Un informe de la Policía Local denuncia los riesgos de seguridad de la cabalgata

09/04/2019

La denuncia oficial alerta de «la deficiente implantación de los planes de autoprotección del carnaval 2019», tanto en lo referido al gran pasacalles como a la celebración del entierro de la sardina. Los agentes señalaron el «grave incumplimiento» de la medidas antiterroristas que exige Interior.

El comisario principal jefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, ha dirigido un «informe/denuncia» a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, sobre el «grave incumplimiento» en la implantación de los planes de autoprotección de la cabalgata de carnaval y del entierro de la sardina, «con el consiguiente riesgo que ello supone para los objetivos del plan de prevención y protección antiterrorista del Ministerio del Interior y, como consecuencia, para la seguridad de los ciudadanos».

El documento, que tiene veintinueve páginas y está fechado el 19 de marzo, hace un recorrido por las exigencias de seguridad que impone el plan de prevención y protección antiterrorista, asumidas en los planes de autoprotección de las dos cabalgatas de carnaval, así como a los informes desfavorables de la Policía Local sobre la cabalgata de carnaval (de 6 de marzo y 8 de marzo), y los informes favorables condicionados de la cabalgata (de 8 de marzo, esto es, horas antes de la celebración, pues se emitió a las 18.00 horas) y del entierro de la sardina (de 7 de marzo, tres días antes).

La denuncia policial recoge también los certificados expedidos por el ingeniero técnico industrial -contratado por el Ayuntamiento- sobre la efectiva implantación de los planes de autoprotección, tanto en materia de recursos humanos como materiales. En estas certificaciones se menciona la seguridad privada, algo que fue criticado en su día por los sindicatos por una supuesta suplantación de funciones ante la que el Ayuntamiento aún no ha dado explicaciones.

Sin embargo, el jefe de la Policía Local, en la evaluación que tiene que hacer de la seguridad, advierte que «las afirmaciones vertidas en los certificados de implantación del plan de autoprotección (los que firma el ingeniero técnico industrial) suponen una clara y palmaria contradicción con los informes» emitidos por un subinspector y un oficial del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local, y por otro subinspector del mismo Cuerpo.

El escrito alerta del «grave incumplimiento» de las medidas de protección antiterrorista

El primero de estos informes relata los hechos a las 22.30 horas del día en que se celebró la cabalgata. Debido a los incidentes que se estaban produciendo en el entrelazado de Alcaravaneras «por parte de participantes del coso carnavalero, muchos de ellos en estado de embriaguez», la Policía se desplaza hasta el lugar descubre que dos tramos de vallas se encontraban tirados. Y tras colocarlos nuevamente, fueron tiradas otra vez.

Se trataba, según este informe, de vallas de plástico que se podían tirar «con un simple empujón», por lo que se duda de su eficacia. Y lo más grave es que todo esto sucedía junto a la autovía. «Una simple caída sobre las citadas vallas podría llevar a quedar personas en medio de la vía rápida con el riesgo grave de atropello por parte de los vehículos», advierte el informe. Para garantizar la seguridad, dos equipos operativos tuvieron que permanecer en el lugar, «restando estos recursos de otras zonas de conflictividad como la zona de ocio de carnaval».

Un segundo informe del GOIA, emitido a las 23.00 horas del día siguiente al de la cabalgata, aclara que desde las 16.00 horas del día en que tuvo lugar la cabalgata ya se advirtió de la insuficiencia de las medidas de seguridad en este punto. Cinco horas y media después, como no había mejorado la situación, la Policía decide reforzar esta zona con los dos equipos antes mencionados. «Fueron trasladados desde puntos donde se estaban produciendo incidencias como reyertas, intervenciones con personas en estado de intoxicaciones etílicas, etcétera», relata el autor.

El tercer parte es el que suscribe otro subinspector. En él se detalla que los planes de protección, para el entrelazado de Alcaravaneras, disponían «que la distancia de separación entre los vehículos dispuestos para que actuasen como barrera, ante la posibilidad de un ataque terrorista, debía ser inferior a tres metros». El agente indica que «como quiera que se observó que en algunos casos el hueco dejado superaba ampliamente esa distancia, debido al insuficiente número de vehículos que se había dispuesto a tal fin, con el consiguiente riesgo que ello suponía», se pusieron en contacto con el ingeniero responsable, quien aseguró a la Policía que no se iban a poner más vehículos pesados.

El subinspector coincide con sus compañeros en que una parte del vallado se cayó, invadiendo el carril derecho de la GC-1. «Y como consecuencia de ello, se vio comprometida la seguridad de los vehículos que circulaban por esa vía», detalla.

Este informe aporta un detalle más respecto a las versiones de los hechos anteriores, el referido al tiempo que se demoró el operativo de seguridad en el entrelazado de Alcaravaneras. «Se tuvo que esperar más de una hora para restablecer la circulación debido a que los conductores de Guaguas Municipales, parte de los vehículos pesados que se habían dispuesto como cerramiento, los cuales debían estar en los vehículos, o al lado de los mismos en todo momento, no se encontraban en el lugar, lo cual retrasó la apertura de la vía todo ese tiempo», indica.

Un informe de la Policía Local denuncia los riesgos de seguridad de la cabalgata

Informes similares existen respecto al entierro de la sardina. En uno de ellos se habla de que los dados de hormigón -como medida de seguridad antiterrorista- estaban separados dos metros unos de otros. En otro informe se aclara que estos elementos fueron instalados después de que la Policía Local alertara del incumplimiento del plan de autoprotección, puesto que la barrera inicial que se puso estaba compuesta por cinco vehículos pesados y vallas, «lo cual resultaba absolutamente insuficiente».

Ante estos hechos, el comisario principal jefe de la Policía Local concluye el informe-denuncia solicitando al grupo de gobierno municipal la incoación de «los pertinentes procedimientos sancionadores en el presente caso por los servicios municipales competentes y si se declarase incompetente el servicio de Cultura y el servicio de Actividades Clasificadas para tal actividad correctiva, ruego se traslade tal circunstancia urgentemente (con el objeto de evitar eventuales prescripciones) a esta jefatura de Policía Local para su posterior remisión al Cabildo» de Gran Canaria.

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