Ocho años de inhabilitación a dos exjefas de vivienda
La ex directora municipal de gobierno de Vivienda, Yolanda Ventura, y la ex jefa de servicio de Vivienda, Dolores López, tendrán que afrontar un juicio en el que el fiscal les pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a cada una, y dos años de prisión para un funcionario regional. La que fuera directora municipal de Vivienda durante el mandato de Pepa Luzardo en la capital grancanaria, Yolanda Ventura, tendrá que comparecer en juicio oral por la vía penal, según las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía, tras la investigación de un caso que se produce entre los meses de noviembre de 2006 y mayo de 2007, apenas unas semanas antes de las elecciones que forzaron la salida de Luzardo de la Alcaldía. Junto a Ventura, el escrito concreta sendas acusaciones contra la jefa de servicio de Vivienda, Dolores López, y contra el jefe de Promoción Pública del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Francisco Troya. A las dos responsables municipales se les acusa de prevaricación, y al funcionario regional, de revelación de secretos. Las conclusiones del fiscal son el resultado de la investigación abierta a raíz de la querella de un solicitante de vivienda pública, cuya petición fue rechazada a pesar de que la vivienda cuya subrogación reclamaban estaba vacía. La fiscalía entiende que unos familiares de los reclamantes simularon la ocupación de la vivienda, ubicada en una de las calles de la Ciudad Alta, y que un informe elaborado por la jefa del servicio municipal de Vivienda, Dolores López, proponía la desestimación de la denuncia formulada por el demandante en base a datos «arbitrarios», que no se correspondían con los informes elaborados por las trabajadoras sociales del departamento. López elevó a Ventura una propuesta que determinaba como «no acreditado» el hecho de que la vivienda en disputa estuviese desocupada, a pesar de que ambas «conocían perfectamente» que la vivienda «estaba vacía», y «con pleno conocimiento de la arbitrariedad» por parte de ambas, Ventura dictó el 9 de mayo de 2007 una resolución que desestimó la reclamación del querellante. El fiscal concluye que la actuación de López y de Ventura es «constitutiva de un delito de prevaricación», y pide «ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público» a cada una de ellas.
Cuentas de vivienda
Dolores López y Yolanda Ventura se vieron cuestionadas y denunciadas por el propio Ayuntamiento capitalino por el supuesto desvío de fondos de las cuentas de la comisión liquidadora del patronato de Viviendas Francisco Franco, por una cuantía cercana a los 500.000 euros. Este proceso, iniciado por la Fiscalía en el año 2009, cuando era concejal de Vivienda la socialista Chani Ruiz, quedó varado cuando la Fiscalía optó, a mediados de 2012, por pedir el sobreseimiento ante la «escasa cooperación» del Ayuntamiento en aclarar el destino de los fondos manejados en torno a los arrendamientos de los vecinos realojados del Buque de Guerra y del Polvorín,
