La reactivación de la zona azul durante la alarma acaba en Fiscalía

La asociación canaria de afectados por las zonas azul y verde (Azva) ha presentado un escrito de denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo; el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez; y la gerencia de la Sociedad de Aparcamientos de Las Palmas (Sagulpa) por la reactivación del cobro en los aparcamientos de estacionamiento regulado en superficie sin que haya acabado el estado de alarma a consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19.

El pasado día 11, el Consistorio levantó la suspensión impuesta en el inicio del estado de alarma y reactivó el servicio con motivo del comienzo de la fase 1 de la desescalada del confinamiento. El grupo de gobierno entendía que era esencial garantizar la rotación de vehículos tras constatar una falta de aparcamientos por la ausencia de movimiento.

Sin embargo, desde la asociación se entiende que el Ayuntamiento «ha enviado a los trabajadores de Sagulpa a las calles con un único fin recaudatorio, quitando la importancia a esta pandemia que sufre todo el mundo».

El colectivo añade que «el alcalde no se sitúa en una desescalada, como el propio Gobierno había acordado, es decir, progresiva, creando un perjuicio económico hacia los usuarios de las vías del municipio, que se ven obligados a pagar por estacionar sus vehículos, cuando la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas están aún cerradas o no están abiertas al cien por cien».

La presidenta de Azva, Beatriz Gálvez, considera que «desde el punto de vista moral, hay otras maneras de garantizar la rotación en el estacionamiento de superficie». Recuerda, en este sentido, la promesa que hizo Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en las últimas elecciones, que pasaba por dejar dos horas gratis de aparcamiento y las otras dos a solo un euro, vinculada siempre a la realización de compras en los comercios de barrio.

Gálvez recordó que «el alcalde había dado su palabra de que la suspensión de la zona azul y verde se mantendría durante el estado de alarma». La presidenta de Azva dijo que confiaba en que el regidor cumpliera con este anuncio y que además la reactivación se hubiera hecho de manera flexible y progresiva, vinculándola solo a las zonas comerciales.

La denuncia de Azva se «sustenta en el entendimiento de que los denunciados pueden haber cometido presuntamente varios delitos, entre los que se encuentran el que va contra la saluda pública de los trabajadores, una presunta prevaricación» y «diversos delitos de carácter fiscal y relacionados con la gestión de la tasa de aparcamiento, así como la tasa de pago voluntario por aparcar y aquella que considera el Ayuntamiento como tasa sancionadora».

La presidenta de la asociación canaria de afectados por las zonas azul y verde (Azva), Beatriz Gálvez, anunció la acumulación de nuevas sentencias que anulan las multas impuestas por impago debido a errores de procedimiento. «El Ayuntamiento ha empezado a buscar actos de conciliación cuando se encuentra con las demandas», expuso. Azva entiende que la fiscalización de la tasa debe ser realizada por funcionarios estatales.