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Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los gobiernos autonómicos, los parlamentos regionales y al Defensor del Pueblo solicitando su apoyo al acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y canario para la modificación legislativa que garantizaría la distribución obligatoria de menores inmigrantes en todo el territorio nacional.
En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, se avala la petición planteada por el Gobierno que preside Fernando Clavijo «sobre la necesidad de arbitrar mecanismos a nivel estatal que permitan un reparto de la responsabilidad en la acogida de menores no acompañados, especialmente porque es imperativo que se garantice una adecuada acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes que en los últimos años han llegado a las islas.
En ese sentido, se recuerda que «a pesar de los intentos que ha habido en el pasado de alcanzar acuerdos con otras comunidades autónomas para aliviar la situación de acogida en Canarias, estos apenas se han materializado, y en la actualidad, la Comunidad Autónoma de Canarias está tutelando a 5.645 niños y niñas, una cifra que se espera que no deje de aumentar en lo que queda de año. Asimismo, la sobreocupación de sus recursos está teniendo un impacto en la adecuada acogida de los y las menores«.
«Es imprescindible», agrega AI, «una actuación conjunta, basada en la corresponsabilidad, cooperación y solidaridad interterritorial por parte de las Comunidades Autónomas y administraciones competentes. Es por ello por lo que, desde Amnistía Internacional, les instamos a que apoyen la propuesta para la acogida vinculante y obligatoria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados llegados a las Islas Canarias en base a la corresponsabilidad interterritorial para su traslado a otras comunidades autónomas, que permita aliviar el sistema de acogida de Canarias actualmente saturado y garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciben una atención adecuada«.
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Amnistía Internacional también apela «a la responsabilidad de las autoridades públicas para evitar y censurar discursos racistas y xenófobos, ya que pueden incitar a la violencia hacia colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Amnistía Internacional recuerda que tachar de «invasión», o vincular la llegada de personas migrantes y refugiadas con el terrorismo, las enfermedades, o la inseguridad nacional incrementa su estigmatización y deshumanización. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo de personas vulnerable, lo que se suele conocer como 'apología del odio' «.
La carta recuerda que el mecanismo de reparto propuesto se pondría en marcha cuando la capacidad de acogida en relación con el número de plazas se supere en un 150%, designándose la Comunidad Autónoma de destino a partir de una serie de criterios objetivos y estableciéndose un plazo de 15 días para el traslado. El mecanismo también prevé la intervención del Ministerio Fiscal y la necesidad de escucha del o la menor.
El próximo día 10 se reunirán las comunidades autónomas con el Gobierno central para abordar esa propuesta de reparto obligatorio. El encuentro estaba fijado para el 18 pero se ha adelantado ante la crítica situación que vive la acogida en las islas.
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