Los denunciantes auguran que CC usará el victimismo y Barragán critica las prisas

09/11/2018

Los denunciantes del caso Grúas se mostraban ayer satisfechos con informe emitido por la Fiscalía.

«Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir y no lo que Coalición Canaria ha estado intentando que sucediera» que, según el portavoz en el Ayuntamiento de La Laguna de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-Nueva Canarias), Santiago Pérez, ha sido que la Fiscalía «informara sin contemplar la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía». Pero, además, según Pérez, también pretendía CC que el Ministerio Fiscal entrara en el fondo del asunto y propusiera «el sobreseimiento de toda la causa».

La estrategia, sostienen los denunciantes, era «que la Fiscalía asumiera la plenitud jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y propusiera el libre sobreseimiento», pero como no ha sido así, ahora la cosa cambio, dice Santiago Pérez, y «ya están poniendo los ladrillos de una estrategia victimista» y así comenzar «un nuevo enredo».

Y esto es así, señala el portavoz de Unid@s se Puede, Rubens Ascanio, porque el retorno de la causa a la jurisdicción ordinaria lleva aparejada la «casi inmediata citación» por parte de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para que declare como investigado (antes imputado).

«Al caso todavía le queda un largo recorrido por delante, porque el proceso solo ha alcanzado una fase muy preliminar de testificaciones y de estudio de los documentos», decía ayer Ascanio nada más conocer el informe emitido por la Fiscalía.

«A día de hoy estamos a poco de ver a Fernando Clavijo declarar como imputado, igual que ya vimos al alcalde de La Laguna [José Alberto Díaz] y a su portavoz municipal [Antonio Pérez-Godiño]», pero antes, anunciaba Unid@s se Puede, van a reiterar el escrito que formularon en abril de 2018 «para pedir declaraciones de testigos claves y la suma de nuevos documentos que serán fundamentales para el desarrollo de este caso».

Como acusación particular, igual que Unid@s se Puede, la representación legal de XTF-NC requirió ayer mismo por escrito al TSJC que remita «de inmediato» el caso Grúas al juzgado competente, una vez que ha entrado en vigor el Estatuto de Autonomía que suprime el aforamiento de los diputados y miembros del Gobierno de Canarias.

«En estos momentos, el TSJC no tiene más jurisdicción sobre el caso Grúas que la que pueda tener un servidor, es decir, ninguna. Y tomar decisiones judiciales sin tener la competencia sobre el caso son palabras mayores», resumió Santiago Pérez.

Por su parte, el consejero de Justicia, José Miguel Barragán, seguía manteniendo, ya con el informe de la Fiscalía en la mano, el argumentario de los últimos días. Al también secretario general de CC, le sorprendía que el Ministerio Fiscal se pronunciara «en solo 48 horas» sobre «un asunto en el que no hay precedentes en el país». Se refiere Barragán, sin nombrarlo, a la pérdida del aforamiento de Fernando Clavijo como consecuencia de la reforma del Estatuto y con ello de la competencia del TSJC para conocer la causa. Tal y como relatan los denunciantes, en la estrategia de CC con el caso Grúas, Barragán, además de quejarse de que el Ministerio Fiscal entienda que las diligencias deben remitirse al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, amonesta a la Fiscalía y le recuerda que siguen «esperando» a que se pronuncie «sobre el fondo del asunto».

Los denunciantes del caso Grúas sostienen que los argumentos del fiscal para proponer a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC que reenvíe las diligencias del caso Grúas a los Juzgados de La Laguna son de una solidez irrefutable pues, lejos de lo que plantea Barragán (que a pesar de la entrada en vigor del Estatuto y de la derogación del fuero no hay ninguna norma que impida que los casos en trámite en el TSJC continúen tramitándose en esa jurisdicción), el Ministerio Fiscal sitúa en la finalización de la instrucción y la apertura de juicio oral el momento procedimental de no retorno, es decir, cuando queda fijada la competencia jurisdiccional. El fiscal admite la nueva situación que se da en Canarias, pero echa mano de jurisprudencia para determinar que, si el fuero se pierde antes de la apertura de juicio oral, la causa retorna al tribunal ordinario.

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