Conrado Domínguez, cuando fue a declarar ante el magistrado instructor de la causa. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES

No hay actas de las reuniones del Comité de Emergencia Sanitaria presidido por Torres

El Ejecutivo traslada al juez instructor el listado de sus miembros, encabezado por Ángel Víctor Torres, a petición del fiscal Anticorrupción

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria -tras dos peticiones oficiales- el listado de las personas que componían el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, como así interesó en su momento el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en el marco del conocido caso Mascarillas. En este documento, se detalla que nunca se realizaron actas de las reuniones que llevaron a cabo.

El documento, firmado por Manuel Alcalde Díaz-Llanos, en calidad de jefe del servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, se detallan las identidades de las 16 personas que integraban este órgano, que estaba encabezado por el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres. En el mismo también figuraba Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS) e investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la tramitación y adjudicación de un contrato de un millón de mascarillas, por cuatro millones de euros pagados por anticipado a la empresa RR7 United SL, mercancía que nunca llegó a los hospitales de las islas.

Esta información forma parte de las diligencias que pidió el fiscal Javier Ródenas que se practicaran en la querella que interpuso contra el referido Conrado Domínguez, la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez y el empresario dueño de RR7 United SL, Rayco Rubén González.

EN CONTEXTO

  • Declaraciones Por el momento, han pasado por el juzgado de instrucción para prestar declaración los tres investigados, de los que dos respondieron a las preguntas -Domínguez y Pérez- y uno se acogió a su derecho a no declarar -González-.

  • Testigos También comparecieron varias funcionarias como testigos/peritos y el comisionista Samuel Machín, este último en calidad de testigo.

El objeto de la misma es determinar las personas que formaban parte del comité, el grado de participación y responsabilidad de las mismas y lo que se trataba y decidía en las reuniones que llevaban a cabo. Pero en esta ocasión, el documento de fecha 12 de septiembre remitido por el Ejecutivo solo da cuenta de las personas que integraban el órgano consultivo, pero detalla que no había actas que recogieran «el contenido de las sesiones celebradas», explica.

Los componentes eran, además del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, su vicepresidente Román Rodríguez, la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el de Sanidad, Blas Trujillo, los viceconsejeros de Presidencia, Antonio Olivera, y de Comunicación, Ricardo Pérez, los exdirectores del SCS, Blanca Méndez y Alberto Pazos, los catedráticos Antonio Sierra López, Beatriz González López-Valcárcel y José Ángel García Hernández, el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.

Todos ellos estaban coordinados por Conrado Domínguez, que en aquel entonces era el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas hasta su llegada por segunda ocasión al SCS.

La instrucción de este caso Mascarillas sigue su curso y se espera que el instructor y las partes soliciten la declaración de más personas en este procedimiento en las próximas fechas.