El contratista del Royal pidió a Koldo que lo colasen en una UTE amañada
La UCO considera «reseñable» la capacidad de influencia del que fuera asesor del ministro Ábalos. Sus gestiones ante Adif promovieron otra contrata para LIC
José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa que recibió el encargo del Gobierno de Canarias de remodelar el antiguo cine Royal en la capital grancanaria para acoger la sede de la Agencia Tributaria Canaria, pidió en noviembre de 2020 a Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, que mediase para que lo incluyesen en una unión temporal de empresas (UTE) favorecida en alguna adjudicación de ámbito estatal.
Esa conversación está incluida en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido la pasada semana al juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo y que ha derivado en una crisis de grandes dimensiones en el Gobierno y en el Partido Socialista.
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La conversación entre Koldo García y Ruz fue grabada por el primero y tiene lugar seis meses después de que LIC ganase la licitación abierta por la Agencia Tributaria Canaria por 6,5 millones de euros para reformar el edificio de los multicines Royal en la calle León y Castillo de la capital. El Gobierno acabó rescindiendo el contrato por incumplimientos de LIC, que presentó concurso de acreedores, y el edificio sigue cerrado. En este último informe la UCO no alude a esa contrata; sí lo hace en uno anterior, donde llama la atención sobre la coincidencia de Koldo García y José Ruz en un hotel de la capital grancanaria días antes de hacerse público el pliego de la licitación.
Unos 25 millones de euros en un edificio que sigue cerrado y con promesas de pronta inauguración
Comprado a finales de 2018 por el Gobierno de Canarias bajo presidencia de Fernando Clavijo, fue al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, en el llamado Pacto de las Flores, al que le tocó iniciar la remodelación de los antiguos multicines Royal como sede de la Agencia Tributaria Canaria (ATC). La licitación recayó en LIC, a lo que se añadieron otros contratos de seguridad, mobiliario y diversos servicios. A día de hoy entre la compra y diversas contratas, la Hacienda canaria ha destinado unos 25 millones de euros al inmueble. Siete años después de su compra los trabajadores de la ATC esperan para mudarse.
El 18 de noviembre de 2020, Koldo García y José Ruz conversan a solas y el empresario le solicita su mediación ante el órgano estatal de gestión ferroviaria Adif para ser incluido en una UTE favorecida por alguna contrata, todo en el marco de presuntos amaños en las licitaciones.
La conversación que llamó la atención a la UCO fue así:
-José Ruz (J.R.): Una cuestión, cuando pones a los primeros en (Ininteligible), conceptualmente ponéis a los primeros, por ejemplo, lo del by-pass de Valencia, ¿pero por qué no me metes en esos pliegos? ¿Por qué me dices tú ahí no participes? Por entenderlo, por no ponerme pesado, claro, porque no tiene sentido. No, ahí no te acerques, no sé qué.
-Koldo García (K.G.): [Habla bajo)]. Porque eso ya lo tienen ya mandao [fonético] y sería muy difícil que te tocara, si te pongo tercero, igual…
-J.R.: No, si es para meterme dentro de una UTE de los que están ahí.
-K.G.: ¡Ah!
-J.R.: Claro, ¿me entiendes?
-K.G.: Vale, bueno pues te meto con Puentes y con Copasa. Hablo con ellos.
-J.R: Habla con ellos.
Para la UCO resulta «reseñable que un asesor del Ministro de Transportes tuviera capacidad para determinar las empresas que conformaban UTE para licitar obras de dominio público».
Más adelante, agregan los investigadores, Koldo García mantuvo una conversación con Isabel Pardo de Vera, que estuvo al frente de Adif, entre otros cargos de ámbito estatal, en la que pidió que se le adjudicase alguna obra a LIC. Koldo «preguntó por la posibilidad de que le fuera adjudicado algún expediente de emergencia, contestando Isabel Pardo de Vera que le habían dado uno hace poco y darle otro en tan poco tiempo podría levantar sospecha. No obstante, tan solo un mes más tarde, ADIF le adjudicó a LIC el expediente de emergencia 3.20/27507.0207 por importe de 592.053 euros» para la estabilización de los taludes en un tramo ferroviario de Asturias.
78 millones bajo sospecha y una «pensión» a Ábalos
En su último informe entregado al Tribunal Supremo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pone la lupa sobre adjudicaciones de ámbito estatal a Levantina Ingeniería y Comunicación por importe de unos 78 millones de euros y que podrían haber sido amañadas, con el añadido de que LIC, a través de una tercera empresa, hacía supuestamente pagos a Koldo García y este, a su vez, hacía llegar una parte de ese dinero a José Luis Ábalos, en un concepto que aparece definido en el informe como «la pensión»
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