Quórum 77: una paliza a tres menores y quejas por trato racista, entre los detonantes del caso
Detienen a nueve trabajadores del centro de migrantes Emena La Fortaleza I y el juez clausura las instalaciones. Había 43 extranjeros tutelados
Nueve trabajadores del centro de menores Emena La Fortaleza I, ubicado en Monte Lentiscal (Santa Brígida), han sido detenidos este lunes por el Cuerpo General de la Policía Canaria en el marco de una operación ejecutada por la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y amenazas. Los arrestos de estas personas pertenecientes a la dirección del centro y al personal del turno de mañana se produjeron tras la orden de entrada y registro solicitado por la Fiscalía y autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia y adolescencia, que también decretó el cierre y precinto del espacio, por lo que los 43 menores extranjeros no acompañados que estaban allí alojados tuvieron que ser derivados a otros recursos. Este centro acoge migrantes con un perfil conflictivo llegados de otros recursos de todas las islas.
Según fuentes a las que ha accedido CANARIAS7, entre los detonantes de esta investigación hay, al menos, dos hechos graves. Uno de ellos fue la presunta agresión física a tres menores dentro del centro. Los supuestos autores de estas palizas desempeñaban la labor de técnicos auxiliares educativos –no tienen ninguna formación especializada en el trato con menores– y los afectados sufrieron lesiones de diversa consideración.
En ese momento, la trabajadora social que desempeñaba su labor en el centro es la misma que en la actualidad y la ahora directora –ambas fueron detenidas– era la educadora responsable del protocolo médico.
En esas fechas, antes de 2024, el director territorial de Quórum 77 llevaba la gestión de más de una decena de centros y no estaba físicamente en ninguno por lo que, tras estos graves hechos, colocaron a la referida educadora como directora. El propio Defensor del Pueblo tuvo conocimiento de estos hechos, apuntan las mismas fuentes.
El otro incidente se produjo cuando un educador del centro grabó a su subdirector profiriendo –presuntamente– insultos racistas muy graves contra los menores que estaban residiendo en el recinto de Bandama. Al parecer les gritaba -entre otras cosas- «negros de mierda» y esa actitud violenta era habitual en este empleado, por lo que fue despedido después de que el autor del vídeo lo enviase a la Fiscalía de Extranjería dirigida por Teseida García, responsable de este procedimiento.
También se especula que hace pocos meses, dos menores se fugaron del centro y cuando regresaron fueron objeto de una paliza. Supuestamente estos adolescentes denunciaron ante la policía estos hechos.
Los arrestos, de carácter estrictamente policial, tuvieron como objetivo tomar declaración a los implicados y, tras interrogarles, fueron puestos en libertad en las horas siguientes, ya que por ahora no se ha decretado ninguna imputación formal contra ellos por parte del magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez. No se descarta que el número de detenidos aumente, ya que la operación se encuentra aún en fase de explotación y solo fueron arrestados los empleados que estaban trabajando en ese momento, según ha podido saber este periódico.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la medida judicial se adoptó tras recabar «testimonios y evidencias de presuntos delitos contra la integridad moral y amenazas dentro del centro». Emena La Fortaleza I estaba gestionado por la entidad Quórum 77 y acogía hasta este lunes a dichos menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias. Se da la circunstancia de que estos jóvenes fueron enviados a otros centros gestionados por la misma empresa.
El Juzgado envió durante la mañana un oficio a la Consejería competente para comunicar el cierre del centro y solicitar que adoptaran «las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la protección de las personas que residían en él». La investigación, iniciada el pasado año 2024, se encuentra bajo secreto de sumario.
El centro Emena La Fortaleza I, ubicado en la antigua instalación del restaurante y campo de fútbol Maverick en la carretera de Bandama (Santa Brígida), estaba establecido bajo el Real Decreto 23/2020 que le eximía de licencia municipal, operaba sin supervisión oficial en suelo rústico no destinado a este tipo de actividad, lo que provocó que el Ayuntamiento lo denunciara en su momento ante la Agencia de Protección del Medio Natural.
Los vecinos de la zona residencial denunciaban continuamente problemas de convivencia con los menores, incluyendo ruidos nocturnos, peleas frecuentes, gestión inadecuada de residuos que atraía roedores, y acumulación de muebles rotos tras altercados. Las condiciones del centro fueron cuestionadas por no reunir los requisitos necesarios para funcionar como residencia. Esta situación, según los vecinos, degradó significativamente su calidad de vida, devaluó sus propiedades y generó un entorno de abandono y suciedad en la zona.
Despidos de trabajadores problemáticos
Ante el cierre de este centro, la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno canario informó ayer de que se han dado casos similares, de maltrato a los chicos acogidos en otros centros y que se han saldado con despidos de sus trabajadores por parte de las oenegés que las llevaban.
Así lo aseguró la responsable de este departamento, Sandra Rodríguez, que indicó que que cuando se conoce desde Infancia la posible comisión de delitos como los que se presumen en este caso, bien a través de las inspecciones que realiza en el marco de su protocolo de detección de vulnerabilidades, bien por las denuncias que recibe de trabajadores o del Servicio Canario de Salud o de centros educativos, lo comunica al juzgado correspondiente para que se investiguen. Por ello, en los últimos tres meses, y tras recibir denuncias de situaciones flagrantes de vulneraciones del interés superior del menor, ha exigido a varias entidades que gestionan este tipo de centros que aparte de manera cautelar a los trabajadores responsables de la guarda de estos chicos. Un requerimiento, recalcó, al que estas ONG han respondido con el despido de estos trabajadores.
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