La grúa lagunera arrastra con todo lo que toca

Esa confianza se fue acrecentando a medida que les llegaba información de que así lo pensaba también el teniente fiscal, Demetrio Pintado, que recibió el encargo de su superior jerárquico, Vicente Garrido, de elaborar un informe sobre competencia y contenido, esto es, si la Fiscalía Superior debía participar en la investigación y si, como apuntaba el fiscal que participó en la instrucción, la actuación de Clavijo cuando fue alcalde de La Laguna en relación con la concesión del servicio de grúas llevaba a concluir que pudo cometer prevaricación y malversación de fondos públicos.

Pero el tiempo pasaba y del TSJC y la Fiscalía no llegaban más noticias que meras conjeturas y la insistencia en que Pintado era partidario de dar carpetazo al asunto. Los nervios se tensaron en CC cuando cayeron en la cuenta de que el calendario jugaba en su contra: cada día que pasaba, faltaba uno menos para la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía aprobado en el Senado el 24 de octubre. Un texto que, por iniciativa de Ciudadanos, acababa con los aforamientos pero no fijaba disposición transitoria alguna sobre este extremo, de manera que no se aclaraba qué sucedía con los casos de aforados que ya estaban en sede judicial. Y eso es lo que pasaba con Clavijo y también con otro dirigente político de CC, el diputado y miembro de la Mesa del Parlamento, Mario Cabrera, objeto de una querella de la Fiscalía por la gestión en el Cabildo majorero, con su sucesor en la presidencia insular, Marcial Morales, también implicado.

Las sospechas de que no habría pronunciamiento de la Fiscalía sobre el contenido y solo sobre la competencia, y de que eso llegaría ya con el Estatuto publicado en el BOE, activó las alarmas en CC y en la defensa de Clavijo. Por eso los abogados presentaron sendos escritos al TSJC pidiendo el sobreseimiento y alertando de lo que ya es su hoja de ruta: una acción judicial por presunta prevaricación judicial, aferrándose a que, además de dilación indebida en el procedimiento, hubo un retardo malicioso, con el añadido de que se ha perdido la tutela judicial efectiva y el derecho al juez predeterminado.

Otros juristas, pero también políticos, como el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, eluden por ahora ir tan lejos pero sí concluyen que, en todo caso, ha habido una vulneración de derechos fundamentales por esa decisión de la Fiscalía de no pronunciarse hasta que entrase en vigor el Estatuto. Añaden que la nota del fiscal superior, Vicente Garrido, abona esa tesis y da armas a la defensa del Clavijo.

En cuanto se conoce la decisión de la Fiscalía Superior, que admite abiertamente que su posición fue consultada con la Fiscalía General del Estado y en concreto con la Secretaría Técnica, la tensión da paso al cruce de reproches. De CC y el Gobierno a la Fiscalía y también al Tribunal Superior; del magistrado y presidente del TSJC, Antonio Doreste, a sus compañeras de Sala (Carla Bellini y Margarita Varona) por no haber contestado a los escritos de las partes cuando el aforamiento era incuestionable y por haber esperado por un informe de la Fiscalía que, en todo caso, era preceptivo pero no necesario para resolver y tampoco vinculante para la decisión; del fiscal superior al presidente del TSJC por la literatura de su voto particular; y de los denunciantes del caso -los partidos Por Tenerife y Sí se Puede- al considerar que CC y el Gobierno estaban poniendo en marcha una campaña de descrédito contra la propia justicia.

Hasta ayer la defensa de Clavijo no había presentado el recurso de reforma al que tiene derecho ante la Sala de lo Penal del TSJC. Pero como confían poco en que prospere, el viernes ya el presidente anunció que había ordenado estudiar acciones legales contra la Fiscalía. Así, la hoja de ruta seguiría siendo lo mismo: una denuncia por lo penal que llegaría al Tribunal Supremo.

Pero en paralelo hay otra hoja de ruta que no para: el caso llegará más pronto que tarde al juzgado lagunero y ahí los denunciantes ya se preparan para una posible citación de Clavijo en calidad de investigado -lo que antes se conocía como imputado-. Todo ello en una ciudad de La Laguna en la que CC mantiene a duras penas el poder local tras marcharse el PSOE y donde si no se ha presentado hasta la fecha una moción de censura es precisamente porque los socialistas -las dos ediles que gobernaban y los que se fueron- están divididos. Hasta en eso se ha cumplido el peor de los pronósticos de CC, que creyó tenerlo todo atado y bien atado y ahora ve cómo había demasiados cabos sueltos.

Mientras, la justicia se lame las heridas: su cúpula ve cómo un caso que nace en una decisión municipal lleva a que desde el partido gobernante y desde la persona del presidente de Canarias se cuestione su imparcialidad; los magistrados son incapaces de unificar un criterio, el fiscal jefe cuestiona el estilo literario del presidente de los jueces y, por si fuera poco, en Madrid el Consejo General del Poder Judicial vive su particular tormenta a cuenta del pacto político para su renovación y el veto a la presencia de la jueza Victoria Rosell.

Respeto a los tribunales. El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, insistió ayer en pedir a los partidos respeto a los tribunales en relación al desarrollo del caso Grúas en aplicación del principio de separación de poderes, por el que «ni los políticos se pueden poner una toga ni los jueces pueden estar en un debate parlamentario».

Ambiente «enturbiado». «Por tanto, respetemos cada uno el campo de actuación que tenemos», sentenció Antona a preguntas de periodistas sobre el ambiente «enturbiado» que se ha generado en torno al caso Grúas, que investiga presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de La Laguna cuando era su alcalde el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

Fallo pendiente. Insistió el presidente de los populares canarios en que ha instado a los partidos a no pronunciarse en tanto la Justicia no haya fallado al respecto porque, «como enturbiado que está, yo creo que, al final, no aportamos nada» opinando sobre el proceder de magistrados o fiscales.