Clavijo se implicó para la salvación de Negrín
El anuncio de la Ejecutiva Regional del PSOE el pasado día 5 de que pedía un informe jurídico sobre el concurso de los informativos de la Televisión Canaria se vio precedido, según fuentes políticas consultadas por este periódico, de una conversación entre los equipos de Torres y Clavijo para concretar cómo se haría ese dictamen.
Angel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, ya tiene el informe que quería para justificar el giro de su partido y que este lunes la Ejecutiva Regional actúe en favor de Coalición Canaria para salvar a Santiago Negrín como presidente de Radiotelevisión Canaria. Por su parte, los nacionalistas quieren evitar una derrota que refleje su minoría parlamentaria. En cuanto a Negrín, puede seguir, al menos de momento, adelante con el trabajo encomendado -el concurso de informativos de Televisión Canaria- y para el que contrató a última hora al abogado Carlos Cabrera, que trabajó para empresas con intereses audiovisuales como la Cadena SER y Socater (participada por el Grupo Prisa, Prensa Canaria y Enrique Hernandis, como accionistas de referencia). Y en cuanto al Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo ha tenido que bajar a la arena, ha hecho justo lo contrario de lo que dijo hasta la saciedad -siempre sostuvo que no el Gobierno no interfería en RTVC- y facilitó a su nuevo aliado, Ángel Víctor Torres, lo que este, según fuentes políticas, le pidió expresamente.
Todo lo anterior se materializa en los 9 folios que Antonia Barrios Marichal firmó el pasado viernes en calidad de «letrada coordinadora del Consultivo», con el visto bueno del viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Francisco Plata Medina, y que fue remitido a Fernando Clavijo. ¿Por qué al presidente? Porque es este quien pide un informa facultativo sobre «las competencias que en materia de contratación le están atribuidas al presidente del Consejo Rector del ente público RTVC y administrador único de la sociedad de la TVPC SA [Televisión Pública de Canarias Sociedad Anónima]».
Ese informe tiene un punto de partida que es clave: el sábado día 5 la Ejecutiva Regional del PSOE anunció que no decidiría sobre el relevo de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector hasta que hubiera un dictamen de los Servicios Jurídicos del Gobierno. A partir de ahí se preicipitan los acontecimientos. Y las contradicciones. Así, el pasado lunes Santiago Negrín anunció que se había dirigido a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma recabando que se pronunciara sobre sus competencias para el concurso, ante la polémica sobre si estaba facultado en calidad de administrador único de la sociedad Televisión Canaria (englobada en RTVC) o si esa licitación es competencia del Consejo Rector.
Con ese paso, Negrín hacía justo lo contrario de lo que había sido su proceder hasta la fecha. Cabe recordar que al menos desde enero de este año llevaba preparando el pliego con el jurista Martín Orozco y que en julio este le instó por escrito a pedir, antes de iniciar la licitación, un informe de legalidad «del pliego» a los Servicios Jurídicos del Gobierno. Negrín ocultó esa advertencia, así como otras sobre más informes previos -y en especial sobre la participación del Consejo Rector-, a este órgano y al propio Parlamento. Un mes después de esa ocultación por partida doble, Negrín cambió de abogado y fichó a Carlos Cabrera, que se afanó en seis días, en correos electrónicos elaborados con «premura», en desautorizar a Orozco en algunos puntos, mientras que sobre otros -como ese dictamen jurídico previo- ni se pronunció.
Y Clavijo toma las riendas.
El siguiente hito es cómo la petición de Negrín a los Servicios Jurídicos se convierte en otra del presidente Fernando Clavijo a esos asesores. Con ello se pretende sortear, como advierte la propia letrada en su dictamen, el hecho de que ya en septiembre hubo un pronunciamiento de ese departamento señalando que «no le corresponde al ente público RTVC la potestad de solicitar informe a los Servicios Jurídicos».
El resultado es que Clavijo en persona se dirige a los juristas y no pregunta sobre la legalidad de todo el procedimiento ni sobre la del pliego -que es lo que había señalado Orozco- sino que acota el informe a estos dos interrogantes: «1.- ¿Es el presidente del Consejo Rector de RTVC el órgano de contratación de las sociedades mercantiles TVPC, SA, y RPC, SA [Radio Pública de Canarias], siendo -en este caso- además coincidente con la condición de administrador único de las mismas? 2.- ¿Tiene atribuidas, en esta condición de órgano de contratación de la sociedad y en la materia de contratación de la sociedad, entre otras, las competencias de aprobar los pliegos, promover la licitación y realizar la adjudicación, así como formalizar el contrato?».
En medio de semanas de polémica en torno al concurso de informativos, sorprende que el presidente no pregunte expresamente por el papel del Consejo Rector en el procedimiento, ni sobre los informes previos que reclamaba Martín Orozco. Tampoco sobre el alcance de la externalización del servicio de informativos.
En su respuesta a esas dos preguntas muy acotadas, Antonia Barrios Marichal señala que «el presidente del Consejo Rector de RTVC es el órgano de contratación de las sociedades mercantiles» en virtud del artículo 19.2.n) de la ley que regula la Radiotelevisión Canaria y que Negrín, en cuanto órgano de contratación de las sociedades mercantiles de radio y televisión, «tiene atribuida la facultad de aprobar los pliegos, promover la licitación, adjudicar y formalizar el contrato».
Para llegar hasta ahí, la letrada en cuestión hace una interpretación muy particular de la Ley 13/2014, hasta el punto de que llega a señalar que, pese a que dicha norma «no establece qué contratos serán celebrados por el ente público RTVC y cuáles por las sociedades mercantiles dependientes, puede colegirse que cuando el ámbito del contrato se refiera al servicio público audiovisual (televisión y radio) se celebrará directamente por el ente público RTVC y cuando afecte en exclusiva a uno de los servicios de televisión o radio, serán celebrados por las sociedades mercantiles».
Más adelante, introduce también una interpretación particular sobre que quiso decir el legislador al introducir «la coletilla» de que el administrador único de las sociedades actuaría «sin perjuicio de las competencias del Consejo Rector». Y concluye que esa «competencial negocial del Consejo Rector es solo para los contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos del ente público RTVC, no de sus sociedades». En todo caso, agrega que el Consejo Rector, en cuanto junta universal de las sociedades, podrá «someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión», pero sin alterar quién es el órgano de contratación.
De presidencia a la filtración
Esos nueve folios fueron entregados a Presidencia del Gobierno, por cuanto fue Clavijo quien los pidió. De ahí, en teoría, salieron rumbo a Santiago Negrín. Esa es al menos la versión oficial del Gobierno recabada por este periódico.
Lo cierto es que ayer, como ya se apuntaba en CANARIAS7, la interpretación del dictamen apareció publicada en los periódicos La Provincia y La Opinión de Tenerife, cabeceras de Editorial Prensa Canaria, y El Día, de Editorial Leoncio Rodríguez. Y desde primera hora la Cadena SER se hizo eco. Eso sí, en la letra pequeña quedaba el detalle de que fue Clavijo quien lo pidió y que lo hizo con dos preguntas que limitaban mucho lo que se podía contestar-.
Ese trasiego entre la salida del informe y la remisión a varios medios para una presentación interesada se vio alterada por la noticia que ayer adelantó en su edición digital este periódico y que luego reprodujeron otros -no así los aludidos-: los Servicios Jurídicos acababan de advertir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que no podían actuar en defensa del procedimiento llevado a cabo por Santiago Negrín. Así lo recogen en las alegaciones presentadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por el recurso de Videoreport Canarias SA (empresa participada por la editora de CANARIAS7) ante la inadmisión por parte del Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias de un recurso previo contra el concurso. Y ese mismo día, una jurista adscrita a Presidencia le contesta al jefe del Ejecutivo sobre dos preguntas que hace este en relación con aspectos que son objeto de controversia en ese recurso. Otra contradicción más.
Ejecutiva con tensión
El Partido Socialista reúne mañana lunes a su Ejecutiva Regional, con Ángel Víctor Torres, para examinar el informe que encargó Fernando Clavijo. Lo hace en un ambiente de tensión por el evidente acercamiento del partido a Coalición Canaria y en vísperas de un debate presupuestario y otro pleno sobre RTVC donde el PSC se ha alineado con CC.
Ascendida en octubre por libre designación.
¿Quién es la firmante del informe? La abogada tinerfeña Antonia Barrios Marichal lleva años como letrada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma pero en octubre de este año su situación cambió de manera notable. Hace ahora un mes y dos días, la Viceconsejería de la Presidencia resolvió nombrar, por el procedimiento de libre designación, a Barrios Marichal como «jefa de Unidad Apoyo» en la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos. Sus funciones, según se publicó en el Boletín Oficial, son las siguientes: «dirección, organización y control interno de los asuntos propios de coordinación de las que son titulares. Velar por la efectividad del principio de unidad doctrinal. Asesoramiento jurídico. Asistencia al viceconsejero. Coordinación de Asuntos Consultivos».
«Máximo órgano de dirección»
Así configura la Ley 13/2014 al Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. Es la expresión que utiliza en el preámbulo de la citada norma y que luego desarrolla en su articulado. Sin embargo, Fernando Clavijo formuló dos preguntas orientadas claramente a pasar por alto esa consideración, de manera que la respuesta deja al Consejo Rector con funciones muy reducidas.
