Avalancha de llamadas en el 012 por el ingreso de emergencia

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, dijo este martes a la Diputación Permanente del Parlamento que el servicio de atención telefónica del Ejecutivo recibió este lunes hasta «15.000 llamadas» de personas preguntando por el ingreso canario de emergencia, aprobado hace solo cuatro días.

ALMUDENA SÁNCHEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El dato fue la respuesta que ofreció Santana a la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, al advertirle ésta última que «el número de solicitudes duplicará» a las 40.000 familias que el Gobierno pretende alcanzar hasta que llegue el ingreso mínimo vital del Estado.

Con ello Valido y el resto de los grupos parlamentarios de la oposición abogaron por extender la Prestación Canaria de Inserción (PCI) porque además, «el ingreso que usted dice que es la panacea, ya existe hace años y se articula a través de los ayuntamientos mediante la ayuda de emergencia social», le apuntó el diputado del Partido Popular ( PP), Poli Díaz. Ambos le instaron a «reforzar a los ayuntamientos; son las administraciones que mejor lo pueden hacer».

La consejera replicó que se había ampliado ya la PCI y de hecho, afirmó que solo en lo que se lleva de abril se han tramitado «6.400 expedientes; a finales de este mes queremos sacar adelante 7.000», añadió.

Noemí Santana despejó también las sospechas lanzadas por algunos grupos de que la aprobación del ingreso canario de emergencia había creado divergencias dentro del Gobierno. Animada por la diputada de Nueva Canarias (NC), Carmen Hernández, aseguró que el decreto ley que vio la luz la semana pasada es el resultado del «trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno», pero también, en «coordinación con el Gobierno del Estado».

De ahí, explicó, que «optáramos al final por una acción puntual y así evitar la descoordinación entre las Administraciones». Reiteró que la iniciativa del Estado se prevé que esté en marcha entre « mayo o junio».

Por otra parte, la consejera tuvo que defenderse de la «falta de liderazgo» y «nulo diálogo con los partidos políticos, cabildos y ayuntamientos» durante la primera quincena del estado de alarma que le achacó la oposición.

La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, criticó que «cabildos y ayuntamientos debieron esperar hasta el 31 de marzo para tener el primer contacto con usted». «Casi un mes después del estado de alarma, empezamos a hablar de los test en los centros de mayores», le reprochó Valido.

La consejera invalidó las acusaciones afirmando que «desde el primer minuto he mantenido contactos con las corporaciones locales» y, de hecho, adelantó su intención de destinar más de dos millones a los ayuntamientos para «reforzar» el servicio de atención domiciliaria en los municipios metropolitanos, además de los dos millones y medio con que ya cuentan, precisó.

«Me sorprende que me echen en cara no haber salido en la foto -replicó Noemí Santana- cuando he estado en cada una de las reuniones con cabildos, ayuntamientos así como en consejos asesores». La diputada de Sí Podemos, María del Río, apuntaló la defensa de la consejera al asegurar que «en la Consejería de Derechos Sociales se ha trabajado mucho aunque a usted no se le haya visto» y destacar que Canarias es la única comunidad donde se han hecho pruebas masivas en centros de mayores.