Trabajadores del Gobierno denuncian una «violación» de los derechos de los niños

La red de acogida de menores en Canarias, y su sobreocupación debido al incremento en la llegada de menores migrantes a las islas, ha sacado a relucir las «carencias» que hay en el sistema desde hace años. Es lo que denuncian los profesionales que forman parte de este sector, que pretenden garantizar que se cumplan los derechos de los menores tutelados por el Gobierno de Canarias.

Representantes de la plantilla del Servicio de Prevención y Protección a menores de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario se reunieron el viernes pasado con la Diputada del Común, Lola Padrón, para trasladarle su descontento con las condiciones.

El portavoz de la sección sindical de CCOO en la Consejería de Bienestar Social, Hermann Luis Dait, explica que, en total, son «cerca de 130 técnicos», entre las dos provincias, los que se encargan de gestionar la situación de más de 12.000 menores «que están invisibilizados». A ellos se suman los casi 6.000 menores migrantes que han llegado a las islas sin la compañía de un familiar que pueda hacerse cargo de ellos. Esto hace que, de media, cada profesional tenga que hacerse cargo de 100 casos.

«Con un volumen tan grande, es imposible poder llevarlos bien», denuncia Dait.

Fue en septiembre del año pasado cuando el propio Dait elevó una queja a la Diputada del Común por una «violación de derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección a la infancia en Canarias».

Entre las peticiones del área, como especifica Dait, está la creación de una comisión que estudie cuáles son los aspectos necesarios para establecer «una relación de puestos de trabajo» que sea ideal para gestionar toda la situación.

Además, también precisan de más personal. Hasta ahora, según denuncian, no existe un equipo multidisciplinar que pueda tomar «decisiones importantes», lo que ha derivado en que algunos técnicos tengan que dictaminar, de manera individual, cuestiones tan trascendentales como la retirada de menores a sus familias. La justificación que han encontrado para que no se aumente la plantilla es «el techo de gasto, que impide contratar más personal».

A pesar de sus intentos por ser escuchados, el colectivo dice sentirse «incomprendido», tanto por la Dirección General como por la consejería «y por el Gobierno de Canarias en general».

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