El caso Koldo y Canarias: la corrupción comparte ADN

Las comparaciones son odiosas pero las similitudes son claras. En los casos de presunta corrupción política siempre hay elementos comunes, como una especie de huella de ADN que se repite aunque cambien los protagonistas. Ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que él también lidera como secretario general, viven bajo el impacto de las nuevas revelaciones del caso Koldo incluidas en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado esta semana al Tribunal Supremo, los paralelismos con casos como Mascarillas y Mediador en Canarias son más que evidentes.

El voluminoso informe de la UCO recién entregado al juez que instruye el caso Koldo tiene como punto de partida el abundante material grabado durante años por Koldo García, que empezó siendo hombre de confianza de Santos Cerdán en Navarra y después fue chófer y asesor personal plenipotenciario de José Luis Ábalos cuando este fue aupado al frente del Ministerio con mayor capacidad de inversión, además de llevar la poderosa Secretaría de Organización del PSOE (en la práctica, equivalente al número dos del partido).

La UCO explica en ese informe que Koldo García recurría a las grabaciones de sus conversaciones y de las reuniones en las que estaba como mecanismo de protección: era plenamente consciente de que se bordeaba la legalidad en mucho de lo hablado y usaba los audios de lo que se decía como salvaguarda si alguien quería usarlo como chivo expiatorio. De hecho, en varias de las conversaciones más recientes con Ábalos y Cerdán, Koldo García, que ya era sabedor de que lo estaban investigando, amenaza con 'tirar de la manta'.

Exactamente lo mismo sucedió con Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre por ese papel al caso Mediador. Él también pasó años grabándolo todo, tanto en audio como en vídeo y fotos. Los investigadores de la Policía Nacional y la jueza instructora del caso, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, se frotaron las manos cuando, tras una denuncia por presunta estafa que se acabó volviendo contra el denunciante, Navarro Tacoronte accedió a entregar los móviles y todo el arsenal documental que había atesorado.

En sus grabaciones también se ve cómo, en el momento en que algunos empresarios lo amenazan con llevarlo ante la justicia por presunta estafa (al llevarse dinero de comisiones y no realizarse el trato de favor prometido), hace llegar tanto a ellos como al entonces diputado Juan Bernardo Fuentes que iba a desvelar todo lo que sabía. La Justicia se ha ido encargando de ello y el caso se sigue instruyendo en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, cuya titular va cerrando poco a poco las diferentes piezas separadas, con una decena de personas investigadas.

El ya exministro y exdiputado José Luis Ábalos no solo formó parte del reducidísimo grupo de confianza de Pedro Sánchez que le hizo compañía cuando fue casi un proscrito en el Partido Socialista por atreverse a desafiar el poder orgánico. Ahí empezó a labrarse la leyenda de Sánchez, con Santos Cerdán también en ese clan que cabía en un coche, y ahí también se articuló otra fama: la de Ábalos como un tipo muy resolutivo, algo tosco en las formas pero con habilidad para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas.

Con esa vitola llegó al Ministerio inversor por naturaleza, donde se sentó con las grandes constructoras, controlaba la gestión portuaria, la red ferroviaria e incluso la política de vivienda.

Cuando estalla la pandemia de covid-19, Ábalos emergió como ministro clave para atender la emergencia. Por sus manos pasaban las llegadas de mercancías en tiempos de escasez y fue Koldo García quien hizo de mediador para que empresarios como Víctor de Aldama se convirtieran de repente en intermediarios de empresas de suministros sanitarios. Fue el caso de Soluciones de Gestión, que se hizo de oro abasteciendo a Puertos del Estado y, con esa carta de presentación, también a los gobiernos de Canarias y Baleares, ambos con presidencias socialistas (Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente).

Para el PSOE canario, Ábalos era su interlocutor preferente. Si querían algo del Gobierno de Sánchez, lo llamaban a él, sea cual fuera la materia. Es más, lo veían como un interlocutor más solvente que la propia Carolina Darias.

Ese perfil de gestor resolutivo, de persona para todo, coincide con el de Conrado Domínguez. Tanto que lo mismo le valió a los socialistas para darle un cargo directivo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde controló licitaciones millonarias, como para que el Gobierno de Coalición Canaria recurriera a él como director del Servicio Canario de la Salud cuando los socialistas salieron del pacto regional. Ese fichaje escoció en un sector del PSOE pero fue aplaudido en otros, ese mismo que lo repescó, ya con el Pacto de las Flores, para llevar otro puesto de gran valor estratégico y por el que pasaban expedientes millonarios: la secretaría general de la Consejería de Obras Públicas, con Sebastián Franquis como titular de la misma.

Al estallar la crisis pandémica, esa fama de buen gestor hizo que Franquis y Román Rodríguez presionaran, entre otros, para que Torres llevase a Conrado Domínguez a ese comité de gestión de la pandemia del que no hay actas de sus reuniones y del que, cinco años después, ha sido imposible saber a ciencia exacta qué se acordaba en su seno. De ahí, supuestamente avalado por la celeridad con que conseguía material sanitario, fue ascendido a director del Servicio Canario de la Salud tras la etapa interina de Antonio Olivera y el breve paso por el cargo de Alberto Pazos, que se encontró con algunos contratos firmados por Domínguez que tropezaban con su ortodoxia sobre la gestión pública.

La confianza se tiene hasta que se pierde, pero la confianza ciega en ocasiones se mantiene a pesar de que las evidencias del error son tantas que las ven casi todos menos el que no quiere abrir los ojos. Es, más o menos, lo que parece haberle ocurrido a Pedro Sánchez con Santos Cerdán y lo que en su día le pasó a Ángel Víctor Torres con Conrado Domínguez. En el caso del presidente del Gobierno de España, hay otra posible explicación: sí sabía lo que llevaba años haciendo (siempre presuntamente) Cerdán, como también lo supo en el caso de Ábalos, pero se resistía a cortar políticamente esas cabezas porque igual también caía la suya.

Cuando Sánchez adelantó el último Congreso Federal socialista y colocó de nuevo a Cerdán en Organización, ya había fundadas sospechas sobre su actividad. El miércoles, tras conocerse el informe de la UCO, lo llamó a capítulo a La Moncloa y de allí salió Cerdán con el anuncio de una dimisión orgánica y de renuncia al acta de diputado que a día de hoy no se ha concretado en el registro del Congreso.

Torres tardó seis meses en asumir que Conrado Domínguez no podía seguir en el cargo de director del Servicio Canario de la Salud. Su Gobierno lo recuperó para ese cargo en septiembre de 2020, cuando ya se había acordado con la empresa compraventa de coches RR7 el pago de 4 millones de euros por la entrega de un millón de mascarillas contra la covid-19. Fue en mayo de 2022 cuando CANARIAS7 desveló el fiasco de lo que ya empezó a llamarse el caso Mascarillas y la versión del Ejecutivo es que se enteró del mismo por el periódico, porque Conrado Domínguez lo había ocultado. Pese a ello, se le disculpó, se le mantuvo en el cargo y se le encargó incluso que escribiera las alegaciones al preinforme de la Audiencia de Cuentas que cuestionaba los contratos sanitarios de emergencia, un dictamen rechazado en el pleno de la Audiencia por presiones políticas, en una decisión sin precedentes.

Conrado Domínguez siguió en el cargo pese a que la Fiscalía Anticorrupción iba desvelando más sombras en el contrato con RR7 y el Gobierno se aferraba a que solo un contrato fallido no era suficiente para perder la confianza. Esa que se volatilizó cuando en noviembre de 2022 este periódico publicó mensajes entre Domínguez y el dueño de RR7 que revelaban que sí hubo trato directo entre ambos, justo lo contrario de lo que el director del SCS había mantenido dentro y fuera del Gobierno.

Ese día Torres lo llamó a capítulo. Domínguez fue acompañado de su gran valedor hasta aquel momento: Sebastián Franquis. La reunión fue muy tensa y acabó con una fórmula que evitaba minimizar, en lo posible, el daño para Domínguez: presentaría la dimisión para evitar que la destitución fuese llevada por Torres al Consejo de Gobierno del día siguiente.

Domínguez trató de buscar asideros al salir de la reunión y multiplicó las llamadas telefónicas en busca de apoyos pero la suerte estaba echada. Su caso sigue en manos de la Fiscalía Europea y los 4 millones dados a RR7, más los intereses, siguen sin aparecer. Otros contratos de emergencia de aquella época siguen bajo la lupa judicial.

Tanto la UCO en el caso Koldo como la Policía Nacional y la Guardia Civil en el caso Mediador se encontraron con otros 'modus operandi' similar. Implicados que se instalaban en un nivel de vida superior a sus ingresos legales y el gusto de algunos por recurrir, en su tiempo de ocio, a mujeres prostituidas.

Las grabaciones hechas por Koldo García incluyen pasajes en los que habla con Ábalos sobre las mujeres que les pueden acompañar tras un acto del Partido Socialista, una conversación que deja claro que no es la primera vez que hablan de lo mismo (y de las mismas mujeres, a las que conocen por sus nombres y países de origen). De Ábalos ya se ha acreditado, además, que colocó en empresas públicas o en privadas implicadas en la trama a quienes fueron sus parejas más o menos estables. Koldo García hizo lo propio con su esposa.

En el caso Mediador, Antonio Navarro hacía con el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes y con su sobrino y en aquel momento director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, lo mismo que Koldo: les hacía llegar el catálogo de mujeres y ambos elegían con quien pasar o una noche o incluso todo el fin de semana. Los gastos iban por cuenta de las empresas captadas con promesas de tratos de favor.

También el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el caso Mediador, recurrió a la trama para que intentase encontrarle un empleo, a razón de 3.000 euros mensuales, a quien fuera su pareja.