El Estado obvia Pozuelo y deja solo el Canarias 50 para los menores asilados: «Es un paso atrás»
Los traslados de 250 chicos a las instalaciones del centro ubicado en la capital grancanaria se producirán a partir del 22 de julio
«Un paso atrás» en la negociación entre Canarias y el Estado para atender a los menores migrantes solicitantes de asilo. Así definió la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, una nueva reunión del comité interadministrativo, que tuvo lugar este martes, y que fue creado para poder dar cumplimiento a los autos emitidos por el Tribunal Supremo en los que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes que han llegado sin la compañía de un familiar al archipiélago y que son o han manifestado su intención de ser solicitantes de asilo.
«Hemos salido con la sensación de que estamos un paso atrás», replicó Delgado al término del encuentro. El motivo, explicó, es que del acuerdo al que se llegó en la anterior reunión del comité, en la que el Estado ofreció 400 plazas para chicos y chicas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazas desde Ucrania (Creade) de Pozuelo, en Madrid, y otras 250 en el centro para mayores de edad Canarias 50 de la capital grancanaria, solo se han garantizado las plazas ubicadas en el recurso de Gran Canaria. En concreto, las plazas «de tránsito» para estos niños y niñas en la isla redonda estarán operativas a partir del próximo 22 de julio, según adelantó Delgado.
Fuentes ministeriales trasladan que el compromiso de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasa por «comenzar ya» la adaptación de las instalaciones. A su vez, el Gobierno canario «agilizará la acreditación de la entidad que se encargará de la atención de los menores».
El Estado ya ha dado de alta a 827 menores migrantes no acompañados en el Sistema de Protección Internacional que siguen en los centros de las islas, aunque Canarias reconoce a casi 1.200 chicos y chicas asilados.
Además, la consejera quiso remarcar que, de momento, «no ha salido ningún niño o niña con protección internacional que esté bajo de la tutela del Ejecutivo canario» del sistema de acogida del Gobierno de Canarias para pasar a centros que pertenezcan al sistema de atención de protección internacional o asilo. Por tanto, Canarias «sigue en la misma situación de desbordamiento» y el Estado «no está cumpliendo con el auto del Supremo», incidió Delgado.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias argumentó ante el Tribunal Supremo que los menores migrantes que han llegado a las islas solos y que son solicitantes de asilo tenían que ser responsabilidad del Gobierno central. El TS dio la razón al Ejecutivo autonómico hasta en dos ocasiones: la primera vez en un auto emitido el 26 de marzo y otro el 5 de junio. En esta última ocasión, el Alto Tribunal constató el «claro incumplimiento» de la medida cautelar que emitió en marzo, ya que no se había evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos en aquel momento. También se advirtió de que si no se daba cuenta detallada a la Sala de los avances cada 15 días se tomarían «medidas coercitivas».
En relación a esta cuestión, el pasado jueves el TS obligó a Canarias y al Estado a presentar de manera conjunta el informe en el que se detalla el progreso en la atención de los chicos y chicas con asilo y su acceso al Sistema de Protección Internacional.
Además, este martes también se celebró una reunión preparatoria para la Conferencia Sectorial de Infancia que tendrá lugar el 17 de julio en la que se hablará sobre la financiación para hacer frente a la atención de los chicos y chicas.
La directora general de Protección a la Infancia del Ejecutivo regional, Sandra Rodríguez, trasladó al término del encuentro que la «decepción» fue la misma que sintieron con el comité interadministrativo, al ver un «bloqueo» de las comunidades a que se materialice el decreto ley para distribuir a los niños que llegan solos a territorios con su red saturada, como es el caso de Canarias.
Noticias relacionadas
El TC estudiará los recursos de otras seis comunidades contra el decreto para distribuir a los chicos migrantes
EFE. El Tribunal Constitucional estudiará los recursos de los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla–La-Mancha, Andalucía y Galicia contra el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para la reubicación de menores migrantes no acompañados.
La corte de garantías ha informado así en un comunicado sobre estos recursos, que se suman a los de la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura, también admitidos a trámite, contra el mecanismo creado por el Gobierno para trasladar unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios.
Murcia también ha anunciado que ha presentado un recurso contra esta norma en el mismo sentido, por lo que son un total de once las autonomías que han impugnado este real decreto ley.
En el Caso de Castilla–La Mancha, fuentes de la consejería de Bienestar Social han trasladado que el Ejecutivo de la comunidad no está conforme con la propuesta que se dio a conocer el pasado viernes, puesto que considera considera «insuficiente» la financiación de 4,1 millones de euros que ofrece por el Ministerio de Juventud e Infancia para acoger a 320 menores migrares no acompañados en la región. Advierten de que la financiación está «está muy por debajo de las contingencias anteriores
Los seis últimos demandantes alegan en sus recursos que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 81 y 86 de la Constitución –sobre la elaboración de las leyes–y ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas.
En base a esta norma, el Gobierno planea reubicar, a partir del mes de agosto, a alrededor de 3.000 niños y adolescentes migrantes no acompañados tutelados actualmente por Canarias, Ceuta y Melilla en otros territorios, la mayor parte en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
