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Caso Mascarillas ·
Se vio con que dimitía o su destitución iba al Consejo de Gobierno. Su último error fue que se lo contó a demasiada gente y que hasta el final intentaron salvarlo políticamenteHasta el último minuto intentó Conrado Domínguez que su caída del caballo del poder no se produjera. Y hasta el último instante lo intentaron igualmente quienes hasta la fecha lo apoyaban, sosteniendo que el caso Mascarillas era una minucia.
De hecho, la carta de dimisión la firmó cuando ya fue informado de que su cese iba al Consejo de Gobierno. La reunión del mismo estaba fijada para las 13.30 horas de este jueves en Santa Cruz de Tenerife pero su arranque se retrasó casi dos horas precisamente porque se esperaba alguna reacción de Domínguez.
¿Acaso conoció con antelación que su continuidad al frente del Servicio Canario de Salud era imposible? Sí. El miércoles por la noche Conrado Domínguez se fue a la cama sabiendo que ya no contaba con el apoyo clave: el de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Pero cometió un último error: hizo partícipe de esa información a más de una persona.
El retraso en el inicio de esa sesión del Consejo no fue exclusivamente por esperar a ver si Conrado Domínguez dimitía, sino porque quienes siempre negaron la mayor del caso Mascarillas se movieron para ver si evitaban el cese.
¿Pero tanta influencia tenía Domínguez? Para responder hay que remontarse a su llegada a Sanidad, cargo que ocupó siendo consejero José Manuel Baltar, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) como presidente del Gobierno. En aquel momento, Conrado Domínguez dio un paso que muchos no entendieron en el PSOE: para ellos, fue como si Domínguez, que había sido alto cargo en el Ayuntamiento capitalino en la época de Jerónimo Saavedra como alcalde, hubiese cruzado un punto de no retorno o se hubiese aliado con el lado oscuro de la Fuerza.
El PSOE había salido del Gobierno y llegaba a Sanidad un consejero que prometía que poniendo dinero en el sector de las clínicas privadas se resolvía la lista de espera, y ahí estaba Conrado Domínguez como director del SCS, el organismo con mayor presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Con esos antecedentes, llega la pandemia y el estado de alarma. Es marzo de 2020 y los desencuentros en el Gobierno con la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y su equipo eran frecuentes, incluyendo en esos choques a Blanca Méndez, entonces directora del SCS. Con las camas hospitalarias empezando a llenarse de pacientes con covid, Cruz llega a afirmar en una reunión del Gobierno con el mundo sanitario que el departamento autonómico tiene capacidad suficiente, con sus hospitales, de hacer frente a la crisis.
Se crea entonces el comité de emergencia y se incluye en el mismo a Conrado Domínguez, que en 2019 había sido repescado por Sebastián Franquis como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas (otro paso que un sector del PSOE jamás entendió ni compartió).
La convivencia entre Domínguez y el equipo de Sanidad de saldó con la abrupta salida de Teresa Cruz y Blanca Méndez. En plena pandemia, el equipo de Sanidad era descabezado y se optó por una interinidad que tenía como cabezas visibles a Antonio Olivera en el SCS y Julio Pérez como consejero. Finalmente, Conrado Domínguez retornó como director del Servicio Canario de Salud en septiembre de 2020, tras la brevísima etapa de Alberto Pazos en el cargo y con Blas Trujillo en el cargo.
Fue en aquel marzo de 2020 cuando Domínguez traba contacto con RR7 y fue en mayo cuando el SCS firma el contrato para la compra de un millón de mascarillas, previo pago de 4 millones de euros, con una empresa sin experiencia en el sector.
En su segunda etapa en el SCS, Domínguez no solo afronta la pandemia sino que pone cierta paz en Sanidad, sobre todo en el mundo sindical. Otra cosa es la resolución de asignaturas pendientes, como las carencias en el Materno-Infantil o los colapsos en el Hospital Insular.
Y llega mayo de este año. Cuando este periódico desvela el caso Mascarillas, el teléfono de Domínguez suena con insistencia. Le piden explicaciones en el Gobierno porque ni en Presidencia habían sido informados. Se celebran al menos dos reuniones al más alto nivel en las que sostuvo que no conocía al administrador de la empresa RR7 y que actuó movido por el interés general, en un momento muy crítico y con una normativa que permitía las contrataciones exprés. Lo cierto es que el PSOE compró esa versión, y tanto lo hizo que el partido se afanó para tumbar, en un hito sin precedentes, el informe de la Audiencia de Cuentas que alertaba de irregularidades.
Sin embargo, la maquinaria de la Fiscalía Anticorrupción ya estaba trabajando: los mensajes de Samuel Machín reflejaban un tono de 'compadreo' con Conrado Domínguez que empezaron a levantar sospechas dentro de las filas del partido, mientras que sus defensores sostenían que no había caso y que, para más inri, quien alimentaba el asunto era Nueva Canarias en una especie de ajuste de cuentas en el seno del Pacto de las Flores.
Conrado Domínguez acudió primero al fiscal y después al juzgado y se mantuvo en la misma tesis: no negoció con Rayco Rubén González, no participó en los detalles del contrato y tampoco en el intento de 'reactivarlo' una vez extinguido. El silencio inicial del dueño de RR7 le fue útil, pero el castillo de cartas se desmoronó el pasado jueves, cuando Rayco Rubén González rompió su silencio ante el juez y las partes personadas.
Se cayó entonces el velo y empezó a escribirse el principio del fin político de Conrado Domínguez. Para empezar, porque, como subrayaba esta semana un destacado miembro del Partido Socialista, un investigado tiene derecho a no contestar e incluso a no contar la verdad, pero un cargo público no puede entrar en ese juego. Y menos aún contarle al presidente algo que no es... ni siquiera una verdad a medias.
Así las cosas, la caída de Domínguez no se produce porque se haya acabado con la presunción de inocencia, sino porque quebró la presunción de verdad que se le reclamó en el cargo. Lo que suceda con la instrucción ya se verá.
Francisco Suárez Álamo
Ingrid Ortiz Viera B. Hernández
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