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El grupo de agentes de la Policía Local para poder actuar de paisano está compuesto por 53 efectivos. De ellos, 47 son hombres y seis, mujeres; por rango, se trata de un inspector, dos subinspectores, siete oficiales y 43 agentes.
El pasado 10 de diciembre, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al exención de la obligación de vestir el uniforme reglamentario. El objetivo es «hacer más eficaz la participación en el mantenimiento de la seguridad pública en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria», en especial en aquellos asuntos relacionados con «los robos, venta de alcohol a menores, consumo y trapicheo a pequeña escala de estupefacientes en la vía pública, botellón, actos vandálicos, control del cumplimiento de la normativa de las actividades recreativas y espectáculos públicos, y apoyo a la administración de Justicia».
En general, las unidades que prestan servicio de paisano dentro de la Policía Local son la antidroga, el servicio de escolta, la UPAL para la violencia de género y la policía judicial, así como algunos mandos de la escala superior.
El 18 de diciembre, la Delegación del Gobierno en Canarias emitió un informe favorable a esta petición, que tiene una vigencia de un año, hasta el 31 de diciembre del 2020.
La exigencia que se impone es que no puede haber más de un 5% de la plantilla de la Policía Local trabajando de manera simultánea sin uniforme. Esto implica que el número máximo de agentes de paisano que puede haber en una jornada es de veinticuatro, es decir, algo menos de la mitad de todos los que han recibido la autorización para trabajar en estas condiciones.
Por otro lado, el grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció que presentará en el próximo pleno una moción para proponer la elaboración de «un plan de actualización y modernización de la Policía Local que favorezca la adaptación del servicio al siglo XXI y que palie las numerosas carencias que padece».
Así lo manifestó el concejal de Ciudadanos en el consistorio capitalino, José Guerra, quien explicó que esta iniciativa busca «impulsar tanto la mejora del servicio policial, como las condiciones en las que los agentes desarrollan su actividad», al tiempo que pidió al alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), como máximo responsable del cuerpo policial, que «se implique en este proceso de modernización».
Esta modernización debe incluir «la elaboración de un reglamento propio de la policía en el que se recojan todos aquellos aspectos que afectan a los agentes», así como «la adaptación a las nuevas tecnologías, la elaboración de un protocolo pormenorizado de todas las actuaciones policiales, y la evaluación de la productividad y el desempeño», entre otras cuestiones.
Si bien reconoció el edil que en los últimos años se ha avanzado en el capítulo de personal, con la reposición de la plantilla policial, Guerra también denunció que «aún quedan numerosas plazas vacantes en la escala de mando».
Además, destacó que «a pesar de que el cuerpo policial capitalino cuenta con un servicio de drones, este no se encuentra operativo», debido a «problemas administrativos», tal y como denunciaron los sindicatos policiales.
La imposibilidad de acceder a la base de datos de Tráfico para verificar, por ejemplo, los datos relativos al conductor que haya cometido una infracción, así como a su propia base de datos para saber qué hacen los demás policías del cuerpo en cada momento y evitar así la duplicidad de tareas.
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