Imagen de archivo de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud. / C7

Los tres folios que ayudaron a abrir los ojos

Lo que desvelan las páginas que provocaron un tsunami político con la dimisión del director del Servicio Canario de Salud antes de que se debatiera su cese en el Consejo de Gobierno

Francisco Suárez Álamo
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

La instrucción del caso Mascarillas acumula ya miles de folios y varias horas de declaración grabadas en vídeo pero fueron necesarios solo tres páginas para que se haya producido un tsunami político, con la dimisión del director del Servicio Canario de Salud (SCS) solo horas antes de que su destitución fuese debatida en el Consejo de Gobierno. Esos tres folios recogen el último auto conocido del magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, instructor del caso, en el que decreta el secreto de las actuaciones por un mes.

Malversación de caudales públicos

De entrada, el juez añade un presunto delito al caso. La querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción apuntaba indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Los dos primeros los circunscribían a las personas en la administración, esto es, Conrado Domínguez y Ana María Pérez, y el los otros dos al empresario Rayco Rubén González, administrador único de RR7. Pero en ese auto del pasado lunes el juez añade la presunta malversación, de acuerdo con el artículo 432 del Código Penal. ¿Qué es malversar caudales públicos? Es un delito de apropiación indebida del patrimonio público o de administración desleal del mismo que solo puede cometerse por una autoridad o funcionario público. Eso agrava el panorama en cuanto al funcionamiento del Servicio Canario de Salud y todos los que participaron, desde la esfera pública, en el contrato con RR7. Hasta la fecha el eje central era una presunta estafa al Gobierno pero la instrucción podría girar hacia otro punto de vista: se malversó dinero público y con intención deliberada de hacerlo, pues la malversación es lo que se considera un delito doloso, esto es, con intención de hacer el daño.

«Giro radical»

El último auto judicial conocido usa la expresión «giro radical» para calificar el devenir del caso tras la declaración de Rayco Rubén González. El querellado rompió su silencio y reveló que sí había mantenido contacto directo con Conrado Domínguez, poniendo a disposición del juzgado su móvil, con mensajes cruzados con el alto cargo del Gobierno, Ana María Pérez y otras personas que intermediaron en la operación. Ipso facto se desmontó la tesis sostenida por Domínguez desde el inicio de las diligencias, primero en su declaración ante el fiscal, después ante el propio juez y también cuando en el Gobierno, con el presidente Torres al frente, le pidieron explicaciones. Domínguez se justificó en el Gobierno alegando que se le había olvidado que sí habló con el dueño de RR7. Los mensajes, que están ahora en manos de la Policía para su transcricpión y el correspondiente informe al juzgado, reflejan, según fuentes consultadas, que no fue un contacto aislado: hablaron antes del contrato, durante la tramitación del mismo y lo hicieron no solo de las mascarillas de 3M que nunca llegaron.

«Nuevos contratos»

Ese «giro radical» va más allá de que la versión inicial de Conrado Domínguez no se ajustara, supuestamente, a la verdad; el auto apunta la posibilidad de analizar «nuevos contratos». Este periódico ha sabido que Conrado Domínguez y las personas vinculadas a RR7 -en especial el comisionista Samuel Machín- intercambiaron mensajes sobre otros posibles contratos de material sanitario: batas, otro tipo de mascarillas, gel desinfectante, test de covid-19, etcétera. Pero tampoco se descarta que el juez indague sobre contrataciones con otras empresas y que habrían pasado por las manos de Conrado Domínguez.

«Más personas»

A día de hoy, los investigados son seis: los tres querellados iniciales y tres familiares de Rayco Rubén González que aparecen en el entramado de empresas vinculadas a RR7 y que supuestamente participaron en el blanqueo de capitales. La esposa, la madre y un primo del empresario declararán el próximo día 11. Pero el auto del pasado lunes justifica también el secreto de las actuaciones porque en breve podría extenderse la investigación a «más personas». Solo el juez y el fiscal saben ese posible listado pero en medios judiciales ya se señala a, como mínimo, dos personas cuyos nombres en aparecen en los mensajes y correos: Osvaldo Lastras y Lucas Cruz. El primero es amigo de Conrado Domínguez y, según admitió el propio exdirector del SCS, fue la persona que le puso en contacto con RR7. Incluso hay un mensaje que lo menciona como interlocutor en el día en que el contrato pasa de costar 3,9 millones de euros a un montante final de 4 millones. Esa diferencia de 100.000 euros fue aceptada por Conrado Domínguez, que recibió la oferta de RR7, sin reparo alguno. Lucas Cruz aparece ya en los mensajes aportados por Samuel Machín como intermediario en la fallida compra de mascarillas a 3M, también como la persona que habría facilitado el contacto, vía terceros, con Honeywell para un segundo envío que también fracasó e incluso como quien habría planteado las alegaciones que dieron pie a esa polémica 'reactivación' de un contrato que Sanidad dio por extinguido. Lucas Cruz ya tuvo protagonismo mediático en 2019, cuando apareció representando a un fondo de inversión que iba a comprar el Gran Canaria de baloncesto, operación que igualmente fue un fiasco completo.

El momento y las funciones de cada uno

El arranque del caso y los nuevos pasos de la instrucción hay que ponerlos siempre en el contexto del momento en que sucedieron los hechos. No solo por la crítica situación sanitaria que se vivía en 2020 por la pandemia, con ausencia de material sanitario y el virus disparando la cifra de contagios, ingresos y, desgraciadamente, de muertes, sino porque el Gobierno canario vivía un momento convulso. En marzo de 2020 se crea el comité de emergencia, siendo consejera de Sanidad la socialista Teresa Cruz y directora del SCS Blanca Méndez. En ese comité el Gobierno incorpora a Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de Obras Públicas. El titular de ese departamento, Sebastián Franquis, también forma parte del comité. ¿Por qué estaba Obras Públicas? Teóricamente por ser competente en Transportes, y la conectividad era en aquel instante clave, tanto por los confinamientos como por el envío de ma a todas las islasterial sanitario .