Claves para entender el caso Reparos

Santiago Pérez, concejal del grupo de gobierno de La Laguna y senador autonómico, denunció en su día irregularidades municipales en la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, al levantar reparos de la intervención municipal en numerosos expedientes, por un importe millonario. La cuantía ronda los 70 millones de euros.

El juzgado y Anticorrupción asumieron la investigación, recabaron información municipal y se tomó declaración en sede judicial a técnicos y cargos públicos. María Farnés Martínez concluyó en un escrito enviado al juzgado en abril que hay serios indicios de una «delito continuado de prevaricación administrativa».

Según el relato de María Farnés Martínez, Clavijo ordenó levantar los reparos a sabiendas de la presunta ilegalidad, como parte de una actuación continuada en el tiempo y que supuso abonar cantidades millonarias a empresas que prestaban servicios municipales sin cobertura legal, cuando se podía haber dado por vencida la prestación y haber convocado nuevos concursos.

En su escrito al Supremo, la jueza señala ahora que «los hechos investigados sería constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, que habría sido cometida, indiciariamente, por el señor Clavijo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, siendo alcalde del municipio de San Cristóbal de La Laguna y lo habría hecho salvando reparos formulados por la Intervención municipal, de manera reiterada y sin sujetarse a procedimiento administrativo en cuanto a las normas que han de regir la contratación administrativa de los ayuntamientos«.

Señala que también se ha hecho un uso irregular de la figura del contrato menor para el levantamiento de reparos. Asimismo, detecta la aplicación de prórrogas de contratos de manera retroactiva, sin que se justifique la excepcionalidad de esa figura.

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Fernando Clavijo es aforado por su condición de senador autonómico. Cabe recordar que el Estatuto de Autonomía de Canarias incluyó en su última modificación el fin de los aforamientos para los cargos electos y públicos en Canarias, por eso Clavijo tuvo que declarar en el caso Grúas en un juzgado lagunero y no en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Al iniciarse la legislatura y ser elegido senador autonómico, logró que el caso Grúas pasara al Supremo, donde fue archivado.

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En su escrito, María Farnés se detiene en analizar esa posibilidad y concluye que no. Lo sustenta en que en 2020 el Tribunal Supremo se aferró al argumento de que había un dictamen jurídico externo que avalaba las decisiones de Clavijo, pero en el caso Reparos «no consta ningún dictamen ajeno». Asimismo, subraya que los informes del interventor son «terminantes» y recogen su «criterio frontalmente contrario a las prórrogas y continuidades contractuales adoptadas».

El Supremo tiene que comunicar primero que asume la causa, lo que se da por hecho. Eso supone, en la práctica, que Fernando Clavijo pasa a ser investigado (lo que anteriormente se conocía como imputado). Después, deberá decidir si llama a declarar al denunciado.

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Fiscal delegada de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, fiscal jefe provincial y fue la fiscal que llevó el caso de Las Teresitas, cuyo origen está en una denuncia en la que también participó Santiago Pérez.

No. Desde un punto de vista legal, se puede ser candidato y estar investigado judicialmente. Otra cosa es el coste ante el electorado que eso tiene.