Política

Carta abierta de María Lorenzo a la ejecutiva socialista

14/11/2017

En primer lugar permítanme reiterar, una vez más, el agradecimiento por la confianza depositada por el PSC-PSOE en mi persona para el ejercicio de lo que ha devenido en la hercúlea tarea de ser consejera en el Consejo Rector de RTVC.

Ruego que no se entienda esta carta como una injerencia en las decisiones internas del partido socialista, ya que ese no es el objeto de la misma y sé que estas formas no gustan -pido disculpas por ello- solo pretendo poner en su conocimiento algunos hechos, así como otras consideraciones desde mi responsabilidad actual y no tengo otra forma de trasladárselos.

Comienzo con una simple pregunta ¿funcionan mejor la Televisión y la Radio Públicas desde que Santiago Negrín las dirige? La respuesta, obviamente, es no.

Fue ese «no» el que dio lugar a la solicitud de cese de Santiago Negrín el mes de julio y con carácter previo a la convocatoria del denominado concurso de informativos, cuando los representantes de los grupos parlamentarios mostraron su rechazo a las mentiras de Negrín y su deficiente gestión al frente de RTVC, a los que une una lista de incumplimientos directos de acuerdos del Consejo Rector y de los mandatos de la propia Ley 13/2014 de la Televisión y Radio Pública de Canarias, que he defendido y defenderé, porque a eso di mi palabra.

La solicitud fue apoyada por todos los grupos de la oposición, incluido el partido socialista, el 21 de julio pasado.

Tras ese anuncio y el que parecía su más que previsible cese, inició, a espaldas del Consejo Rector, esta atropellada tramitación de un concurso en pleno mes de agosto. Me pierdo enumerando las veces que he escuchado a miembros del Partido Socialista criticando tramitaciones que, con nocturnidad y alevosía, se realizaban por parte del Gobierno de turno en el mes de agosto.

Antes que eso ya habían dimitido dos consejeras expresando hartazgo a sus formas y derivas autoritarias, y una secretaria accidental; un director de relaciones institucionales; un director financiero y el director de nuevos proyectos.

A pesar de ser consejera, se me hurta información relevante para la toma de decisiones hasta el punto de que he tenido que interponer 11 reclamaciones, por ahora, al Comisionado de la Transparencia, que reconoce en sus respuestas que se vulneran mis derechos de acceso a la información.

Los asuntos que llegan a la mesa del Consejo lo hacen bajo la amenaza de plazos que se vencen, pero sin entregar informes que avalen jurídicamente la toma de decisiones. El presidente, a pesar de haber sido informado desde el mes de febrero de la necesidad de tramitar la licitación para la contratación del servicio de transporte de señal de las sociedades públicas, Televisión Canaria, SA y Radio Pública de Canarias, SA, no informó al Consejo hasta el mes de julio de la necesidad de prorrogar el actual contrato sin que aportase ninguna justificación de dicha prórroga más allá de la evidencia de que ningún trámite había sido realizado, poniendo con su actuación en evidente riesgo la señal de continuidad de los medios públicos que podrían “irse a negro” de nuevo en diciembre.

Esta desidia contrasta con las atropelladas prisas del concurso de informativos.

No tenemos Reglamento de Organización, Consejo de Informativos, Consejo Asesor, directrices de producción, programación y comercialización o las básicas en materia de personal, todas ellas imprescindibles para cambiar aquellos modos con los que, desgraciadamente, se sigue actuando en RTVC.

Y a pesar de las advertencias de la Audiencia de Cuentas en el Informe de Fiscalización de 2015 sobre las contrataciones de directivos -efectuadas sin cumplir con los requisitos de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad- las prácticas se han reiterado a la hora de contratar y los últimos nombramientos realizados por el presidente han sido impugnados judicialmente.

He presentado en los registros de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Hacienda, así como del Ente Público de RTVC, un escrito en el que solicitaba una ampliación del informe que había solicitado el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, y que ahora sabemos que fue asumida su función por el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

En tal escrito planteaba, con carácter previo de la respuesta que ya conocemos, que la petición de Santiago Negrín había sido manifiestamente incompleta, sin duda de forma intencionada, por lo que solicitaba que se analizaran también las recomendaciones del que era asesor de RTVC y redactor de los pliegos, el Sr. Orozco, tal y como constan en la memoria que fue entregada a Negrín un mes antes de la convocatoria del denominado concurso de informativos e ignoradas por motivos que no ha tenido a bien explicar.

Esperaba que el informe de los Servicios Jurídicos no se limitase a redactar una tesis sobre lo que es un órgano de contratación, sino que respondieran a una simple pregunta -que es lo que a fin de cuentas planteo en mi escrito- ¿es posible que un cargo público adjudique 144 millones de euros en un concurso sin control de ningún tipo? Porque es esto y no otra cosa lo que está sucediendo ahora en la Televisión Canaria. Y lamento decirles que el Informe del que convenientemente les han dado traslado desde la Presidencia del Gobierno de Canarias no responde a esa pregunta.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de transformar el actual modelo de RTVC, ya lo expuse en la Comisión de Control a la que tuve que acudir para defenderme de las acusaciones del Sr. Negrín. Se suponía que ese camino comenzó con una ley en la que el anterior Grupo Parlamentario Socialista hizo un extraordinario esfuerzo. Pero esa ley ni siquiera se ha puesto en marcha y el presidente ha impedido, por ejemplo, que se cuente con un Consejo de Informativos que, tal y como sucede en TVE, garantice la pluralidad de la información.

La transformación a un modelo 100%, supone una tramitación que podría estar llena de obstáculos, pero siendo totalmente optimistas y entendiendo que ese el camino comenzamos a andarlo: proponemos la modificación parlamentaria del Mandato Marco, la redacción de una nueva ley o la modificación de la actual y la solicitud lógica de informes a órganos como el Consejo Consultivo; ficha financiera de Hacienda, se aprueba una nueva sociedad pública denominada, por ejemplo, Servicios Informativos de Canarias SA o se hace la nunca hecha RPT de la sociedad Televisión Canaria SA que asumiese ese servicio, etc. etc....

Siendo, repito, totalmente optimistas y contando con que, a lo largo de todo este proceso se tuviera la mayoría parlamentaria para acometer el cambio de modelo ¿de cuantos meses o años estamos hablando?

Es importante pensarlo, porque el actual contrato de informativos vence a finales de junio de 2018 y no cabe prórroga y si el concurso actual es por 8 años, y realmente defendemos que debemos ir a un modelo 100% público, ¿no deberíamos en primer lugar pedir que se paralice el actual concurso e ir a uno más corto que permita que en un máximo de 2 o 4 años se produzca ese cambio? Yo creo que sí.

Hay otro problema que personalmente me parece aún más grave. Actualmente hay más de 200 trabajadores que directa o indirectamente trabajan para realizar unos servicios informativos públicos. Esos trabajadores, que en su mayoría provienen de la subrogación del anterior adjudicatario (Socater), ¿en qué situación quedarían al transformar el modelo?

Entiendo que el Partido Socialista marque una hoja de ruta y defienda lo que siempre ha defendido: los servicios informativos públicos. Pero si me lo permiten, desde mi responsabilidad como Consejera les ruego que el primer punto de esa hoja de ruta sea definir quÉ se hace con el denominado Concurso de Informativos, porque si se mantiene el actual convocado, sin entrar en otras consideraciones, renunciamos a un modelo 100% en los próximos ocho años y el plazo para la presentación de las ofertas de los licitadores vence el próximo 30 de noviembre. A ello añadan que la designación de nuevos miembros en el Consejo podría suponer meses de consenso parlamentario de los que no disponemos.

La situación en RTVC es grave y entiendo que estas cuestiones de las que les doy traslado, merecían también una respuesta por parte de la Ejecutiva.

Me despido agradeciendo de nuevo la confianza y el tiempo que han dedicado a escucharme, o más bien, leerme y recordando que fui nombrada por el Parlamento de Canarias a propuesta del PSC-PSOE con el objeto de dar cumplimiento a la Ley reguladora del ente, ejerciendo mi cargo “con sujeción a los deberes de diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad establecidos en la legislación pública y mercantil. Asimismo, ajustarán su actuación a los principios de legalidad, objetividad y buen gobierno». Y es al amparo de tales mandatos legales que se ha llevado a cabo mi actuación.

Estoy a disposición, como siempre lo he estado, para cualquier aclaración o ampliación de lo expuesto en esta carta a cualquier persona de la ejecutiva que así lo solicitara.