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La Delegación del Gobierno ha confirmado que la nave de detención policial ubicada en Lanzarote que acogía a los inmigrantes durante las primeras 72 horas desde su llegada ha quedado vacía desde este martes. La última treintena de personas rescatada cerca de la isla el lunes ya habría sido reubicada en otros centros de acogida del archipiélago. Un procedimiento que se ha venido haciendo con las personas que aún continuaban en la nave.
De esta manera, el nuevo Centro de Atención Atención Temporal a Extranjeros (CATE) ya se encuentra plenamente operativo -se esperaba por dar de alta los suministro básicos- y será el lugar que reciba a los ocupantes de próxima patera para realizar el proceso de identificación y los trámites de devolución.
Las instalaciones están situadas junto a la Comisaría de Policía de Arrecife y se abrieron no sin polémica después de meses de bloqueo por parte del Ayuntamiento del municipio, que consideraba que no cumplía con las condiciones necesarias. A juicio de la alcaldesa, Astrid Pérez, la inversión de 2,1 millones de euros realizada por el Ministerio de Interior no calzaba con una infraestructura de «20 casetas de campaña, tres contenedores y un vallado perimetral». Así, negaba que hubiera unas garantías mínimas que permitiera la acogida y reclamó cumplir con la legalidad para que no se convirtiera «en otro Aguineguín».
Esta oposición terminó por obligar al Gobierno a declarar el lugar como obra de interés general, con el objeto de sortear las exigencias urbanísticas y agilizar su apertura para este mes.
La falta de una red estable de acogida en Lanzarote se ha hecho manifiesta especialmente durante este último año en el que las tendencias migratorias han vuelto a virar hacia el norte, optando por las rutas más cortas. Esto ha repercutido en un repunte de pateras en esta isla como en Fuerteventura, además de Gran Canaria, principal receptora desde el inicio de la crisis humanitaria. Las dos islas no capitalinas acogieron el 40% de todas las llegadas de 2021.
En este sentido, varios colectivos han denunciado el riesgo de que Lanzarote siga los pasos de la capital provincial. La última llamada de atención ha venido de parte del Defensor del Pueblo, que tras una visita en noviembre pidió a la Dirección General de la Policía el cierre «inmediato» de la nave donde permanecían los inmigrantes al no cumplir las condiciones «mínimas de habitabilidad y salubridad».
En su informe aludía a la ausencia de baños, el hacinamiento de personas o la presencia de mujeres y menores -colectivos que por su condición de vulnerabilidad se recomienda que estén en módulos separados- entre otros conflictos. Un contexto por el que en fue bautizado como la nave de la «vergüenza», en clara referencia al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.
En los últimos dos días han llegado al archipiélago 564 personas a bordo de nueve pateras, la mayoría de ellas al sur de Gran Canaria. La Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo desembarcó ayer en el muelle de Arguineguín a los ocupantes de cuatro embarcaciones, de origen magrebí y subsahariano, después de ser avistados por el Helimer 201 y un buque mercante. De los 177 rescatados, 18 eran mujeres y 7 menores de edad.
El avión de Salvamento Marítimo Sasemar 101 también avistó durante el mediodía del jueves otras cinco pateras al sur de la isla a las que, horas después, se sumaría una más. En total se contaron otras 334 personas entre las que se encontraban 38 mujeres -tres de ellas embarazadas- y 17 menores de edad. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para supervisar su estado de salud, mientras que uno de los hombres adultos fue derivado a otro centro hospitalario para ser asistido de las patologías leves.
La séptima embarcación de la jornada, una neumática, fue localizada por un carguero en Fuerteventura con 53 ocupantes, 15 mujeres. La Salvamar Mizar los desembarcó a última hora de la tarde en el muelle y donde dio traslado a un hombre al hospital.
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