Economía Azul 2023, Canarias

En relación con la Economía Azul en Canarias, la revisión constata que el efecto ralentizador de los marcos políticos cambiantes en la Comunidad Autónoma y el Estado han repercutido directamente, induciendo una estabilidad/estancamiento generalizado. Desde la visión optimista, se constata que en ambas Administraciones se mantienen referencias positivas sobre la valoración del rol de la Economía Azul en los sistemas económicos regional y estatal.

La valoración cuantitativa objetiva de su evolución sigue siendo una dificultad en sí misma, desde la UE se aborda con estudios y análisis de caracterización parcial, lo que se viene constatando al comparar los valores derivados de la aplicación concreta de distintas metodologías. Un ejemplo propio de esta dificultad se evidencia al tratar de referenciar la aportación reciente del análisis de la Economía Azul en Canarias realizada por el ISTAC con otras evaluaciones distintas anteriores.

Es cierto que cuando se abordan sectores bien determinados, el análisis toma dimensiones específicas concretas que muestran las tendencias y perspectivas reales en cada caso.

En el campo de las EERR marinas (particularmente en relación a la eólica flotante), se produce la mayor frustración concreta por la propia dimensión previsible de la actividad y las expectativas creadas con la publicación de los POEM en febrero de este año, que abrió la posibilidad-oportunidad (de acuerdo con lo previsto en la Hoja de Ruta), de adelantar el proceso en Canarias y particularmente en Gran Canaria, que es sin duda el emplazamiento nacional que reúne con diferencia las mejores condiciones objetivas para iniciar su despliegue: recurso eólico disponible; necesidad; margen económico; planificación; medio ambiente; entorno de sectores económicos conexos; almacenamiento de Chira y estrategia insular concreta bien definida.

Termina el año sin que se haya producido ningún avance constatable a pesar del anuncio hace unas semanas de Dña. Sara Aagesen (secretaria de Estado de Energía) en Las Palmas, durante el Congreso de la Asociación Empresarial Eólica AEE de que se produciría.

Pese a lo que significa el retraso, hay indicios que parecen señalar que desde el ministerio se mantiene la voluntad y el trabajo para avanzar. En este sentido se debe entender la introducción en el Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre que introduce en su Artículo 48 una modificación de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico en el que se añade: Que al precio de retribución de la energía como criterio de valoración único hasta ahora, se puede añadir otros criterios de adjudicación no económicos, hasta un máximo del 30% de la ponderación, que es confirmación del trabajo que se viene haciendo y que fue anunciado por el ministerio en las Jornadas del congreso referido. Este es un paso que debe facilitar el desarrollo de la regulación pendiente para la apertura del proceso de concurrencia competitiva de adjudicación que debe iniciar el proceso.

Adicionalmente, los criterios que se señalan como posibles podrán ser entre otros: la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad medioambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto y otros aspectos que mejoren la integración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico. Estos criterios y la posibilidad de introducción de otros (siempre que se garantice su adecuación a los objetivos perseguidos), deben facilitar una mayor aproximación de cada proyecto al entorno en el que se desarrollen y debería ser una contribución a la mejora de la aceptabilidad social de los proyectos de energías renovables en general y en particular los marinos.

Lo positivo que este texto aporta se relativiza con el hecho de que no se haya aprovechado para introducir alguna vía o referencia que permitiera abordar la necesidad de indexar los precios de las subastas y así evitar la ralentización del desarrollo de la eólica, como consecuencia de las incertidumbres de los escenarios internacionales previsibles (situación evidenciada hace muy pocos días con la participación intensa y activa de la Administración española en el contexto de la firma de la Carta Eólica Europea).

Llegado a esta situación y como expectativa-deseo para 2024: Todo lo que no sea convocar un proceso de concurrencia para la adjudicación de instalaciones de producción de energía eólica flotante en el área POEM de Gran Canaria, será una gran frustración con consecuencias muy negativas para el sector industrial y económico asociado en Gran Canaria, Canarias y el conjunto del sector nacional.

Por magnitud, los sectores ligados a los puertos, entendiendo en este contexto las actividades portuarias propias: transporte marítimo, reparaciones navales, cruceros y turismo náutico, una vez recuperados durante los últimos tres años de las consecuencias de la pandemia, se encuentran también en la necesidad de establecer planes estratégicos con visión temática y temporal amplias, bien referenciados a los contextos nacionales e internacionales.

Este año se ha frustrado el intento del Puerto de Las Palmas para impulsar un espacio específico cualificado que permitiera tomar parte de forma activa en el mercado mundial de las industrias offshore. El aprendizaje de lo sucedido debe ser base sólida sobre la que poder avanzar y no perder la enorme oportunidad abierta en el contexto internacional.

Los puertos estatales están formalmente llamados a desarrollar sus estrategias especificas por el proceso nacional abierto y Puertos Canarios lo requiere en su proceso de madurez y singularidad.

La pesca y la acuicultura (a pesar del distinto rango y antigüedad de las normas que las regulan en general y específicamente en Canarias: 2003 y 2007 Leyes de Pesca y 2018 Decreto PROAC), requieren de una revisión en base a la experiencia y las tendencias globales que sirvan para garantizar la mejor conservación del medio ambiente marino en que se desarrollan, poniendo en valor el potencial socioeconómico que tienen (no se puede emplear para hacerlo más de 10 años, como sucedió en el caso del PROAC). Ambos sectores debidamente regulados y promovidos (haciendo uso eficiente de los recursos europeos disponibles), tienen un potencial considerable con aportación local y exportadora.

Lo sucedido desde 2019 en el contexto de la Economía azul, ha mostrado aspectos contradictorios que revelan elementos y criterios de interés regional y de referenciación nacional e internacional de conjunto que deben ser considerados como uno de los vectores de crecimiento y balance de la economía de Canarias. La Estrategia Canaria de la Economía Azul, aprobada en 2021, incluye análisis y planteamientos suficientes sobre los que avanzar, 2023 ha sido un año prácticamente perdido para su puesta en marcha, que sigue viéndose dificultada por la falta de visión y liderazgo político administrativo suficiente, lo que no hace posible ni incentiva la concertación y movilización público-privada que es imprescindible.

El valor posible de la Economía Azul en Canarias (como sector significativo y equilibrante de la economía general), se deriva de la participación en la actividad internacional y hacer posible radicar aquí una parte de ella. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que cada día es más evidente el carácter global y por tanto se ha de hacer en competencia con otras regiones y territorios nacionales e internacionales.

Por más que en 2023 haya habido razones objetivas para ser prácticamente un año perdido en el avance hacia este objetivo, en el espacio económico internacional son los competidores eficientes los que responden adecuadamente a las oportunidades según se van generando. Habría que esforzarse para conseguir que 2024 no sea tiempo adicional de retraso y en la medida de lo posible sirva para acelerar y mejorar la posición de Canarias en el contexto global de la Economía Azul.