga por estos contratos de intermediación», y los pagos a González que se han hecho efectivos «son los importes de 2008».
