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Conrado Domínguez, en mayo, ante periodistas que le preguntaban del caso Mascarillas. C7

El pago a RR7 no lo sufragó la UE porque al final Sanidad no lo formalizó

El Servicio Canario de Salud hizo una primera notificación para acogerse a fondos Feder pero no tramitó el expediente

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 11 de noviembre 2022

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Los cuatro millones de euros pagados aRR7 Services por un millón de mascarillas que nunca llegaron al Servicio Canario de Salud (SCS) no fueron sufragados con fondos comunitarios. Y no lo fueron porque el Servicio Canario de Salud no llegó a formalizar finalmente el trámite para ello.

El Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, que instruye el caso Mascarillas hasta que la Fiscalía Europea ha comunicado su intención de asumir la competencia, ya cuenta con documentación que acredita que los pagos a RR7 se hicieron con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así lo avanzó, de hecho, el consejero de Presidencia, Julio Pérez, en la rueda de prensa ofrecida el pasado jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el Servicio Canario de Salud sí hizo una primera notificación a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, dependiente de la Consejería de Hacienda, para que algunos pagos realizados ante la emergencia sanitaria por la covid se acogieran a financiación comunitaria. Sanidad aprovechaba así la vía abierta por las autoridades comunitarias, que incluyeron esa finalidad dentro de los fondos Feder para el programa 2014-2020. Sin embargo, finalmente el Servicio Canario de Salud no ejecutó la inclusión del pago a RR7 en ese programa comunitario, por lo que los abonos se cargaron en la cuenta de la Comunidad Autónoma.

La relevancia de este hecho estriba en que la Fiscalía Europea ha reclamado la competencia para investigar el caso al entender que sí se dispuso de dinero comunitario en esa operación y que podría haber una malversación de fondos europeos.

Ahora se abren varias posibilidades: que el Juzgado de Instrucción número 7 eleve ante el Tribunal Supremo un conflicto de competencias, aferrándose a que al no haber dinero europeo en los pagos no hay motivo para que sea la Fiscalía Europea quien investigue; que sea este órgano fiscal de ámbito comunitario quien llegue a esa conclusión cuando se le remitan las actuaciones realizadas y devuelva 'motu proprio' la causa, o que la Fiscalía Europea mantenga la investigación en el marco de la causa que ya ha abierto con más contrataciones realizadas por el Servicio Canario de Salud y en las que sí se habrían hecho pagos a cuenta de fondos Feder.

Respecto a por qué el Servicio Canario de Salud finalmente no incluyó el contrato con RR7 entre los acogidos a financiación comunitaria, no hay por ahora constancia por escrito del motivo. Las fuentes consultadas sí apuntan el hecho de que difícilmente se podía tramitar ante Europa un expediente donde se recogen dos pagos de dos millones de euros cada uno por un material que nunca llegó y que tampoco hubo una entrega parcial antes del segundo abono, con el añadido de que cuando arribó una primera partida de mascarillas, estas fueron destruidas porque Aduanas y la multinacional 3M advirtieron de que se trataba de material falsificado.

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