El acuerdo para los menores migrantes tropieza de nuevo
La propuesta para derivar a 4.000 chicos y chicas acogidos por Canarias continúa sin tener cerrada la financiación y el mecanismo legal
El nuevo intento para derivar a los menores migrantes acogidos por Canarias a otras regiones se encalla. Aunque en esta segunda ocasión, que pretende distribuir de manera extraordinaria a 4.000 menores migrantes acogidos por las islas y 400 que están en Ceuta, parecía ir todo encarrilado, la agenda de trabajo se ha ido aplazando. El Gobierno canario preveía estar a finales de febrero negociando con los grupos del Congreso de los Diputados el acuerdo, pero todavía no hay un texto definitivo. Marzo será el mes en el que se despejarán las dudas que quedan, aunque el escenario sigue envuelto en incertidumbre.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, trasladó que desde el archipiélago observan que, entre las prioridades del Estado, no está el drama humanitario que se vive en las islas, aspecto que preocupa debido a que, en la actualidad, el Gobierno regional tutela a 5.860 menores migrantes. Todo ello, en una red de acogida saturada con picos de ocupación que oscilan entre el 120% y el 160%. Esto ha hecho que el Gobierno regional haya prorrogado la declaración de emergencia, lo que permite agilizar los trámites para mantener los centros, además de la posibilidad de abrir nuevos recursos en otras ubicaciones.
Esta situación «al límite» hace que, muchas veces, no se pueda dar una atención digna a estos niños y niñas que han emigrado sin la compañía de un familiar. Por ello, en diciembre del año pasado, se presentó la propuesta para esta distribución puntual y, así, descongestionar la red de acogida de estos territorios.
A principios de este mes, los Gobiernos estatal y regional daban «un paso de gigante»: el cierre de los criterios de distribución para derivar a los chicos. Tras una reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se estableció que la derivación de estos chicos se haría atendiendo a la población de cada comunidad autónoma, su PIB, la tasa de desempleo y el número de chicos y chicas que hayan acogido con anterioridad.
Este acuerdo hizo levantar algunos recelos entre las regiones, y el Partido Popular (crítico desde el inicio con la medida) acusó de dejar fuera del reparto a comunidades como Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, esto fue desmentido por el Ejecutivo central.
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Aún quedan dos asuntos pendientes para materializar una medida que, a pesar de ser «un parche», como han reconocido los ejecutivos, pretende seguir la senda del objetivo inicial: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los menores tutelados por un territorio con sus recursos saturados.
Para la propuesta puntual queda por concretar el mecanismo legal a través del que se materializará la distribución (decreto o proposición de ley), que está en manos de un informe de la Abogacía del Estado. En este trabajo se pretende buscar la forma más óptima de llevar a cabo la distribución. En este punto preocupa la posible invasión en las competencias de las regiones a la hora de llevar a cabo la transferencia de la responsabilidad de estos chicos y chicas.
A su vez, falta por concretar la ficha financiera que le corresponderá a cada comunidad autónoma para hacer frente a la atención de estos niños y niñas. Hace dos semanas, el presidente del ejecutivo autonómico iba a mantener un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tuvo que ser suspendido. Todavía no se ha convocado una nueva reunión, si bien, desde el Gobierno central han garantizado desde el inicio el presupuesto suficiente para llevarlo a cabo.
Así las cosas, desde el ministerio de Política Territorial trasladan que las conversaciones sobre esta cuestión con el Gobierno canario son «permanentes».
«Es imposible controlar los cayucos que salen de Mauritania»
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que la extensa costa de Mauritania, de más de 700 kilómetros, hace «imposible controlar todos los cayucos» que salen desde el territorio. Clavijo, junto a una delegación de 70 profesionales, viajó al país vecino la semana pasada, y pudo constatar que existe un campo de 150.000 refugiados en este territorio de tránsito esperando «a dar el salto» a Europa. En el pleno del Parlamento de ayer apuntó que la misión, «de notable éxito», sirvió para trasladar su apoyo al país.