Gregorio Pérez se reúne con los trabajadores de los dos hoteles

04/07/2018

Un total de 37 demandas judiciales mantiene en los Juzgados de Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria la Corporación de Pájara contra la familia Pérez, lo que justicia «con creces nuestro convencimiento de que somos objeto de una persecución por parte del Ayuntamiento».

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Gregorio Pérez, propietario de los dos hoteles de Costa Calma que el Ayuntamiento de Pájara ha ordenado precintar, ya ha informado a las cerca de 200 personas cuyos contratos penden de un hilo. El comité de empresa ha solicitado una reunión con el alcalde Rafael Perdomo con el fin de defender los puestos de trabajo del Taro y el Mónica, los dos establecimiento de unos 25 años de antigüedad que suman un millar de camas turísticas.

En total, la cadena familiar SBH tiene en su plantilla a unos mil asalariados distribuidos por hoteles, restaurantes y otros negocios. El cierre decretado del Mónica y el Taro afecta a entre 150 y 200, de los cuales algunos trabajan en estos dos hoteles desde su inauguración a finales de los 90.

La orden municipal de precinto de ambos establecimientos, una firmada por decreto del alcalde y por otra aprobada por la junta de gobierno municipal, se le notificó a Gregorio Pérez la semana pasada, que fue cuando el empresario turístico decidió recusar por segunda vez al Ayuntamiento. «Y todavía el grupo de gobierno encabezado por Rafael Perdomo no la ha resuelto convocando el pleno extraordinario pertinente».

La familia Pérez también ha denunciado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación al alcalde y Blas Acosta, concejal del sur y a la sazón consejero de Turismo del Cabildo, por la adjudicación del contrato de explotación de la carpa del Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf de 2017.

Informe jurídico desfavorable

En los tribunales, concretamente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, está otra demanda del grupo SBH contra el Consistorio de Pájara, destaca Gregorio Pérez. «Están investigados por supuesta prevaricación toda la junta de gobierno local y varios técnicos por conceder una licencia a pesar de que una jurista municipal emitió un informe desfavorable».

En cualquier caso, la familia Pérez asegura que las demandas judiciales emprendidas contra el Ayuntamiento del sur majorero son pocas si se las compara con los 37 litigios interpuestos por la Corporación municipal. Gregorio Pérez detalla que el Consistorio «dejar caducar los expedientes de nuestra familia: los inicia y los deja caducar, se lo comunica a los inquilinos de nuestros locales y negocios que optan por no pagarnos».

Un mes de plazo para el cierre

El precinto de los hoteles Mónica y Taro, en Costa Calma, no es inminente, aclara el alcalde Rafael Perdomo. El Ayuntamiento da un mes de plazo a la familia propietaria para presentar los recursos que estimen convenientes y que se deberán resolver, con lo que el cierre se alargaría unos meses.

Sobre la orden del doble precinto, Gregorio Pérez recordó que hace ahora un año el Consistorio le cerró un restaurante por no contar con la adecuada licencia, «dejando sin empleo a quince personas. Después de aportar la documentación, el local se ha reabierto. Es lo mismo que intentan hacer con estos dos hoteles abiertos desde hace unos 25 años».