Clavijo rebaja la tensión con el Estado para mantener la unidad en las islas

Después del incendio político que provocó una publicación de Fernando Clavijo en redes sociales este lunes anunciando «un proceso jurídico» contra el Estado por «haber dejado sola a Canarias» con el fenómeno migratorio, el presidente intentó rebajar la tensión en la reunión del Pacto de la Migración celebrada por la tarde.

En este encuentro, convocado de urgencia y al que acudió Vox -que no ha suscrito este Pacto- transmitió a los grupos parlamentarios el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se insta a Madrid a que cumpla con los protocolos establecidos y no se dirija directamente a las entidades sociales para entregarle a los niños una vez llegan a tierra, sino que lo haga a través de la comunidad autónoma.

Esta situación se generó, explicó Clavijo, porque la Policía Nacional intentó que una ONG en El Hierro -que ya tenía sus recursos saturados- acogiera a más menores este pasado fin de semana. Ante su negativa, fue denunciada a la Fiscalía, que remitió un oficio al Gobierno de Canarias.

Por eso, apuntó, en defensa del interés de los menores, de las entidades sociales y de los trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, el Gobierno canario ha comunicado a las ONG que, «a partir de ahora, sin el visto bueno o previa autorización, no se pueden asumir más menores».

Para evitar estas situaciones, el Ejecutivo se ha dirigido al Estado para reclamarle el cumplimiento de los protocolos fijados a nivel estatal desde 2014 y con el objetivo de garantizar de la trazabilidad del menor (identificación, reseña y fotografía).

El acuerdo del Consejo -celebrado este mismo lunes por la mañana- recoge además la orden a los servicios jurídicos para que estudien las «acciones jurídicas posibles, desde las administrativas, penales o constitucionales», de forma que, en ausencia de un acuerdo político para modificar la ley de extranjería, «podamos dotarnos de seguridad jurídica» a este respecto.

En este sentido, Fernando Clavijo mantuvo que los menores migrantes que viajan solos son competencia del Estado a los que la comunidad autónoma «auxilia» porque, dijo, «ni están abandonados ni desamparados».

Hizo hincapié en que «el Gobierno de España entiende que los menores son responsabilidad de Canarias», pero puntualizó que estos jóvenes «están bajo la tutela y guardia del Estado porque es el Estado, a través de Salvamento Marítimo quien los recoge en el mar y quien los mete en las fronteras españolas, y es el Estado, a través de la Policía Nacional, quien los reseña».

En cualquier caso, agregó que Canarias «seguirá prestando auxilio» a Madrid en esta acogida, pero puntualizó que el problema no es de la comunidad autónoma «sino de Europa y de España» que es la institución que, en su opinión, tiene la guarda provisional.

Reiteró el presidente que la colaboración a la hora de entregar estos niños a las autoridades canarias «no se está llevando a cabo en los términos adecuados» y por eso intentarán clarificar estas circunstancias a través de los servicios jurídicos, pero mantuvo que la competencia sobre los niños solo corresponde a la comunidad autónoma cuando «están desamparados o abandonados».

Este no es el caso de los menores migrantes que viajan solos y que han sido recogidos en alta mar porque «igual que los traen al archipiélago, los podían haber llevado a Cádiz», dijo.

Además, el acuerdo de Gobierno aprobado ayer también contempla la ratificación de la necesidad de continuar en situación de emergencia -que permite agilizar la toma de decisiones y actuaciones- porque «casi un año después de que se iniciara esta situación, es difícil de justificar determinadas actuaciones ante la Intervención de la comunidad autónoma».

Por otro lado, el dirigente canario reiteró la «imperiosa necesidad» de cerrar un pacto político que permita modificar la ley de extranjería y distribuir a los menores entre todos los territorios e instó a los distintos grupos a que «se intensifiquen las sentadas» para negociar.

Los grupos parlamentarios siguen manteniendo la unidad en torno al fenómeno migratorio y en la defensa de las ONG y los trabajadores, pero las dos formaciones que pueden hacer mover la balanza, PSOE y PP, siguen sin mover sus posiciones sobre este asunto.

La reunión del Pacto Canario por la Migración, reunido de urgencia por el presidente, Fernando Clavijo, volvió a evidenciar la premura en dar con respuestas que alivien la saturación de los recursos de la comunidad autónoma.

Sin embargo, y después de la decisión anunciada por la mañana de iniciar un proceso jurídico contra el Gobierno del Estado, el portavoz socialista, Sebastián Franquis, respaldó la defensa de las entidades sociales y el personal de la Consejería de Bienestar Social, pero manifestó su desacuerdo en abrir una «batalla judicial» contra Madrid.

Como ya había apuntado el ministro y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, Franquis reiteró que la solución a la modificación de la ley de extranjería «la tiene el Gobierno de Canarias a su derecha, porque gobierna con el PP», y fue esta formación -junto con Junts y Vox-, los que votaron en contra de la admisión a trámite del cambio normativo.

En el mismo sentido se manifestó el dirigente de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, quien indicó que la solución «es política, no judicializar la migración».

Reconoció que el Gobierno de España «pudo afinar más el acuerdo y negociar más, pero el PP debe tener presente que gobierna en Canarias y la proposición de ley que se llevó al Congreso fue un acuerdo entre Canarias y España».

Por eso, entiende que tanto el Estado como el Partido Popular tienen «un porcentaje de responsabilidad» en la actual situación de parálisis. A partir de ahí, instó a «seguir unidos para defender a los menores y a los funcionarios» y a que PP y PSOE retomen el diálogo.

Por parte de los populares, Luz Reverón reiteró que el PP está dispuesto a negociar la iniciativa legislativa que el Gobierno ponga sobre la mesa siempre y cuando recojan sus condiciones: establecer un cupo para cada comunidad autónoma, que se garantice la financiación para los menores derivados, y que se declare la situación de emergencia migratoria en todo el Estado.

Por su parte, el dirigente del grupo de Coalición Canaria (CC) José Miguel Barragán se mostró convencido de que, a pesar de la confrontación política a nivel nacional, en los dos grandes partidos que están «buscando vías de entendimiento» que permita el cambio normativo para derivar menores no acompañados a otras comunidades.

El diputado de AHI, Raúl Acosta, destacó la labor de los voluntarios y servicios de emergencia en El Hierro y criticó la «negligencia de la clase política nacional». A su juicio, estas reuniones son positivas pero «no se avanza porque la solución no es nuestra».

Ese acuerdo renueva la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e «impulsa» como «máxima prioridad» la «concertación» de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere al Estado para que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco.

Su segundo punto es este: «Comunicar a las entidades colaboradoras (las ONGs que gestionan sus centros de acogida) que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes».

Y, además, faculta a sus servicios jurídicos para «iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma».

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto «como un problema exclusivamente de Canarias», cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado y así van hacerlo valer a partir de ahora con su posición.

Canarias se apoya en que la ley atribuye a las comunidades autónomas la tutela de aquellos menores que estén en su territorio en situación de abandono o desamparo, circunstancias que, bajo su criterio, no se dan con los niños y adolescentes de los cayucos, a los que filia, identifica y custodia a su llegada la Policía.

De hecho, Clavijo ha remarcado que la mayoría de esos menores llegan a tierra rescatados por un servicio del Estado, en alusión a Salvamento Marítimo, que los desembarca en Canarias «como podía trasladarlos a Cádiz».

Todos los partidos políticos de la comunidad, incluido el PSOE y Nueva Canarias, en la oposición, han expresado su respaldo al Gobierno de Clavijo en la decisión de exigir que se cumplan los protocolos y de proteger a los trabajadores de los centros de acogida y de las ONG colaboradoras de posibles consecuencias penales.

A su vez, el presidente ha elogiado el apoyo que hasta ahora está recibiendo en este asunto de los socialistas canarios, a los que ha asegurado que no tiene ningún reproche que hacer.

Sin embargo, ese apoyo unánime tiene matices, pues el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha remarcado que una cosa es proteger a los trabajadores de consecuencias legales y otra emprender una batalla judicial con el Estado con la que no están de acuerdo.

«La solución a este problema Clavijo la tiene a su derecha, en el PP, con el que gobierna, que votó en contra de la reforma de la ley de Extranjería«, ha dicho. Y el portavoz de NC, Luis Campos, ha criticado que, esta vez, el Gobierno de Canarias haya tomado una decisión sin debatirla antes con los firmantes del Pacto Migratorio.

Por su parte, el diputado de CC José Miguel Barragán ha indicado que se niega a creer que, por mucha «bronca» que esté suscitando la cuestión migratoria en el debate político nacional, no haya nadie en los principales partidos del país que esté buscando ya vías de entendimiento para sacar adelante una reforma de la ley.

Al respecto, la diputada del PP Luz Reverón ha indicado que su formación está dispuesta a apoyar medidas legislativas si se cumplen las condiciones que ha puesto desde el inicio: que el Estado garantice la financiación de la acogida, que se declare la emergencia migratoria para toda España, que se convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar este asunto y que en el esfuerzo se impliquen todos los territorios, sin excepción.

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