Opositores acudieron a las OPE ordinarias de 2017 celebradas recientemente en Tafira. / Cober

Los interinos ven «un paso adelante» con las OPE queda negociar las bases

Los sindicatos aseguran que ha reducido la disparidad de criterios y confían en llegar a acuerdos antes del plazo marcado por la ley

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La publicación del número de plazas de las ofertas de empleo público (OEP) extraordinarias era «la parte fácil». La ley estatal 20/2021 fija el 1 de junio como plazo máximo para que todas las administraciones saquen a la luz esa relación de puestos y, hasta la fecha, lo han hecho 42 ayuntamientos, tres cabildos –Tenerife, La Gomera y Fuerteventura– y el Ejecutivo autonómico, que recientemente anunció 3.496 plazas.

«En los próximos días veremos más, porque las hay que están aprobadas pero no publicadas y las que se queden fuera ya no podrán acceder por esta vía», explica Juan Miguel Suárez, secretario de acción sindical de CC OO. «Lo ideal es que saliera todo ahora, aunque la realidad es que en algunas administraciones se está haciendo el procedimiento deprisa y corriendo», añade.

Para los sindicatos de la Mesa General de Negociación –salvo Intersindical Canaria– el cumplimiento del plazo significa «un paso adelante» para regular la alta tasa de temporalidad en el archipiélago. En línea con las exigencias de Europa, se prevé pasar del 40% al 8% durante los próximos dos años.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma se enfrenta ahora a un segundo tiempo, el de la publicación de las bases antes del 31 de diciembre de este año. «La verdadera guerra es esa», según señala el portavoz de Sepca, Manuel González, pese a que también afirman que el clima de la negociación ha mejorado con respecto al inicio del conflicto.

Coinciden CC OO y CSIF que presentan criterios «más ordenados» y, por ello, esperan adelantarse y tener un acuerdo cerrado para octubre. En esta línea, las mesas de trabajo, que ya llevan terreno ganado, se reunirán el mes que viene con la intención de cerrar el grueso del acuerdo antes de agosto; un mes inhábil en la Administración.

El peso de la antigüedad

Entre los principales puntos a abordar está el peso que ocupará la antigüedad y la experiencia en los criterios de baremación de méritos. Las opciones más sonadas responden a un 60%, al que se sumaría un 40% de formación, frente a un 90% de antigüedad y servicios prestados a la administración convocante con un 10% de formación. «Esa es una línea roja y creemos que, además, la Justicia lo avala», añade Sepca.

Apunta CSIF que también han incluido una enmienda de adición por la que se permitirá el perfeccionamiento de la OPE de estabilización para la subsanación de posibles errores y omisiones que puedan haberse cometido, con el objetivo de garantizar la mayor protección a los trabajadores en fraude de ley.

La garantía de que todos los afectados permanezcan en sus puestos ya ha sido desmentida por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien asegura que es inviable.

En este sentido, los sindicatos afirman que el siguiente paso a abordar será el de regular a las personas que se han quedado fuera de las listas, pero no se atreven a «especular» sin primero dar por zanjadas las negociaciones actuales. «Nosotros lo hemos explicado desde el principio: era necesario hacer un proceso selectivo, y lo que intentamos ahora es que esté pensado para los que están dentro de la Administración», afirma CC OO. «No hay nada ilegal, no son nuevos empleos sino los que ya existen».

Siguen las protestas

El comité de huelga se mantiene firme pese a unos avances que ya asumían que se iban a producir «para cumplir con el expediente» y al margen del conflicto abierto. De ahí que Intersindical Canaria y Cobas hayan proseguido su lucha por la vía judicial, interponiendo una demanda contra la Administración por incumplimiento del acuerdo firmado en abril.

En el garantizaban la permanencia de todo el personal en fraude de ley, un acuerdo que manifiestan que no se cumplirá.

En paralelo, continúan las protestas después de haber anunciado que en junio ampliarían nuevamente la huelga hasta diciembre, lo que supondría extenderla ya a dos años.