Caso Koldo: el juez imputa al empresario de la obra fallida del antiguo cine Royal
El magistrado da un impulso a la investigación e incluye a cinco empresarios entre los investigados
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado un auto en el que acuerda la imputación, entre otros, del empresario José Ruz, dueño de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) responsable de la fallida reforma de los antiguos cines Royal de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, LIC ganó la licitación por 6,5 millones para convertir aquel edificio en sede de la Agencia Tributaria Canaria. LIC no culminó la reforma y se acabó declarando el concurso, con el añadido de que el inmueble como TIA continúa cerrado.
El juez del Supremo acordó la investigación de cuentas bancarias de cinco empresarios, a quienes cita entre el 4 y el 7 de julio como investigados, entre ellos, a Antxon Alonso, socio de la empresa Servinabar 2000 junto con Santos Cerdán, señalada en el último informe de la UCO por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Junto a Alonso, los otros empresarios son Antonio y Daniel Fernández, Fernando Agustín Merino y el ya citado José Ruz, como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio».
El juez les incorpora en este procedimiento porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida« a la de Cerdán.
Además, el juez requiere la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los investigados o al de las empresas, Acciona, LIC, OPR y Servinabar 2000 en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de la fundación Fiadelso, fundación vinculada con el exministro. Se van a investigar cerca de 500 cuentas bancarias.
Según el ultimo informe de la UCO, LIC estuvo durante meses pagando un sueldo a Koldo García, que habría hecho llegar parte de ese dinero a José Luis Ábalos.
En un anterior informe, el equipo de élite de la Guardia Civil detalló que Koldo y Ruz coincidieron en el mismo hotel en 2022 en la capital grancanaria, antes de que la Agencia Tributaria licitase la obra del Royal.
Asimismo, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las cuentas, los inmuebles y el correo corporativo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien cita el próximo día 30, para que declare ya en calidad de investigado, tras suspender su declaración del miércoles 25.
En concreto, pide investigar las cuentas y productos bancarios en los que figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles y vehículos, además de requerir información tributaria de Cerdán para conocer su situación financiera.
Además, el juez quiere acceder al correo corporativo de Santos Cerdán en el PSOE y por eso la UCO ha accedido este viernes, a petición del magistrado, a la sede de Ferraz para proceder al clonado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta corporativa de Cerdán y de cualquier otra usada exclusivamente por él.
El magistrado, eso sí, ha aplazado la declaración de Santos Cerdán al lunes 30 de junio para que su nuevo abogado tenga tiempo para desarrollar su defensa eficazmente, y precisa que ya no será voluntaria sino «preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él».
Considera que Cerdán «pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser él quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».
Ahora bien, el juez no accede a la petición de las acusaciones populares para que ordene el registro del domicilio y de los despachos que tenía el exsecretario de Organización del PSOE en la sede de Ferraz, así como en el Congreso de los Diputados, porque es una diligencia que no se considera útil en este momento.
Explica que «el eventual riesgo de destrucción de pruebas» al que las acusaciones se refieren «no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido aquél, ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación».
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