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Las Palmas de gran Canaria
El compromiso del Ejecutivo de España es «firme»: los ocho millones recogidos en los Presupuestos del Estado de 2018 para ayudas en los sobrecostes de regadío «no se van a perder». Así lo aseguró ayer la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ante los representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y de distintas comunidades de regantes de Gran Canaria, así como del PSOE y Nueva Canarias.
Tras el encuentro, el líder de los nacionalistas, Román Rodríguez, señaló que estos fondos son «primordiales» para que su formación -Nueva Canarias- siga contribuyendo a la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las Cortes Generales y para dialogar sobre las cuentas del próximo año.
Máñez recordó que, una vez que se transfieran esos fondos por parte del Estado, tendrá que llevarse a cabo la oportuna tramitación por parte del Ejecutivo de Canarias para que estas ayudas lleguen sin mayor demora al sector.
Y es que, tal como denunció el secretario general del Partido Socialista, los fondos para el abaratamiento del agua correspondientes a 2017 se transfirieron por parte de Madrid el pasado mes de enero «y once meses después, todavía no han llegado a los agricultores». En su opinión, «ésta es una prueba más de que el dinero que viene del Estado queda ingresado en las arcas del Ejecutivo regional o de las empresas públicas ligadas al mismo, demostrando ineficacia en la gestión e incapacidad para transferir cuanto antes a los beneficiarios las partidas económicas comprometidas».
Por su parte, NC -además de Román Rodríguez acudió el diputado Pedro Quevedo, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los alcaldes de Gáldar y Guía- señaló que se mantendrá vigilante al cumplimiento de este compromiso y acordó volver a reunirse el próximo 14 de enero para analizar el estado de la nueva política estatal de ayudas al agua de riego agrícola en Canarias, conseguidas en sus negociaciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y 2018, que incluyeron su anclaje en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), en vigor desde el pasado mes de noviembre. Unos derechos «irrenunciables y permanentes» para los agricultores.
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