Imagen del Consejo de Gobierno celebrado este viernes. / Foto: C7 - Video: acfi Press

El Gobierno aprueba dos OEP extraordinarias de 3.496 plazas

Espera así estabilizar el empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno ha acordado este viernes dar el visto bueno a dos decretos por los que se aprueban las ofertas de empleo público (OEP) extraordinarias, con 3.496 plazas en total, para la estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El primero de los decretos incluye la OEP extraordinaria para la estabilización del empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General, que i ncluye las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

Esta OEP contempla un total de 255 plazas, 99 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 156 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, es decir, a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente antes del 1 de enero de 2016, y está integrada por un total de 3.241 plazas, de las que 93 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 3.148 a grupos y categorías profesionales de personal laboral.

Con la aprobación de estos dos decretos, el Gobierno de Canarias cumple con el primer plazo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que exige que las OEP se aprueben y publiquen en el BOC antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de esta medida es « la eliminación de la temporalidad abusiva», una prioridad del Gobierno, pues se trata de «una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública». En este sentido, es importante establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.