El TSJC anula la elección de la directora general de Seguridad
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia de diciembre de 2016 por la que se anula la elección de Eulalia Guerra de Paz como directora general de Seguridad del Ayuntamiento. Los magistrados creen que «no está nada justificada en el caso la introducción del personal no funcionario».
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia de diciembre de 2016 que anulaba el nombramiento de Eulalia Guerra de Paz como directora general de Seguridad.
Los magistrados entienden que antes de recurrir a una persona externa al cuerpo de funcionarios municipales «hubiese sido necesario justificar que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no existan funcionarios con las titulaciones acordes a las funciones del director, y motivar que, por ello, era necesario nombrar a un empresario o directivo de una empresa privada para el desempeño de las mismas, y explicar las razones por las cuales tenía mayor capacidad par el desempeño del puesto».
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, da la razón al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan José Cardona, que fue quien denunció la designación.
El exalcalde aseguró este viernes que «el nombramiento de Eulalia Guerra fue ilegal. Esta sentencia es un varapalo judicial a los nombramientos a dedo del tripartito. Desde su notificación, ha dejado de ser directora general de Seguridad, por tener efecto ipso iure», esto es, que no hace falta que nadie lo solicite porque la nulidad deriva del propio Derecho. «Este es el último despropósito de una etapa negra de la gestión del área de seguridad y emergencias en el Ayuntamiento», dijo Cardona, «con esta sentencia quedan en el aire todos los actos administrativos dictados por la directora general cuyo nombramiento es nulo. Incluso es discutible si deberá devolver los salarios percibidos durante todo este tiempo».
Además considera que la sentencia es un antecedente sobre la que está pendiente por el nombramiento, también anulado, del director de Movilidad, Heriberto Dávila.
El PP instó al gobierno tripartito a designar a un profesional cualificado en sustitución de Eulalia Guerra, «que ha adoptado decisiones más que controvertidas».
El Ayuntamiento no pudo precisar el alcance de la sentencia porque los servicios jurídicos aún estaban estudiando el pronunciamiento judicial.
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