Al 75% de los menores tutelados en Canarias no se le ha podido realizar la prueba de edad

De los 2.652 menores que tiene tutelados la comunidad autónoma de Canarias, hay 2.016 -algo más del 75%- a los que aún no se les ha realizado las pruebas óseas para determinar su edad y poder decidir si deben seguir bajo tutela o ser tratados como inmigrantes adultos. El cálculo de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno canario, según la estimación de la dirección general de Protección a la Infancia, es que aproximadamente unos 600 de los jóvenes acogidos en centros de menores son ya mayores de edad al haber superado los 18 años, pero la lentitud en la realización de las pruebas impide comprobarlo.

Para determinar la edad real de los jóvenes que arriban a las costas canarias el protocolo establece que se les hagan dos pruebas óseas, una de muñeca y otra de mandíbula, que realiza un forense del Instituto de Medicina Legal y cuyo informe se remite al fiscal de Extranjería de cada provincia. En función del informe forense -y en caso de duda citando al propio menor- el fiscal certifica finalmente la edad. El atasco del proceso por el que esperan 2.016 jóvenes en las islas está fundamentalmente en el tramo sanitario y la realización de radiografías, que antes ya era lento pero se ha visto colapsado por la pandemia -durante los meses de confinamiento se paralizó por completo- y el aumento exponencial de la llegada de inmigrantes.

Ante las dificultades para acelerar el proceso, la consejería de Asuntos Sociales solicitó a mitad de enero que las radiografías necesarias para determinar la edad se realicen también en centros privados. La Fiscalía de Las Palmas aceptó la petición aunque de momento no se ha recurrido a esta vía, si bien se mantiene abierta la opción, porque en las últimas semanas se ha reactivado el proceso tanto en el centro público de referencia, que es el Hospital Insular, como en el Hospital Materno Infantil.

En todo caso, la cantidad máxima que se alcanza es de unas cuarenta pruebas a la semana dada la capacidad limitada del Instituto de Medicina Legal para hacer las comprobaciones y emitir los correspondientes informes, un ritmo que difícilmente permite llegar a todos los menores pendientes de determinar edad cuya cifra aumenta cada semana.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado para transmitirle las quejas que recibe sobe el proceso de identificación y las pruebas de edad de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España. Además de recalcar la «dudosa fiabilidad de las pruebas óseas», la institución que dirige Francisco Fernández Marugán recuerda que las autoridades deben tener en cuenta que cuando un menor carece de documentos que acrediten su edad no siempre se trata de una situación buscada intencionadamente para burlar la legislación de extranjería. Entre otras circunstancias, el Defensor del Pueblo recuerda que según los datos de UNICEF en los países en vías de desarrollo solo se registran la mitad de los nacimientos de los menores de 5 años y más del 64 % de los nacimientos que tienen lugar en países del África subsahariana no se registran, una realidad que «no se debería obviar», asegura.

Desde enero de 2020, cuando comenzó a repuntar la llegada de pateras y cayucos a las costas de las islas que ha devenido en la actual crisis migratoria, se han habilitado en Canarias hasta 26 dispositivos de emergencia ante la saturación de los centros de menores existentes, que cuentan en total con una capacidad de alrededor de 500 plazas. Los 2.652 menores acogidos en la actualidad -cuya tutela es competencia de la comunidad autónoma y la guarda corresponde a los cabildos insulares- superan con creces esa capacidad, una situación ha llevado al Gobierno canario a apelar al apoyo y la solidaridad de otras autonomías. Ya se han alcanzado acuerdos con dos de ellas, Castilla y León, que ha ofrecido 25 plazas, y Cataluña, que ha puesto 40 plazas a disposición de Canarias.

Al tratarse de una competencia autonómica se ha tenido que buscar una fórmula jurídica que permita la derivación de los menores no acompañados a otros territorios, que finalmente ha sido a través de una resolución de cesión de tutela. Pese a que fue Castilla y León la primera comunidad que se ofreció a colaborar, todo apunta a que se podrá proceder en primer lugar al traslado de los 40 menores que van derivados a Cataluña, puesto que mientras esta última tiene las plazas disponibles de inmediato, Castilla y León tardará aún al menos un mes en tenerlas listas. La estimación de la reunión sectorial de Migraciones es que entre el conjunto de las autonomías se puedan derivar a un máximo de entre 100 y 150 menores no acompañados.