Las nueve quejas que desembocaron en el cese del jefe de la Policía Local

17/11/2019

El informe de remoción del cargo del comisario principal se basa en una serie de argumentos que tratan de demostrar la «quiebra de toda confianza» del gobierno en el funcionario de carrera.

La defenestración del jefe de la Policía Local cumple este lunes una semana. Se trata de un cambio sin precedentes para este cuerpo, y no tanto por el relevo en la cúpula de seguridad, sino por el modo en que se produce, con un contundente informe del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, que se utiliza para justificar la quiebra de toda confianza en el alto mando. Estos son los nueve pilares en los que el alcalde, Augusto Hidalgo, se apoya para cambiar al comisario principal.

1. Desobediencia

El informe detalla que son «numerosos los informes negativos que emite sobre prácticamente todos los eventos que se celebran en el municipio» desde el periodo de carnavales de 2019. Sin embargo, el único evento que se ha tenido que suspender fue la carrera contra el cáncer de mama prevista para octubre. El malestar del gobierno se desbocó cuando CANARIAS7 desveló que existía un informe negativo sobre la seguridad de la cabalgata de carnaval de este año. La tragedia del Madrid Arena -en la que murieron cinco jóvenes en 2012- y las mayores exigencias de seguridad que impone el plan de prevención antiterrorista de Interior hicieron que el entonces jefe informara de modo negativo respecto al plan de autoprotección ya que no había agentes suficientes para garantizar la seguridad. Esto engarza con la negativa de los policías a seguir haciendo horas extra debido a que el Ayuntamiento les paga el trabajo realizado al año siguiente. Los sindicatos calculan que se han hecho más de 28.000 horas extra por la gran cantidad de eventos que tiene la ciudad.

2. Incumplimiento

El relato municipal también habla de que el anterior jefe obviaba las órdenes trasladadas desde la Concejalía. Aquí es donde se sitúa la denuncia de que no se incluyera en los cuadrantes del servicio la posibilidad, voluntaria, de que los gentes doblasen turno y trabajasen dieciséis horas seguidas. Sin embargo, los policías han doblado turno para poder atender la gran cantidad de actos que acoge la ciudad y que han pasado de unos 66 al año a unos 500. De nuevo, el problema de la falta de personal resurge aquí ya que la ciudad cuenta con 474 agentes (se sumarán otros 68) y necesitaría en torno al millar. Desde hace cuatro mandatos, el número de policías ha descendido casi un 40%.

3. Falta de respuesta

El concejal se queja de que el anterior jefe no atendía las peticiones de información relativas a las horas extraordinarias del cuerpo de la Policía Local, así como a la situación del parque móvil, «especialmente en cuanto al número de vehículos motos a disposición de la Policía, a fin de poder facilitar algunos de dichos medios a los agentes de movilidad, ya que la jefatura no lo hace».

4. Desafío

El cierre de la galería de tiro por el impago por parte del Ayuntamiento, en febrero de 2018, engrosa también la lista de desencuentros entre el exjefe policial y el grupo de gobierno. La exigencia de contrato para este servicio -hasta entonces se había subarrendado y se pagaba mes a mes- empantanó las facturas y generó un impago algo superior a los 9.000 euros a la galería de tiro en la que los agentes venían realizando estos ejercicios, que por otro lado son obligatorios por ley al menos dos veces al año. Aquel asunto acabó en la vía judicial. El juez requirió al entonces jefe para que agilizara los pagos, pero según constaba en el expediente éste le respondió que el atasco de las facturas estaba ya fuera de la Policía. Por eso, Íñiguez critica que Saavedra informara directamente al juzgado «sin consentimiento y sin conocimiento de este concejal». Eso provocó un requerimiento judicial individual al alcalde «para exigir responsabilidad penal por desobediencia».

5. Desmantelamiento

El informe también critica la decisión de desmantelar la unidad de coordinación policial «como reacción a la decisión de instalar en las dependencias policiales» el sistema de registro por huella dactilar. El concejal de Seguridad se queja en este punto de que se cuestionara la autoridad de la dirección general de Administración Pública para instalar el lector de huellas.

6. Sin autorización

Se informa también de la «gravedad» de trasladar informes a otras administraciones sin autorización de la concejalía. Aquí se cita el ejemplo de un informe emitido a la Fiscalía en relación con el FiestoRon, la publicidad y los menores. Esto provocó, según el edil de Seguridad, «la confrontación con las autoridades gubernativas» de Arucas, el municipio donde se celebra esta fiesta.

7. Modificaciones

El grupo de gobierno se queja además de que la jefatura pasó, a la firma del concejal de Seguridad, «asuntos de máxima importancia, sin hablarlo y tratarlo antes debidamente, de modo que si en la confianza se hubiesen firmado, se habría generado un serio problema con la plantilla de la Policía Local». Aquí se cita la petición de reevaluación de los miembros de la unidad del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) para el acceso o la continuidad de los agentes, «sin que previamente se hubiese tratado con la concejalía ni dado cuenta a los sindicatos para su negociación». Fuentes sindicales explicaron, en todo caso, que el decreto de creación de la unidad obligaba a someter a examen a los agentes cada dos años, aunque nunca se ha exigido. En estos momentos hay 35 agentes que han solicitado incorporarse al GOIA.

8. Contradicciones

El informe critica también las propuestas trasladadas que entran en «contradicción con las normas internas de funcionamiento», como la de no incluir a los inspectores en el correturno de noche. Aquí el problema era que el acuerdo anterior había excluido a los tres inspectores que tienen casi 65 años del turno nocturno ya que solo se dejaba el trabajo de noche a los policías que no superaban los 57 años.

9. Conflicto

El Ayuntamiento dice hacerse eco de la queja de los representantes sindicales «de no ser atendidos por la Jefatura de la Policía, ocasionando una grave distorsión entre el gobierno y la plantilla».

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