De 'Sanidad reclama' a 'Buenos días, Rayco, ¿alguna novedad?

A continuación se resumen los hitos del caso desde el punto de vista mediático.

La primera página de CANARIAS7 en formato impreso y también en soporte digital recoge que Sanidad reclama 4 millones de euros a RR7 por ese millón de mascarillas que nunca fue entregado al Servicio Canario de Salud. Llegó una primera entrega de un millón de mascarillas pero fueron destruidas tras comprobarse que eran falsas.

El periódico informa por primera vez de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, con Javier Ródenas al frente. También aporta el nombre de Lucas Cruz, que lideró la fallida compra del Gran Canaria de baloncesto, como la persona que actuó como intermediario en el extranjero para el suministro del material sanitario.

La Fiscalía Anticorrupción presenta la querella, en la que se aprecian indicios de cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Los dos primeros los atribuye a Conrado Domínguez y Ana María Pérez, y los dos últimos al dueño de RR7, Rayco Rubén González.

Aparecen publicados en CANARIAS7 los mensajes intercambiados por Samuel Machín con Conrado Domínguez y otras personas implicadas en el contrato. En los mensajes queda claro cómo el director del SCS iba informando del proceso interno de reclamación del dinero e incluso de las «pesquisas policiales» en marcha.

Entre los mensajes, hay algunos que reflejan el nivel de desesperación que había en la cúpula del Servicio Canario de Salud: «Es una estafa en toda regla», le llega a escribir Conrado Domínguez a Samuel Machín. Sin embargo, no denunció los hechos.

Aparecen los mensajes que desmontan la declaración de Conrado Domínguez. Desde el inicio de las diligencias que se sustanciaron en la querella y su posterior instrucción en sede judicial, Conrado Domínguez negó haber mantenido contacto directo con Rayco Rubén González. Los mensajes que desvela CANARIAS7 reflejan todo lo contrario: intercambió mensajes de texto, audios y llamadas antes de la firma del contrato, durante la tramitación de los pagos y cuando el intento de 'reactivación' del contrato pese a estar extinguido.