El Consultivo avala la negativa del Cabildo a que renazca San Lorenzo

28/10/2018

Un dictamen concluye que la desestimación de la revisión de oficio del acuerdo de agregación a la capital «es conforme a derecho». La Ley de Memoria Histórica no sustenta la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 1939. La decisión se basó en motivos de interés público y no políticos.

El sueño del renacimiento del que era el ayuntamiento número 22 de la isla se desvanece. La resolución desestimatoria de la revisión de oficio del acuerdo del Consejo de Ministros que el 9 de noviembre del año 1939 aprobó la agregación del municipio de San Lorenzo al de Las Palmas de Gran Canaria «resulta conforme a derecho».

Esa es la conclusión del dictamen solicitado al Consejo Consultivo de Canarias por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, sobre el expediente que la corporación insular tiene entre manos desde abril de 2014, al ser la administración competente en la actualidad para autorizar la creación de municipios por segregación o fusión de otros colindantes.

El acuerdo del Consejo de Ministros de 1939, dice el Consultivo, motiva la decisión de agregar San Lorenzo a la capital en las relaciones de vecindad, la comunidad de intereses y la falta de recursos económicos del primero para financiar obras básicas de saneamiento, urbanización y abastecimiento, entre otros argumentos. Por tanto, la «agregación se fundamenta en motivos de interés público, y no en motivos ideológicos o políticos» aunque se produjera en plena guerra civil española.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 no puede fundamentar la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros relativa a la alteración de términos municipales «por más que en el término de San Lorenzo se hubieran producido hechos singulares, que culminaron con la pena de muerte y privación de libertad impuestas a determinadas personas tras los respectivos consejos de guerra», indica el dictamen.

Cauces formales

La sentencia firme de 2016 que estimó en parte la demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo por la desestimación presunta de su solicitud por parte del Cabildo, por silencio administrativo, obliga a tramitar ese procedimiento administrativo «siguiendo todos los cauces formales previstos», pero, subraya el Consejo Consultivo, «no prejuzga el sentido estimatorio o desestimatorio de la declaración».

Además, como la Ley Municipal de 1935 en la que pretende basarse la revisión de oficio fue derogada, la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1939 «no produciría el efecto automático de desagregar el municipio de San Lorenzo».

En definitiva, concluye el dictamen, el tiempo transcurrido desde el acto que se pretende declarar nulo, así como los perjuicios que se pueden causar al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el marco legal actualmente vigente para la alteración de términos municipales y la falta de cobertura de la Ley de Memoria Histórica para la revisión que se pretende «operan, en todo caso, como límites a la revisión de oficio solicitada, no procediendo, en consecuencia, la declaración de nulidad».

La propuesta de resolución tiene informe jurídico favorable del Cabildo y respaldo del Ayuntamiento capitalino, que se opone a la revisión.