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La plataforma vecinal Rehoyas-Arapiles reclamó al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, que mantenga «la propuesta de convocatoria de una consulta popular» para que los vecinos puedan definir el modelo de barrio que quieren, el tipo de edificios que se construye y las condiciones contractuales que se aplican al plan de reposición.
«Una cosa es que la mayoría de los propietarios quieran la reposición de sus viviendas y otra cosa distinta es que la mayoría acepte que la actuación sea con base a la propuesta definitiva consensuada», determinan los vecinos en una nueva circular.
Exigen además que el modelo definitivo, el que surja del debate vecinal, se plasme por escrito en un documento para que las sucesivas corporaciones se atengan a esta hoja de ruta.
«Lógicamente, si el Ayuntamiento no acepta asumir como propio dicho documento y darle validez, la plataforma vecinal Rehoyas-Arapiles no validará, ni legitimará este proceso de debate de participación vecinal, pues entenderíamos que un debate sin unas conclusiones escritas, aprobadas por el propio Ayuntamiento» supondría dejar el plan al libre albedrío del Consistorio, provocando «una indefensión total para los vecinos».
Por eso mismo, consideran que el Ayuntamiento «ha actuado mal» al aprobar de manera inicial el plan parcial de rehabilitación Rehoyas-Arapiles «sin haber concluido el debate con una propuesta consensuada de la mesa de seguimiento». Esto deja el plan, según su opinión, «en una incertidumbre».
La asociación también respeta que la plataforma Rehoyas Avanza -que se opone al proceso- anuncie que acudirá a los tribunales para que sus casas sean excluidas, pero recuerda que el interés general por utilidad pública puede aplicarse en este caso, de modo que «o aceptan la reposición, o se les expropia e indemniza».
«No vemos posibilidades de que quienes no quieran la reposición puedan ser excluidos», dicen en relación al apoyo al plan superior al 60% que establece la ley. En todo caso, aseguran que se «tratará de evitar la judicialización por el bien del barrio».
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