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El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, indicó ayer que los servicios jurídicos de la comunidad autónomas están estudiando la posibilidad de requerir por vía judicial que se cumpla tanto el decreto ley que reformó la Ley de Extranjería (y que ha sido objeto de diversos recursos ante el Constitucional por parte de varias comunidades autónomas) como el auto del Supremo. Como se recordará el Gobierno de España ha informado al Supremo de la imposibilidad de acoger al millar de menores que están acogidos en las islas y que tienen derecho a la protección internacional al no tener plazas disponibles.
Por el momento, como indicó Domínguez el Gobierno de Canarias y el de España «mantienen el diálogo» respecto a la acogida de estos menores después de la primera reunión mantenida entre las partes el pasado 3 de abril en cumplimiento con lo que había fijado el TS. «La resolución del Tribunal Supremo debe cumplirse, han trascurrido los diez días de plazo establecidos para ello y el Gobierno no ha hecho nada», indicó Domínguez, para quien es una «barbaridad» que el Estado argumente que no tiene capacidad para acoger a los menores y alegue que las plazas están saturadas. En su opinión, si tiene las plazas ocupadas debe crear otras nuevas, al igual que ha hecho Canarias. En este sentido, apunta que las islas contaban inicialmente con solo 30 centros de acogida y finalmente se han elevado a 85, «Ha creado plazas que no existían, tal como pueden hacer otras comunidades autónomas». EFE
Por otro lado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se mostró este miércoles «disponible» a hacer adaptaciones en sus centros para dar una salida «urgente» a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo de Canarias. «Por principio, y en unas circunstancias normales, creemos que los niños y las niñas y los adolescentes tienen que estar en un sistema y los adultos tienen que estar en otro sistema si realmente lo que queremos es que los niños y las niñas estén lo mejor atendidos posible. Esto no quita para que nosotros estemos abiertos y estamos disponibles a hacer adaptaciones dentro de nuestros centros, adaptaciones que nos requiera el propio Ministerio, para dar una salida con carácter urgente y temporal a la situación que se vive en Canarias», aseguró la directora general de CEAR, Mónica López en un desayuno informativo que ha organizado la ONG en Madrid.
Así lo puso de manifiesto sobre los 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a acoger. Si bien, López ha apuntado que la adaptación de sus centros no se trata de la «solución», ni tampoco la «salida» para estos niños y adolescentes. Desde CEAR abogan por trabajar con pisos de transición a la vida adulta para jóvenes que vayan a cumplir próximamente 18 años. «Habría que trabajar la transición a la vida adulta en modelos de acogida, de intervención, de tal forma que un niño que ya viene trabajando un itinerario de integración o una integración en un determinado lugar no tenga que entrar al sistema de asilo», explicó López.
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