El Estado aprueba el decreto que permite derivar a los menores migrantes de Canarias desde este miércoles

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de marzo 2025, 07:30 | Actualizado 18:23h.

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Tras 18 meses intensos de negociaciones entre Canarias, el Estado y las fuerzas políticas, el Consejo de Ministros aprobó ayer una medida que parecía lejana hace pocos días: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. El ansiado decreto entra en vigor este miércoles, aunque los chicos no empezarán a ser distribuidos a otras regiones hasta que su documentación esté en regla. Se estima que esto sea en «dos o tres meses», como indicó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras una rueda de prensa celebrada ayer tras el anuncio del decreto ley.

Con casi 6.000 menores migrantes bajo su tutela, el Gobierno regional, desde que comenzara la actual legislatura con Clavijo al frente, estableció como una de sus prioridades dar una respuesta digna a los chicos y chicas que han llegado a las costas canarias sin la compañía de un familiar que pudiera hacerse cargo de ellos y ellas.

Ahora, con la aprobación de un real decreto para modificar la norma y hacer obligatoria la distribución entre las regiones de los menores migrantes que llegan a territorios con su red de acogida saturada, como el es caso de Canarias o Ceuta, el escenario que se presenta es distinto al de julio del año pasado, cuando se llevó a trámite en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para materializar el cambio en la norma. Esta fue tumbada por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

Sin embargo, la fuerza independentista ha dado su apoyo al real decreto, que entrará en vigor una vez se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, este necesitará el respaldo de las fuerzas políticas en la Cámara Baja en un plazo de 30 días. Se espera que cuente con el aval de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y el PP (socio de Gobierno de Coalición Canaria en las islas) ya ha mostrado su rechazo a la medida si las comunidades no tienen «capacidad suficiente» para acoger a los chicos y chicas. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tendió la mano al PP para que haya un «acuerdo de Estado» y dé su apoyo en la Cámara Baja al cambio en la norma.

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El Estado había dado de plazo, una vez más, una semana para dar respuesta al Gobierno canario, y, tras la elaboración de un informe de la Abogacía del Estado junto a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y del Gobierno estatal, se optó por la vía del decreto ley, con todas las garantías legales. Algunas comunidades, como Madrid, han avisado de que lo recurrirán, aunque todo apunta que no tendrá recorrido.

Torres no especificó cuántos menores tendrá que acoger cada territorio. Eso sí, detalló que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para trasladar las certificaciones con los datos de los menores de los que se hacen cargo. Ahí se conocerá la capacidad de respuesta que tiene cada territorio y sus plazas. Sobre la posibilidad de que las regiones más reacias a esta distribución, porque justifican que están colapsadas, se nieguen a aportar los datos, el ministro Torres apuntó que no hacerlo «dejaría en evidencia sus afirmaciones».

Como remarcó Clavijo, el decreto responde a tres peticiones cruciales: la inmediatez de aplicación; el establecimiento de garantías «absolutas para el interés superior del menor», puesto que se les escuchará para que no tengan que pasar por otro proceso de desarraigo, intervendrá la Fiscalía y, si cuando lleguen a Canarias la capacidad está desbordada, en 15 días serán reubicados con «todas las garantías legales; y, por último, se introduce el concepto de «capacidad ordinaria».

De esta forma, los parámetros que se seguirán para distribuir a los chicos son «muy similares» a los que se pactaron por las regiones en las conferencias sectoriales de Infancia de los últimos tres años. Como detalló el ministro Torres, en esta distribución los criterios tienen pesos distintos. Así, la población pondera un 50%, la renta per cápita un 13%, la tasa de paro un 15% o el esfuerzo realizado con anterioridad en la acogida un 6%. También se incluyen criterios que tienen en cuenta la realidad de los territorios, como la insularidad, que supondrá un 2%. En el texto se contempla que las comunidades puedan fijar otros criterios en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Los chicos serán derivados a otras regiones cuando en la comunidad de acogida se establezca la «contingencia migratoria». Esta se podrá declarar cuando el territorio multiplique «por tres» su «capacidad ordinaria» de acogida.

Dicha suficiencia se calculará dividiendo el número de menores migrantes no acompañados que haya en el conjunto del territorio entre la población total del país. La cifra resultante se dividirá entre la población de cada una de las regiones, dando así la capacidad de respuesta que tendría cada territorio. «En Canarias saldría, más o menos, 900 chicos y chicas, y, ahora mismo, tiene casi 6.000», remarcó el ministro canario.