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Tras meses de trabajo, el ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que «ya hay un principio de acuerdo» en el texto para la modificación de la Ley de Extranjería. Se trata, en concreto, de un cambio en el artículo 35 de la norma, que hará que el reparto entre comunidades autónomas de los menores migrantes sea obligatorio.
El ministro ha asegurado este martes que ahora lo que se necesita es «lograr los apoyos parlamentarios» para que, finalmente, esta «iniciativa legislativa tenga posibilidades de ser aprobada». Se trata de una cuestión, dijo, que «está llevando muy por encima los límites de capacidad de Canarias, Ceuta y Melilla».
En este sentido, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, celebró que ya se haya alcanzado ese principio de acuerdo: «Estamos un poco más contentas porque por fin vemos la luz al final del túnel, la situación que tenemos ahora mismo en Canarias es alarmante».
Así, recalcó que en este mes de junio han llegado a las islas «en torno a 250 menores» y que las previsiones a futuro «son todavía mayores». De hecho, se espera que durante 2024 la cifra de menores pueda llegar a los 15.000, según la previsiones realizadas por el Estado. En la actualidad, Canarias tiene bajo su tutela a 5.661 jóvenes, a los que atiende en 80 centros de acogida.
La consejera apuntó que desde el Gobierno regional, una vez se tenga el «documento definitivo», se revisará con todos los partidos del Parlamento de Canarias que firmaron el Pacto canario por la inmigración (incluido Vox, que no firmó). Recordó la intención de los portavoces del Parlamento de trasladarse hasta Madrid para hablar con los portavoces del Senado y el Congreso para «lograr ese apoyo al cambio normativo».
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Desde el archipiélago reclaman que se tomen medidas cuanto antes. «Tenemos que estar preparados», apuntó Delgado antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada ayer en Madrid.
Y es que tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, trasladó que el archipiélago «no aguanta más y no tiene capacidad» para dar una acogida y respuesta adecuada a los miles de migrantes que llegan a las costas.
En una reunión entre el Estado y Canarias celebrada en abril, se acordó que el reparto de los jóvenes se hará cuando se exceda el 150% de la capacidad de acogida, que en este caso en las islas sería de 3.000. Una vez se supere este cupo, los jóvenes tendrán que ser derivados a otros territorios de España en un plazo máximo de 15 días.
De momento, aún no se ha determinado cómo se hará esta modificación: si a través de decreto ley, como defiende el Gobierno de Canarias, o mediante proposición de ley, postura que ha tomado el Estado.
Ante la situación «al límite» que viven las islas y la escasez de recursos para atender y acoger a los menores migrantes, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, informó este lunes de que el Ejecutivo estudia utilizar infraestructuras educativas en desuso para acoger a estos jóvenes.
Sin embargo, el consejero de Educación, Poli Suárez, remarcó este martes en declaraciones a los medios en el Parlamento de Canarias que su Consejería no tiene ahora mismo centros a su disposición para ceder a Bienestar Social. De esta forma, apuntó que los colegios que podrían rehabilitarse para este fin dependen de los ayuntamientos.
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