El reparto de los menores migrantes abre una brecha entre el Gobierno canario y el de Baleares
El Ejecutivo regional acusa de «insolidaridad» al Govern por rechazar acoger a 49 y el PSOE dice que actúa arrastrado «por la ultraderecha»
La buena sintonía que había entre el Gobierno de Baleares y el de Canarias –los dos archipiélagos españoles y con numerosos puntos de encuentro en materias como la financiación– se agrieta. El rechazo de Baleares a asumir a menores migrantes acogidos por las islas –49– tras el repunte migratorio que ha experimentado en los últimos días ha sentado muy mal en el Gobierno de Canarias, que lleva meses soportando en silencio la soledad del fenómeno migratorio y asumiendo casi 6.000 menores.
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Desde el Ejecutivo canario ayer se acusó de «irresponsabilidad»e «insolidaridad» la postura del Govern, que solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la derivación de 49 menores migrantes a su región como así lo establece la norma tras la modificación de la ley de extranjería.
El viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, criticó que el Govern haya usado una premisa «falsa» al solicitar que se suspenda la derivación a su territorio de los menores, puesto que el archipiélago balear «no es la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes del norte de África». La región da respuesta a 680 menores en estos momentos, mientras que en Canarias hay más de 5.600 niños y niñas en una red de acogida colapsada.
De hecho, en octubre del año pasado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente, Manuel Domínguez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunieron en Tenerife para reforzar su postura conjunta y reclamar al Ejecutivo central «liderazgo» y «coordinación» para afrontar la crisis migratoria en ambos territorios.
Este jueves, Prohens anunció que recurriría dos decretos que configuran el cambio en el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la corresponsabilidad entre las regiones de los menores que emigran solos a los que dan respuesta territorios con su red de acogida sobrecargada, como es el caso de Canarias. Todo ello, al considerar que en sus islas no pueden garantizar una acogida a los chicos y chicas «en condiciones de dignidad y humanidad» ante la saturación en su red de respuesta.
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La decisión del archipiélago balear ha generado diversas reacciones en Canarias. A las críticas vertidas por el Ejecutivo regional, también se suman las del PSOE. Fuentes del partido remarcan que, aunque la decisión que se ha tomado en el archipiélago balear «no sorprende viniendo del Partido Popular», si que lo hace al nacer en un «gobierno autonómico que conoce esta problemática y para el cual también está hecha la reforma de la ley de extranjería». Y es que aquellos territorios en los que se declare la «contingencia migratoria extraordinaria» podrán buscar, gracias a la ley, la ayuda del resto de comunidades autónomas y, así, garantizar que se tenga en cuenta, por encima de todo, los derechos de los niños y niñas y su interés superior.
Para las voces socialistas, en las Islas Baleares se está priorizando «una vez más, la posición partidista», y se han dejado arrastrar «por un discurso insolidario de la ultraderecha, olvidándose de que por encima de todo está el derecho humanitario y el interés del menor».
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Desde el Partido Popular en Canarias, su vicesecretario de Organización y Comunicación, Jacob Qadri, no entra a valorar los recursos que presente cada región y carga contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez: «Denunciamos desde el primer momento que no era un reparto equilibrado y equitativo donde volvían a haber comunidades autónomas beneficiadas y otras, entre comillas, perjudicadas».
Qadri critica que la distribución de los niños y niñas entre las regiones se haya hecho «sin contar con las comunidades» y «sin consenso», por lo que con los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por parte de las comunidades gobernadas por el PP, a las que se suma Castilla–La Mancha con el socialista Emiliano García Page al frente, son una muestra de «la chapuza de Gobierno de Sánchez».
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No obstante, Qadri reitera que «urge este traslado de menores debido a la situación insostenible que viven las islas» al darles respuesta «en solitario». Por ello, insiste, como en otras ocasiones, en que sea el Estado el que asuma la atención de todos los niños y niñas migrantes que llegan al territorio canario sin un familiar que pueda hacerse cargo de ellos.
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