Fomento elude poner fecha para negociar la deuda de 945 millones

12/01/2019

El Ministerio que dirige José Luis Ábalos todavía no ha respondido a la petición de reunión urgente que el Gobierno canario le planteó el 22 de diciembre para renegociar un acuerdo extrajudicial

Tres semanas después de firmar el nuevo convenio de carreteras con una inversión de 1.200 millones en ocho años, el Ministerio de Fomento sigue sin dar respuesta a petición de reunión urgente que el mismo día 22 de diciembre le solicitó el Gobierno canario para negociar el pago de la deuda pendiente de 945 millones de euros, reconocida por el Tribunal Supremo.

La intención del Ejecutivo regional es concertar un encuentro entre el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para pactar una fórmula que permita el pago fraccionado de la cantidad total adeudada -más los intereses de demora-, pero hasta ahora Fomento ha dado la callada por respuesta.

El silencio que mantiene el Ministerio deja traslucir el malestar que ya dejó patente en diciembre el ministro Ábalos por la negativa del Gobierno canario a firmar un acuerdo para saldar la deuda por 600 millones, 345 menos de lo que estipula el Supremo -en cuatro sentencias contra las que no cabe apelación- como compensación por lo que el Estado dejó de abonar en las anualidades del anterior convenio entre 2012 y 2016.

Clima de tensión

El inesperado tijeretazo que Fomento dio en el último momento, apenas unas horas antes de la fecha fijada para la firma, el plantón del presidente Clavijo -que ha acusado al Gobierno de Sánchez de quitarle el dinero a las islas para dárselo a Cataluña y contentar así a sus socios independentistas-, junto al rechazo del consejero Pablo Rodríguez a suscribir un acuerdo por menos dinero del que corresponde a Canarias generaron un clima de alta tensión que aún no se ha disipado e impide que se retome la negociación.

Aunque el Gobierno canario cuenta con un as en la manga que le garantiza el cobro de la totalidad de los 945 millones -si solicita al Supremo la ejecución de la sentencia el Estado estará obligado a pagar-, esta es una fórmula del todo satisfactoria porque ingresaría todo el dinero de una sola vez y no podría utilizar buena parte de los fondos por las limitaciones de la regla de gasto.

Una fracción de la deuda estaba previsto que se pagara mediante la actualización de la adenda de 101 millones con la que se prorrogó el anterior convenio, firmada en diciembre de 2017 con el Gobierno de Rajoy, para permitir la finalización de las obras ya iniciadas. Pero la vigencia de la prórroga concluye a finales de enero y si para entonces no se ha renovado, esas obras -seis en total- corren el riesgo de quedarse sin cobertura jurídica y presupuestaria.

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