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El abrazo de la serpiente

Jueves, 1 de enero 1970

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Si había sospechas sobre la vinculación y la actuación de Fernando Clavijo y su entorno en el ámbito de la Radio Televisión Pública Canaria, ayer quedaron despejadas con el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, fabricado para que Ángel Víctor Torres se presente mañana ante su Ejecutiva y justifique su posición para salvar a Santiago Negrín en el pleno del Parlamento del miércoles.

Los hechos desmienten las declaraciones del presidente del Gobierno, que en su desfachatez, dice que nada tiene que ver con el Consejo Rector ni con la Tele. «Es un órgano independiente, nosotros no tenemos nada que ver ahí», reitera a cada pregunta de los medios de comunicación. Para ahondar más en la mentira insiste, sin que nadie le pregunte, que él no tuvo nada que ver con la elección de los miembros del Consejo Rector, a sabiendas de que miente descaradamente. Y si quiere, le cuento. Por qué lo sé. El buscó, entrevistó, oyó propuestas y eligió a Santiago Negrín. Lo hizo porque se lo propuso una de sus asesoras directas, Lourdes Santana, directora de la Ser en Canarias, cadena de la que Santiago Negrín era empleado de alto nivel, jefe de los informativos. Lo hizo en una hoja de ruta bien definida sobre la política de comunicación, que incluía, como muchos hemos oído, las indecentes “promesas de futuro” que en cualquier democracia requerirían la intervención de un fiscal.

Desde ese instante, el entorno de comunicación del presidente controla la televisión, el viceconsejero de comunicación José Luis Méndez dirige desde su despacho en la Presidencia del Gobierno de Las Palmas todos los movimientos de la Televisión Canaria a través del propio Negrín, de Daida Rodríguez, que ocupó de facto la subdirección de la Televisión, conocida en el Ente como la «comisaría política» y de Heriberto Monzón, director corporativo y amigo personal de Méndez.

El entramado tenía como objetivo, controlar los informativos, en los que todos los días aparece el presidente del Gobierno hasta en tres ocasiones, y la mayoría de los cargos públicos de CC, especialmente el presidente del Cabildo de Tenerife, el alcalde de Santa Cruz y el de La Laguna. El segundo objetivo del control de la RTVC no era otro que el de la convocatoria del famoso concurso, al que tiene intención de presentarse Socater, en la que participan empresas de ámbito no canario, como Prisa, editora del El País y la Cadena Ser, Prensa Ibérica, editora de La Provincia y La Opinión, o Mediapro, del empresario independentista catalán y dueño de los derechos del fútbol, Jaume Roures. Es curioso cómo este grupo empresarial evita en sus medios expresar a su audiencia la intención de presentarse al concurso.

Es así como la RTVC pasa a ser controlada directamente por el Gobierno y por CC. El Ente se politiza hasta extremos insospechados, a pesar de que en 2015 todos los grupos políticos votaron a favor de una ley que otorgara independencia política a la Televisión, con el único control del Parlamento. Dentro de la Televisión Pública, muchos de sus trabajadores consideran que Negrín ha hecho bueno al anterior director general Willy García, que sí dependía directamente del Gobierno. Negrín no solo se deja controlar por CC y por el Gobierno, sino también ha adoptado la fórmula de contratación por la que se llevó al anterior director general de la RTVC a los tribunales, causa en la que Negrín se ocupó de meter en el pleito al Ente para distinguir una etapa de otra, sin que le haya servido de mucho. Posiblemente, a juicio de muchos profesionales de la televisión, hemos vivido la etapa más negra de la RTVC, la más manipulada y la más oscura.

En un momento determinado resultó que Santiago Negrín no era el hombre. Su incapacidad de gestión lo convirtió en un blanco fácil. Negrín vivió una dura etapa en su primer año de mandato. Renegó de él quien lo nombró y quien lo apoyó, CC, la empresa de la que provenía y el propio presidente del Gobierno. Su falta de tacto y su forma unilateral de actuar llevó a una crisis al Consejo Rector, del que salieron, por incompatibilidad con Negrín, dos de sus más señalados miembros Marian Álvarez, propuesta por CC y María José Bravo de Laguna por el PP. Francisco Moreno, uno de los mejores profesionales canarios en el mundo de la televisión, ni siquiera llegó a tomar posesión, dirigiendo al Parlamento una dura carta en la que adelantaba algunas de las cuestiones que hoy se están viviendo en la Televisión Pública.

El equipo del presidente, que dirige en la sombra la tele, trazó los objetivos y el camino sin desviarse un milímetro del mismo, sorteando, al borde de la legalidad, todos y cada uno de los escollos que se han presentado. Han manejado la tele, la han colocado al margen del Parlamento, se han saltado todas las normas y los procesos en solitario, bajo el mandato único del presidente del Gobierno que mandó seguir para poder cumplir con sus objetivos y compromisos.

Toda la oposición en el Parlamento viene denunciando esta forma de actuar de Negrín y del Gobierno. Ahora han encontrado un cómplice, Ángel Víctor Torres, nuevo secretario general del PSOE que ha tenido que violentar todos los procedimientos orgánicos y olvidar la reciente historia de humillación de su partido por parte de CC, para cumplir con un nuevo pacto suscrito con Fernando Clavijo y con algunos de los actores principales en esta fantochada que atenta contra los principios de cualquier democracia sana. Lo que está pasando con la Televisión es propio de regímenes como el venezolano, en el que los procesos democráticos se burlan para cumplir objetivos políticos.

Para Torres cumplir con sus compromisos necesitaba una coartada ante su partido, un informe que, rápidamente, y de forma coordinada, pidió al Gobierno Santiago Negrín. Hoy el titular de la página 29 del periódico La Provincia, uno de los interesados en presentarse al concurso de los informativos, revela el fondo del asunto: «El PSOE recibe las garantías que exigía». Un titular precedido por otro no menos revelador: «Determinante y tajante aval jurídico al concurso de informativos de la RTVC». Ese informe, sacado de la chistera del Gobierno, tiene trampa, una trampa que revela hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en su intervención directa sobre los procedimientos de la Televisión Pública.

Se trata de un informe que elabora una recién llegada a los servicios jurídicos, en un cargo de libre designación. Antonia Barrios Marichal, nacida en Tenerife, fue nombrada el pasado día 10 de octubre como jefa de la Unidad de apoyo al viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Francisco Plata. El informe, elaborado a toda prisa, va dirigido al presidente del Gobierno, no a quien lo solicitó, Santiago Negrín, lo que deja claro, sin lugar a dudas, la participación directa, determinante y tajante de Fernando Clavijo en este asunto.

En su contenido también hace trampas la autora del informe, cuya creación hay que comenzar a dudar, quizás por ser de encargo, parcial y sesgado. Se limita a describir la capacidad legal de Santiago Negrín para licitar y adjudicar el concurso de los informativos, como administrador único de una de las empresas públicas de derecho privado del Ente, en concreto de la RTVPC. Como muy bien señala la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, la trampa está en lo que se pregunta y en lo que se contesta. Negrín pregunta solo por su legitimidad y la respuesta no entra en otros aspectos, como las competencias del Consejo Rector sobre la tramitación de ese concurso, trámites obviados por Negrín a sabiendas, porque hasta el asesor jurídico privado, Marín Orozco, en sus informes, advertía de la necesidad de aprobación por parte del Consejo Rector de la tramitación de ese concurso. Se trata de aquel informe que Negrín escondió al Parlamento de Canarias. Una pregunta que los Servicios Jurídicos sí contestaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hecho que pone de relieve otra de las trampas armadas por el Gobierno. Según los letrados, que responden a la demanda de Videoreport Canarias, el Ejecutivo no tiene competencias para la defensa jurídica del concurso convocado por Santiago Negrín por ser un Ente autónomo y no haberse firmado ningún convenio.

Es la postura que sostuvo el Gobierno ante todo un Parlamento y la opinión pública, criterio que rompe violentamente con este nuevo informe para sortear las dificultades políticas, especialmente, para ayudar a Ángel Víctor Torres a engañar a su partido. Según la letrada de designación directa, esto es a dedo, los Servicios Jurídicos si tienen competencias para asesorar a Negrín en calidad de administrador único de una de las empresas de derecho privado que gestiona la Televisión Canaria. Un argumento bastante flojo, superficial en sus argumentos, dirigido por las preguntas que hace quien quiere que sólo se conteste en una dirección. Ni siquiera adquiere la categoría de «informe jurídico», pues no abarca todos los aspectos de una cuestión, como es obligación de un Servicio Jurídico independiente, entregado al interés público. Es más bien una «respuesta jurídica» a una pregunta, además mal intencionada, torticera, con animo de engañar.

Si los Servicios Jurídicos actuasen de forma limpia, transparente e independiente, hubiesen respondido a todas las preguntas sobre el asunto, y no de motu propio, sino porque sobre la mesa del viceconsejero de los Servicios Jurídicos y de la consejera de Hacienda, está otro escrito de la consejera María Lorenzo, de fecha 7 de noviembre, dos días después de que Negrín solicitara el suyo, en el que pide expresamente que se manifieste sobre las competencias del Consejo Rector, tal y como establece la Ley de la Radio Televisión Pública de Canarias. Si el Gobierno y sus Servicios Jurídicos hubiesen querido hacer las cosas bien desde el principio, hubiesen respondido al Parlamento con un informe, pero han decidido jugar con fuego, al juego del presidente del Gobierno en su afán por proteger a Negrín y sus intereses, y han puesto en riesgo la seguridad jurídica, y lo que es más grave, han generado un agujero del tamaño de la isla de Tenerife por el que reclamar millonarias indemnizaciones de las víctimas de este atropello jurídico y político.

Con este informe a medida, pedido por el presidente del Gobierno, Clavijo ha violentado y mancillado a los Servicios Jurídicos, cuya independencia debería estar fuera de toda duda, ha jugado políticamente al borde de la legalidad, ha puesto en riesgo la seguridad jurídica de un concurso, ha abierto todas las compuertas de una reclamación millonaria y ha utilizado la política y a la administración para, como bien dice uno de sus asesores, «cumplir con sus compromisos».

El otro actor en esta película de trileros es Ángel Víctor Torres, que actúa al dictado de determinados intereses por los que, curiosamente, no se siente presionado, más bien cómodo ante la retahíla de mendacidad que ha puesto en marcha la engrasada maquinaria del régimen de Coalición Canaria, al que se ha ofrecido para prestar sus servicios, aunque esté convencido de que está dando el «abrazo del oso» a los nacionalistas siguiendo su estrategia, la misma que usó en Arucas. Eso es no conocer a CC, quizás porque no la sufren en Gran Canaria como sus compañeros en Tenerife. El abrazo se lo está dando CC y no es el del oso, sino el de la serpiente, que hipnotiza y te traga en la creencia de que entre sus anillas eres feliz.

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