El caso del ‘agujero’ en Vivienda, visto para sentencia 11 años después

01/07/2020

El Ayuntamiento pide penas de seis años a las responsables del área durante el mandato de Luzardo por la falta de justificación de 324.000 euros. La fiscal y las defensas piden la absolución de las acusadas

Once años después, el juicio que trata de esclarecer la supuesta falta de justificación de unos gastos por importe de 324.000 euros durante el plan de reposición de los barrios El Polvorín y Buque de Guerra quedó ayer visto para sentencia. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial deberán esclarecer si hubo apropiación indebida por distracción de ese dinero por parte de las dos máximas responsables de Vivienda durante el mandato de Pepa Luzardo -las entonces directora de gobierno, Yolanda Ventura, y la jefa del servicio, Dolores López-, tal y como reclama el Ayuntamiento; o si, por el contrario, se considera que no se puede demostrar que hubiera quebranto alguno, como sostuvieron las defensas de las dos acusadas.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2004 y 2007 y lo que se encausa es la presunta falta de justificación de 35 pagos por medio de unos cheques que se cobraban contra una cuenta que el Patronato Francisco Franco tenía en Banca March. En ella, los vecinos beneficiarios del plan de reposición iban depositando dinero para abonar la elevación a pública de las escrituras de las casas a sus nombres.

En principio, la cantidad que supuestamente se había quedado sin justificar era superior. De acuerdo al informe pericial, de la revisión de los 2.850 movimientos bancarios de la cuenta de Banca March, no se encontraba justificación para un total de 499.214 euros. Sin embargo, la devolución por parte de Dolores López de 170.000 euros dejó este montante supuestamente injustificado en los 324.000 euros reseñados con anterioridad.

Fueron 35 los pagos que se pusieron en cuestión, de los que veintiocho fueron firmados por Yolanda Ventura, y veintidós cobrados por López.

La entonces jefa de Vivienda, Dolores López, explicó ayer que «el dinero de la cuenta de Banca March se usaba para pagar alquileres y fianzas» a los vecinos que tenían que ser desalojados de sus casas de El Polvorín y el Buque de Guerra para proseguir con los trabajos de demolición y reconstrucción del barrio. «Debido a la tipología familiar, había propietarios que nos demandaban tres meses de fianza o un año de alquiler por adelantado», recordó López, «y además algunos vecinos realojados causaban daños» que habían de ser pagados.

Según su versión, la cuenta de Banca March no estaba sujeta a los controles municipales porque pertenecía al Patronato Francisco Franco. Pero defendió que todos los gastos se justificaban y se incluían en los expedientes individuales de alquiler de cada uno de los beneficiados, que obra en poder del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como en un «archivador rosa». López reconoció que la gestión de los fondos no se hacía en aquellos momentos con la rigurosidad y los medios a los que está sometido el gasto público en la actualidad. «La gestión fue regular, ya dije que no fue buena», expuso, «pero ni Yolanda Ventura ni yo nos hemos quedado ni un euro, todo ha ido a parar a gente necesitada, aunque fuese de una manera incorrecta, muy poco ortodoxa».

Pagos en efectivo

Los trabajadores del área de Vivienda detallaron que algunos pagos de alquileres se hacían en efectivo y que en ocasiones se tiraba del dinero que el Patronato tenía en la cuenta de Banca March. David Álamo, auxiliar administrativo del área, explicó que retiraba el dinero del banco en un sobre y se lo entregaba a Dolores López, quien a su vez se lo pasaba a las funcionarias del área de alquileres para que constara. «Quedaba acreditado en los archivos», expuso el testigo.

Sin embargo, otra trabajadora municipal, María Jesús Hernández, explicó que pensaba que el dinero en efectivo venía de la cuenta que el Ayuntamiento tenía en el Banco Santander Central Hispano, que era desde donde se pagaban los alquileres a las personas afectadas por la reposición, la vulnerabilidad social o el chabolismo.

La letrada municipal, Felicitas Benítez, defendió en base a la declaración de los empleados públicos que todos los trámites municipales siguen un procedimiento y un protocolo. Por tanto, lo que carece de justificación es porque no ha seguido la tramitación legal. «No puede hacerse una documental de algo que es injustificable», advirtió. Por eso, pidió seis años de prisión y de inhabilitación especial para las dos acusadas, más dos años de multa.

Sin embargo, la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, concluyó que «no ha quedado acreditado que se hayan llevado dinero». Recordó que la cuenta de Banca March no estaba sujeta a la fiscalización de la Intervención municipal y censuró al Ayuntamiento por no enviar al juzgado los documentos requeridos por la Fiscalía hasta en tres ocasiones. De hecho, criticó el informe municipal de respuesta -enviado ante la advertencia de desobediencia- por no ceñirse al caso juzgado. Además, arremetió contra la pericial por considerar que carece de fundamentos contables rigurosos.

El abogado de Dolores López, José Luis Benítez García, no solo pidió la absolución de su representada sino que también se condenara en costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «El delito del que se le acusa no existe», defendió, «no solo lo dice ella sino también los testigos». Insistió en que la documentación que justifica tanto los gastos como el procedimiento empleado existe y criticó al Consistorio capitalino por no aportarla. «No está acreditado que se haya llevado dinero».

También la letrada de Yolanda Ventura, Benigna Ángeles Moreno Díaz, pidió la absolución porque «no ha habido dolo, ni fraude de ley ni ánimo de lucro». Insistió en que su defendida no había cobrado ningún cheque. La exdirectora de gobierno explicó durante su comparecencia que se enteró de la existencia de la cuenta en Banca March por la queja de un trabajador municipal ante un problema laboral y que, desde ese momento, lo puso en conocimiento de la exalcaldesa, Pepa Luzardo.

La anterior regidora dijo, por su parte, que había cumplido con su deber al poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, si bien casi con un año de retraso desde que se produjeron. «Pensaba que se había solucionado», justificó la edila del PP. También testificó el exconcejal popular Felipe Alfonso El Jaber.