Los Servicios Jurídicos avisan al TSJC que no pueden defender el concurso de Negrín

Así está recogido en las alegaciones enviadas a la citada Sala en el marco del recurso contencioso administrativo presentado por Videoreport Canarias SA ante la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de no admitir un primer recurso de esa compañía contra la licitación de Negrín, que actuó al margen del Consejo Rector.

En el escrito de seis folios, los Servicios Jurídicos advierten que su comparecencia en el contencioso judicial es solo «en representación y defensa del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, careciendo de competencia para actuar en nombre de Televisión Pública de Canarias SA, la que debe ser emplazada en el presente procedimiento».

Seguidamente, los juristas explican por qué no pueden ir más allá: el artículo 12 del Decreto 19/1992, de 2 de febrero, que aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos, fija que los letrados solo pueden actuar en asuntos que afecten a «entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas» si existe «previa suscripción de un convenio que así lo determine». Y añaden: «No existe ningún convenio suscrito con el citado ente».

De hecho, los juristas se aferran a la tesis que desde hace meses defiende el propio Gobierno canario, y que han hecho suya, en sede parlamentaria y ante la prensa, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el presidente Fernando Clavijo. Se trata del argumento de que el Gobierno no tiene competencia para fiscalizar ni para asesorar jurídicamente a Santiago Negrín, ya sea como presidente del Consejo Rector de RTVC o de las sociedades mercantiles englobadas en esta (Televisión Canaria y la radio autonómica).

Así las cosas, la estrategia seguida por Negrín, CC, el Gobierno y el PSOE para que el primero cuente con un informe de los Servicios Jurídicos que avale su concurso coloca a los juristas de la Comunidad Autónoma en la tesitura de contradecirse. Y es que se les pide un informe sobre la capacidad de Negrín para ser el licitador como administrador de Televisión Canaria cuando ese es precisamente el centro del contencioso planteado en sede judicial. Más aún: los Servicios Jurídicos son coherentes en el escrito enviado al TSJC con la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que es un órgano dependiente de la Consejería de Hacienda y que decidió no admitir el recurso de Videoreport Canarias SA al entender que tampoco puede pronunciarse sobre una licitación de un órgano que no está sujeto a tutela del Gobierno canario.

Desde un primer momento en las filas de la oposición parlamentaria (Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias) se sospechó de que la petición del PSOE, en primera instancia, y luego de Santiago Negrín de un informe de los juristas de la Comunidad Autónoma era fruto de un compromiso entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo para que Negrín pueda seguir al frente de RTVC. Ahora, los argumentos de los juristas autonómicos trasladados al Tribunal Superior de Justicia de Canarias ponen en entredicho la viabilidad de esa estrategia.

Cabe recordar que desde julio de este año el jurista Martín Orozco alertó por escrito a Santiago Negrín y a su equipo de que, antes de convocar el pliego, debía pedir el informe previo de legalidad a los Servicios Jurídicos. Pero Negrín hizo caso omiso; convocó el concurso sin contar con el Consejo Rector y ha pedido el amparo de los Servicios Jurídicos tres meses después, cuando el asunto ya está judicializado y esos juristas ya han señalado que no pueden actuar en defensa de Televisión Canaria.