El TSJC frena el caso Grúas por los recursos de Clavijo y Godiño

22/11/2018

Los denunciantes acusan al presidente del Gobierno de estar abusando del derecho de aforamiento y de pretender con ello un «archivo exprés» de la causa. La Sala de lo Civil y lo Penal se posicionará sobre las súplicas recibidas la próxima semana y entre tanto ha decidido no remitir las diligencias a La Laguna

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Los recursos presentados por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y por Antonio Pérez Godiño, portavoz de CC en La Laguna e imputado ya por el caso Grúas, contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de devolver las diligencias al juzgado de La Laguna ante la pérdida de la condición de aforado de Clavijo «no tienen efecto suspensivo» sobre el auto recurrido pero, sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha decidido, porque tiene potestad para ello, no devolver el asunto al juzgado lagunero en tanto no resuelva ambos recursos.

Será entonces, según el TSJC, cuando la Sala «tome la decisión». Los recursos presentados, primero por Pérez Godiño, y luego por Clavijo, no se resolverán con toda probabilidad hasta la próxima semana.

Los denunciantes, por su parte, consideran que la Sala, con la decisión de frenar en su jurisdicción el caso Grúas, está «de facto dándole carácter suspensivo a los recursos», asegura Santiago Pérez. El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna sostiene que no se opone a que los denunciados usen las garantías procesales que estimen convenientes, pero sí denuncia el «abuso del aforamiento» que, a su juicio, quiere hacer Fernando Clavijo.

Pérez tiene claro que los argumentos jurídicos esgrimidos por Clavijo, además de pretender dilatar el proceso hasta después de las elecciones, están pensados para «instrumentar su obsesión de que sea el TSJC el que se haga cargo del caso y lo archive, no solo en la parte de que le atañe a él, si no a todos».

El edil lagunero asegura sentir «vergüenza» por la actitud de «Clavijo presidente del Gobierno», «que dice que le da igual que lo juzgue el TSJC o el juzgado de La Laguna, pero sus actos dicen los contrario» y lo invita a que «explique a los canarios por qué considera que su derecho a la tutela judicial efectiva está mejor garantizado en el TSJC que en el juzgado de La Laguna». Y también por qué «la derogación del aforamiento es desfavorable para él».

Tanto Santiago Pérez como Rubens Ascanio, el otro denunciante del caso Grúas y portavoz de Unid@s se Puede, afirman que el ordenamiento jurídico «no protege el abuso de derechos» y que en este caso Clavijo está ejerciéndolo por pretender que sus actos como cargo público no aforado, es decir, como alcalde de La Laguna, se investiguen como si hubiesen sido cometidos como presidente del Gobierno, y por tanto como aforado (hasta el pasado 6 de noviembre que se eliminó esta prerrogativa con la publicación del estatuto autonomía).

También creen que con su recurso, Clavijo, que dice estar en una situación de «absoluta indefensión», está preparando la vía para presentar un recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional olvidando, recuerda Santiago Pérez, que ese «es un recurso extraordinario de protección de los derechos fundamentales que solo cabe cuando un procedimiento concluye, es decir, cuando hay sentencia firme».

Rubens Ascanio considera los recursos presentados por Pérez Godiño y por Clavijo tienen «una clara intencionalidad dilatoria», pero, además, entiende los argumentos de los recursos como «una maniobra de absoluta confusión».

Según Ascanio, Clavijo está buscando «un archivo exprés sin que la causa se haya investigado y sin escuchar las testificaciones claves que están reclamadas desde abril» y lo acusa de «quitar el foco del asunto», que no es otro, asegura, que «Clavijo privatizó el servicio público de grúas para hacer posible la contratación directa de personas afines, aunque su coste fuera muy superior al de la gestión directa, y posteriormente facilitar la venta de la empresa adjudicataria, que además resultó beneficiaria de un préstamo de fondos públicos de 120.000 euros, rechazado por irregular por el propio interventor municipal».