Delia García, de Quórum 77, ordenó «desenchufar» las cámaras de los centros de menores: «No quiero ni una encendida»

Delia García García, presidenta de la asociación Quórum 77, responsable del centro de menores extranjeros no acompañados La Fortaleza I que fue clausurado por orden judicial, envió un audio a todos los responsables de los diferentes recursos que tiene en la isla para ordenarles «desenchufar todas las cámaras de todos los centros que tenemos. No quiero ni una encendida».

Este mensaje lo remitió después de que nueve trabajadores del inmueble ubicado en Bandama fueran detenidos en el marco de la denominada Operación Cábila, que investiga la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. Cábila, según la Academia Canaria de la Lengua, se refiere a un «grupo de personas de comportamiento vandálico».

Los arrestos los llevaron a cabo agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria tras la entrada y registro efectuada este lunes por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, que también decretó el cierre y precinto inmediato del recurso alojativo.

«Buenas tardes de nuevo. Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. Así que, procedan en este preciso instante a desenchufar todas las cámaras de todos los centros que tenemos. No quiero ni una encendida», ordenó de forma tajante la presidenta de Quórum 77. Todo ello tras conocer que su centro había sido denunciado por presuntos episodios de palizas, malos tratos sistemáticos, insultos racistas y demás supuestas conductas que tanto el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez como la fiscal Teseida García García llevan investigando desde el pasado año en unas diligencias que se encuentran bajo secreto de sumario.

La orden de Delia García García de apagar las cámaras de seguridad de los centros fue ejecutada de inmediato por los trabajadores, una decisión que, según fuentes de la investigación, trataría de evitar que los agentes cuenten en el futuro con imágenes que pudieran ser comprometedoras para Quórum 77.

La fase decisiva de esta Operación Cábila se produjo cuando agentes de la Unidad Especializada de Violencia e Infancia y la Unidad de Intervención Policial de la Policía Canaria ejecutaron una entrada y registro en el centro de Bandama desde primera hora de la mañana hasta pasadas las 21.00 horas de este lunes. Una diligencia dirigida por la autoridad judicial que, como ha podido conocer este periódico, fue un éxito ya que incautaron numerosos efectos de interés para la investigación, recabaron testimonios de importancia, se hicieron con terminales móviles de las nueve personas detenidas, material informático e incluso obtuvieron muestras biológicas para acreditar presuntas lesiones. También tomaron declaración a los menores que estaban en ese momento en el centro, 45 chicos de los que 27 eran subsaharianos y 18 marroquíes.

Los nueve detenidos, entre ellos la directora del centro, la trabajadora social, técnicos auxiliares educativos y demás personal, fueron conducidos a sede policial para que prestaran declaración, antes de ser puestos nuevamente en libertad. No se descartan más arrestos en unas pesquisas que tratan de esclarecer lo que ha ocurrido dentro de este centro considerado como complicado puesto que era donde enviaban desde otros recursos a los menores más problemáticos.

La investigación judicial sobre el centro de menores La Fortaleza I comenzó el pasado verano a raíz de la denuncia de uno de los chicos, como así adelantó este periódico el lunes.

«En ese momento hay una primera denuncia que se traslada por esta Dirección General de Infancia a la Fiscalía. Una denuncia que presenta un menor respecto a malos tratos que está recibiendo. El menor es un protegido de la Dirección General y por eso lo llevamos a presentar la demanda», explicó la responsable del área, Rosa Rodríguez.

La directora general señaló que presentaron la denuncia «donde procede», en la justicia, porque es donde se tiene que determinar «si hay o no delito de esas características». Y explica que no es el mismo caso que cuando, con las inspecciones que realizan desde el área, se han llegado a cerrar este mismo año dos centros, uno en Lanzarote y otro en Gran Canaria en los últimos dos años.

Sobre La Fortaleza I siguieron recibiendo «a lo largo de varios meses correos anónimos de trabajadores, correos que hemos puesto en conocimiento y trasladado también a la Fiscalía, porque quien tiene conocimiento de que se está vulnerando el interés superior del menor debe denunciarlo», recuerda. Desde la dirección se comunicó toda la información que iba llegando, incluso la anónima. Pero es que «en un momento dado», dice Rodríguez, «llegamos a recibir un correo donde ya se nos traslada una prueba gráfica donde se puede ver que hay una situación de un posible delito de odio de un trabajador -en concreto el subdirector- hacia un menor», reconoció.

Esa prueba se remitió a la Fiscalía, pero también se requirió a Quórum 77, que procedió a «apartar de inmediato a ese trabajador. La entidad lo despidió», confirmando la información publicada por CANARIAS7.

Rodríguez recordó que desde octubre del pasado año cuentan con 39 efectivos para inspecciones en los centros, y gracias a ellos se cerraron los dos mencionados «porque no reunían los requisitos mínimos de atención a los menores respecto a condiciones de higiene o de convivencia». En este caso se hacen «requerimientos a las entidades para que esto se resuelva» y, de no hacerse o ser reiterativo en el incumplimiento, se determina el cierre.

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